Derecho al agua en la Argentina: organizaciones entregaron un informe preliminar a la ONU

Cuatro organizaciones ambientales y campesinas elevaron a la Relatoría de DDHH y Ambiente de la ONU un informe sobre el derecho al agua en la Argentina. Advierten que falta decisión política y un plan de acción concreto para garantizar el acceso.

diciembre 23, 2020. Publicada en www.agenciatierraviva.com.ar

“Demasiado sucia, demasiado poca, simplemente demasiado” es el título del informe preliminar de las organizaciones de la sociedad civil de la Argentina para el informe 2021 de la Relatoría Especial de Derechos Humanos y Ambiente, que estará centrado en los problemas de acceso al agua: contaminación, escasez e inundaciones. En el documento elevado al relator David Boyd, el reporte sobre el derecho al agua en la Argentina advierte que el 13 por ciento de la población del país no tiene acceso en sus hogares y esa cifra se eleva al 41 por ciento en la región chaqueña.  Para garantizar el acceso proponen cumplir con los mecanismos de consulta y establecer un plan concreto que incluya desde programas específicos hasta políticas públicas de acceso a la tierra.

El informe fue elaborado por ENI Argentina, la Plataforma Semiáridos, el Programa Defensoras Ambientales, SEDCERO y la Unión de Trabajadores por la Tierra (UTT), que centraron su relevamiento en las zonas rurales y, específicamente, en el impacto de la vulneración de derecho humano del acceso al agua en las mujeres campesinas e indígenas. 

El análisis se plantea a través de nueve ejes: problemática, cambio climático y agua, obligaciones específicas de los Estados, derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; buenas prácticas, problemas específicos, protección adicional a las poblaciones particularmente vulnerables, seguridad de defensores y cooperación internacional. Y concluye que en la Argentina “más que recursos para resolver el problema del agua falta decisión política y un plan de acción concreto que atienda estas urgencias de miles de pobladores”.

En cifras, el problema de acceso al agua alcanza a 5.3 millones de personas en la Argentina, que no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de 1 millón no lo tiene en el perímetro de su terreno, según el Censo Nacional 2010, lo que significa un 13 por ciento de la población del país. El informe destaca allí que el problema se agrava en la región del Gran Chaco  (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta), donde las cifras alcanzan a un 41% de hogares sin agua.

“Como generalmente sucede con las injusticias socio-ambientales, los impactos de sequías, contaminación e inundaciones afectan a las mujeres campesinas, indígenas y de sectores urbanos marginalizados en mayor medida. Esto sucede debido a su rol central en la obtención, manejo y distribución del agua segura”, profundizan y agrega: “Dentro de las comunidades rurales y urbanas, son las mujeres las encargadas de las tareas de cuidado y trabajo doméstico, incrementados en 2020 a causa del COVID-19”. 

La atención de la relatoría de la ONU en el problema del acceso al agua ocurre cuando el mercado también comenzó a poner los ojos sobre el recurso, que comenzó a operar en el mercado de cambios de Wall Street. El fin de semana pasado, el Encuentro de los Pueblos y Organizaciones del Abya Yala condenó la mercantilización del agua y reafirmó que “el acceso al agua es un derecho de los pueblos, es un derecho que tiene nuestra Madre Tierra para producir los alimentos que nos garantizan una Alimentación Digna y con Identidad”.    

Acceso al agua, cambio climático y modelo productivo

El informe indica que en las comunidades rurales aisladas, la falta de acceso al agua “implica grandes riesgos a la seguridad alimentaria de las familias debido a que las poblaciones dependen en su mayor medida de la producción familiar, cultivos, cría de animales” y detallan que para acceder al recurso “las y los pobladores pagan hasta ocho veces más que en las zonas urbanas y, cuando no disponen de los recursos económicos, las familias deben caminar hasta 6 horas diarias para conseguir el agua para consumo de fuentes no seguras”. La dificultad del acceso a fuentes seguras se incrementa en la región semiárida del Chaco, donde se registra alta contaminación con arsénico, sal y diferentes minerales. 

Al problema del acceso se agrega el impacto del modelo productivo debido a los cambios de uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola y el incremento de las precipitaciones y sequías por efecto del cambio climático. “El desmonte avanza sobre las comunidades indígenas, como en los casos de las comunidades Wichi en Salta, o de las tierras campesinas en Santiago del Estero”, advierte el informe. 

Y agrega que en esas tierras la aplicación del “paquete tecnológico” para la producción con transgénicos lleva a la “impermeabilización de los suelos, que sumada a las modificaciones en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones generadas por el cambio climático, son las principales causas de las graves inundaciones y prolongadas sequías que afectan tierras y cultivos” de las comunidades, expulsándolas de sus territorios.  

En otras regiones, como la Patagonia, el informe indica otro tipo de impacto ambiental: “El cambio climático acentúa los períodos de sequía, o la intensidad de las precipitaciones (lluvias o nevadas intensas) para lo cual las y los pequeños agricultores familiares no están preparados” y recuerda que, en el último invierno, las intensas nevadas en la zona de cordillera de Río Negro y Chubut, ocasionaron la pérdida completa de rebaños. 

La ausencia del Estado para proteger el derecho al agua

Al impacto del cambio climático, combinado con un modelo productivo que expulsa y modifica los servicios del suelo y los ecosistemas, el informe precisa un problema de carácter estructural en la Argentina que impide llegar a soluciones rápidas, coordinadas y efectivas: “La gestión del agua en un país con un sistema federal supone entender que existen 24 formas diferentes de gestionar este servicio” y resalta: “en la Argentina no hay una ley nacional que regule el servicio”. “Es sin duda un proceso de autonomía en el manejo del agua, de escala familiar o local, la mejor opción para la mayoría de los casos”, denuncia el informe. 

En ese sentido, las organizaciones precisaron ante la Relatoría Especial de Derechos Humanos y Ambiente los problemas específicos que enfrentan las organizaciones al accionar por el derecho al agua: 

● Falta de capacitación y formación.

● Falta de políticas públicas.

● Conflictos por el acceso a la tierra y los territorios que dificulta trabajar la temática

agua y realizar inversiones significativas.

● Clientelismo político y dádivas desde el Estado como respuestas.

● Debilitamiento de las organizaciones locales.

● La sociedad civil no siempre tiene un plan de trabajo concreto y propositivo para

resolver los problemas reales.

● Apoyo del gobierno a las actividades extractivistas como único medio para salir de las

crisis económicas.

Proteger a las comunidades y organizaciones para asegurar el derecho al agua

El informe recomienda que los Estados incorporen una “protección adicional a las poblaciones particularmente vulnerables a la contaminación del agua, la escasez de agua y las inundaciones” a partir de espacios de participación, del cumplimiento de mecanismos de consulta previa, libre e informada –contemplados en las leyes de Ambiente y en el convenio 169 de la OIT– y convocan al Estado Argentino a “avanzar en agendas públicas que aborden y den solución a las principales brechas y barreras de género y avanzar hacia mayores niveles de justicia socioambiental”.

En ese sentido, las organizaciones destacaron la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso nacional, acuerdo impulsado desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y que entró en vigencia tras su aprobación en México. El acuerdo insta a los estados parte a proteger a las organizaciones ambientales y fomentar su participación en la toma de decisiones. 

Como parte de esos procesos participativos, las organizaciones dejan propuestas de “buenas prácticas” para implementar por parte del Estado argentino como el programa “1 Millón de Cisternas”, que permitió a 5 millones de brasileños acceder al agua; el impulso del Programa de Fortalecimiento de Defensoras Ambientales, que ya se lleva adelante hace más de 10 años; y la aprobación de la Ley de Acceso a la Tierra impulsada por la UTT.