Salta flexibiliza exigencias para desmontes

La Secretaría de Ambiente de la provincia del norte, una de las más arrasadas por los desmontes, emitió una resolución que permite cambios de uso del suelo sin audiencia pública y manejo de bosques nativos con ganadería integrada sin Evaluación de Impacto Ambiental y Social. “Va a ser un crimen”, dicen los pequeños productores.

El gobierno de la provincia de Salta, a través de su Secretaría de Ambiente, emitió la resolución 333/2020, que flexibiliza de manera sorprendente las exigencias para el manejo sustentable de la tierra y quita instancias de participación y control. La resolución generó preocupación en los pequeños productores que cuidan el monte de Salta, una provincia que registra una de las tasas de deforestación más altas del mundo en los últimos años.

Por un lado, el texto exime a los planes cambio de uso del suelo que se consideran “de baja intensidad” de atravesar la instancia de la audiencia pública. “Respecto de los Planes, que por su baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social, la Autoridad de Aplicación podrá eximir al proponente de la celebración de la correspondiente audiencia pública”, indica el artículo 1.

“Siempre se piensa en el comercio. Yo también soy productora ganadera, pequeña productora ganadera, y no por eso dejo de pensar en el medio ambiente”, criticó Lucía Ruiz, de la organización Unión y Progreso de Morillo (Salta), miembro de ENI Argentina.

En el caso de los planes de manejo de bosque nativo con ganadería integrada en zonas inferiores a 1500 hectáreas inclusive se elimina el requerimiento de un Estudio de Impacto Ambiental y Social y solo se exigirá “una Declaración Jurada de Aptitud Ambiental”.

Ruiz, miembro de la organización Mujeres Defensoras de Morillo, aseguró: “Nosotros que utilizamos 200, 250 o hasta 300 hectáreas, estamos tratando de reforestar el monte y no degradarlo más de lo que está. Eso va a ser un crimen”.

“Nosotros que utilizamos 200, 250 o hasta 300 hectáreas, estamos tratando de reforestar el monte y no degradarlo más de lo que está. Eso va a ser un crimen”.

Lucía Ruiz – referenta de las mujeres campesinas de Salta
Esto es un retroceso en lo dispuesto en la ley vigente hasta ahora –la Ley 7070, que incluía las dos exigencias que se eliminan ahora- y va en el sentido contrario al Acuerdo de Escazú, al cual el Congreso argentino adhirió hace solo algunas semanas, con aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado.

“Si antes, estando la ley vigente hacían lo que querían, con esta flexibilización imagínense cuántas miles de hectáreas se van a desmontar. Esté la ley o no esté, los productores grandes no la respetan”, advirtió Ruiz.

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