Cambio Climático, industrias extractivas y Mujeres*

📌El cambio climático está impactando de manera agresiva en los territorios rurales, alterando las temperaturas, precipitaciones, e intensificando eventos climáticos extremos. Si a esto le sumamos otros hechos como la deforestación, la contaminación de las cuencas y los ríos y el aumento de la actividad extractiva, obtenemos un contexto altamente riesgoso, donde mujeres y niñes son lxs más vulnerables.

📌En América Latina las industrias extractivas, como las empresas mineras y la explotación de hidrocarburos, se han convertido en una de las principales amenazas a las comunidades campesinas e indígenas. Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México, donde han impulsado modificaciones legales importantes, con el objetivo de atraer inversiones de las empresas privadas mediante mayores incentivos técnicos, operativos, en el régimen de propiedad del petróleo, o en materia tributaria.

📌Las problemáticas asociadas para las comunidades, se relacionan con los “pasivos ambientales” y lo que ellas empiezan a definir como “pasivos sociales”. Los primeros, la contaminación de las cuencas, la deforestación, el aumento de inundaciones como sequías prolongadas, y una mayor vulnerabilidad frente a la seguridad alimentaria.

Todo esto, constituye un contexto violento, donde mujeres, niñas y niños, son los más vulnerables ante el modelo extractivista y sus consecuencias en el cambio climático. La muerte es la forma más visible de violencia ejercida sobre las muejres, sin embargo, se presentan muchas otras formas como amenazas, desalojos, persecución y criminalización. Estos son parte de los considerados pasivos o consecuencias sociales.

Como caso emblemático, Bolivia es una de las más cuestionadas en la actualidad debido a las medidas que ha tomado el gobierno a favor de la explotación de hidrocarburos. Si bien desde el 2006, con la presidencia de Evo Morales y a través de la Ley de Hidrocarburos, el gobierno le retiene a las empresas extractivistas casi el 50% de las ganancias, en compensación permitió aumentar los volúmenes de extracción y exportación necesitando para ello la expansión de las zonas explotables. De esta manera, el país pasó de 2,5 millones de hectáreas explotadas para petróleo e hidrocarburos en el 2006 a más de 29 millones de hectáreas hasta el 2017, perjudicando directamente a 11 de las 22 áreas naturales reservadas del país como así también ocupando territorios de indígenas de Amazonía y Oriente como del Altiplano. Desde que las empresas extractivas se instalaron en las reservas, las comunidades son amenazadas de despojo y viven en situación de tensión constante.

Esta tendencia representa un retroceso a nivel mundial sobre la gobernabilidad de los bienes comunes, y la seguridad de las defensoras ambientales.

*Plataforma Colaborativa de Comunicación (PLACC) del Programa Defensoras Ambientales, impulsado por Fundación Plurales y Fondo de Mujeres del Sur. Co-financiado por Unión Europea, UICN-NL y Both Ends.