Acuerdo Histórico sobre Biodiversidad – COP15

Hace unos días terminó la COP15 de Biodiversidad, luego de dos semanas de negociaciones que se realizaron con dos años de retraso debido a la pandemia. Cerca de 200 países adoptaron el Marco global de biodiversidad Kunming-Montreal que establece cuatro objetivos al 2050 y 23 metas para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad antes de que finalice la década, como nos cuenta en detalle la periodista Isabel Alarcón, quien viajó a Canadá para cubrir la conferencia.

Su relevancia es tal, que ha sido calificado por algunos como un equivalente al Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático. Recordemos que los informes de IPBES, así como un sinnúmero de estudios y reportes, han constatado un precipitado declive de la biodiversidad a nivel planetario debido a 5 grandes impulsores: el cambio de uso del suelo y océano, la explotación de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras.

El Marco global de Biodiversidad se convierte, de esa forma, en el sucesor de las Metas de Aichi, e incluye objetivos – algunos sin precedentes – como proteger el 30% de la superficie terrestre y del océano hacia 2030; reducir en U$500.000 millones de dólares los subsidios anuales a la agricultura y otras actividades productivas que devastan la biodiversidad; disminuir a la mitad el desperdicio de alimentos; y reconocer los derechos de pueblos indígenas, incluyendo sus territorios y prácticas ancestrales.

Además, los países de altos ingresos acordaron movilizar al menos 20.000 millones de dólares anuales hacia 2025, y 30.000 millones de dólares al año hacia 2030 para los países en desarrollo. El acuerdo también alude a la relevancia de la igualdad de género para la conservación de la biodiversidad y la necesidad de un acceso equitativo a la tierra, participación y liderazgo.

El resultado de la cumbre fue catalogado como “histórico”, pese a algunas críticas y polémicas, como la oposición de República Democrática del Congo a la aprobación del Marco por desacuerdos sobre el financiamiento.

Como sea, este es un tema crítico para América Latina. Primero, porque alberga a algunos de los países más biodiversos del planeta y extensas áreas silvestres (como la Amazonía y Patagonia). Además, posee una altísima riqueza cultural expresada, por ejemplo, en más de 800 pueblos indígenas. Sin embargo, nuestra región presenta el número más alto de asesinatos de defensoras/es ambientales y economías que estrujan a la naturaleza y comunidades.

En ese sentido, el nuevo Marco global de biodiversidad Kunming-Montreal puede actuar en sinergia con otros instrumentos como el Acuerdo de Escazú, potenciando la protección, restauración y gestión sostenible de la biodiversidad, siempre que exista implementación efectiva.

Por ello el nuevo Marco – que no es jurídicamente vinculante – incluye disposiciones para que los objetivos sean mensurables y se realice un seguimiento de los avances de los países, que deberán ser reportados a través de planes nacionales de biodiversidad. Similar a lo que hacen los Estados con las NDC para el Acuerdo de París.

He ahí el mayúsculo desafío: que el Marco de biodiversidad no se convierta en una mera declaración de buenos deseos, y que no fracase como su predecesor, las Metas Aichi. Para ello es clave una sociedad civil activa, así como una transformación real de nuestra relación con el resto de la naturaleza. Es ahora o nunca.

Nota publicada originalmente en Boletín Click Climático por Paula Díaz, editora para América Latina. (23/12/2022)

Alambran ilegalmente comunidades Weenhayek de Tartagal.

Rumbo a la COP27

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 27 del Acuerdo de París, se celebra en Sharm El-Sheikh, Egipto. Fundación Plurales estará participando con la intención de sumar a los debates la intersección entre la justicia climática y la justicia de género.

El evento será del 6 al 18 de noviembre de 2022 y aumentar la ambición en la mitigación climática será el tema prioritario que se ponen en discusión este año.

Foco en la mitigación

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los líderes que se encontrarán en la COP27 aumentar las medidas de mitigación para no perder el norte de 1,5. Es decir, «mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales».

Entonces, ¿Qué es la mitigación? Es básicamente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para intentar no superar el aumento de temperatura media mundial. El documento final de la COP26 «reconoce que los impactos del cambio climático serán mucho menores con un aumento de temperatura de 1,5°C en comparación con 2°C, y resuelve proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5°C».

Actualmente, según distintos análisis, aún cumpliendo las metas propuestas por los Estados, el calentamiento global alcanzaría hasta 3,6°C con un escenario de grandes riesgos a nivel mundial, pero principalmente para las comunidades rurales, campesinas e indígenas que viven en y de la tierra, donde las mujeres y niños tienen un rol central y de gran vulnerabilidad.

Si bien este objetivo es sumamente importante y destacamos su legitimidad, la mitigación es uno de los puntos que los Estados vienen discutiendo y trabajando desde hace años, mientras otros como la “financiación” o los “daños y pérdidas” producto de la crisis climática son temas más controversiales y de menor discusión en las conferencias.

El financiamiento

El financiamiento es uno de los temas centrales, principalmente para los países del Sur Global y la sociedad civil que venimos impulsando este tema en la agenda desde hace años. Es casi imposible cumplir con las metas del acuerdo y avanzar en soluciones climáticas justas sin pensar a fondo el tema del financiamiento. Es urgente discutir y consensuar quiénes deben poner fondos para la agenda climática y cómo hacer para que el financiamiento realmente llegue a las comunidades más afectadas del sur global.

La alianza GAGGA (Global Alliance for Green and Gender Action), de la cual somos parte desde el año 2019, ha desarrollado el pronunciamiento “Llamada a la acción para el financiamiento climático con justicia de género”, que reúne el trabajo de todas las organizaciones socias de la alianza con recomendaciones concretas a los formuladores de políticas y funcionarios gubernamentales de los países desarrollados parte de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), para mejorar y garantizar un financiamiento climático con justicia de género. El documento también pone en evidencia datos importantes como que desde el 2017, solo el 10% del financiamiento para soluciones climáticas han llegado a las comunidades locales. Y en el análisis del Fondo Verde para el Clima (GCF), uno de los principales instrumentos de financiación climática mundial, se observa que el 79% de los fondos se ejecutan entre cinco organismos internacionales con escasa llegada a las comunidades y casi nula representación de organizaciones de mujeres en el acceso a estos recursos.

Por su parte, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), red en la cual participamos, ha desarrollado el pronunciamiento “Alcanzar acuerdos para que el financiamiento sea equitativo, suficiente, sostenible y asegure una transición justa”, con base en los resultados alcanzados y no en la COP26 y que deben ser retomados y/o incorporados en la COP27.

Algunos de los puntos centrales del pronunciamiento son:
-Fomentar el financiamiento para la transición justa, con enfoque de justicia climática y género. Cumplimiento de la meta de los 100 mil millones de dólares para la agenda climática. Aumento del financiamiento para la adaptación tal como se acordó en la COP26.

-Financiamiento para pérdidas y daños: este es un tema central, la COP 27 debe ser un hito para el financiamiento en materia de pérdidas y daños, logrando el acuerdo de mecanismos para la transferencia de recursos a los países que más lo requieren.

-Mejoras en el acceso al financiamiento climático: en la COP 27 se deben establecer mandatos para que los mecanismos financieros multilaterales hagan más eficiente, fácil y rápido el acceso a recursos por parte de actores locales, creando ventanas de emergencia ante crisis, como la de la pandemia del COVID19. Mecanismos de financiamiento, como el Fondo Verde del Clima, deben innovar en sus esquemas de acceso, particularmente para las poblaciones más vulnerables.

Fundación Plurales en la COP27

Desde Plurales, en el marco de diversas alianzas como GAGGA, Programa Defensoras Ambientales, EFAC (Escuela feminista para la Acción Climática), Coalición Nacional por la Tierra Argentina (CNT – ILC) y Plataforma Semiáridos de América Latina, estaremos participando activamente en esta nueva cumbre climática, dando continuidad a los proceso que iniciamos en Madrid COP25, Glasgow26.

Desde 2021, formamos parte del WGC (grupo constitutivo de mujeres), uno de los nueve grupos de partes interesadas de la CMNUCC. El mismo se estableció en el 2009, y hasta ahora cuenta con 33 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil ambiental, que están trabajando para garantizar que las voces de las mujeres y sus derechos estén integrados en todos los procesos y resultados en el marco de la CMNUCC.

Como parte del WGC, estaremos participando de diferentes capacitaciones, eventos y reuniones de trabajo que tienen por objetivo formalizar la voz de las organizaciones de la sociedad civil de mujeres y género presentes y regularmente activas en los procesos de la CMNUCC, y desarrollar, racionalizar y defender posiciones comunes.

Además, durante la COP27 seremos parte de tres “side event” o eventos paralelos. ¡Agendá!

Lunes 14/11: JUSTICIA DE GÉNERO Y CLIMA: SOLUCIONES TRANSFORMADORAS DESDE AMÉRICA LATINA
16:15 (Hora del Cairo) – Pabellón Colombiano. Evento presencial.

Participan Verónica Luna de Fundación Plurales (Argentina, Bolivia, Paraguay); Enda Colombia (Colombia); Todos Juntos (Guatemala); Women Engage for a Common Future (Alemania)
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Miércoles 16/11: RESISTENCIAS A LOS DESPOJOS TERRITORIALES PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
16:55 – 17:55 (Hora del Cairo) – Pabellón Indígena. Evento presencial con transmisión simultanea.

Participan: Oseas Barbarán, de CONAP; Mayra Macedo de ONAMIAP; Marta Esber de Fundación Plurales; Gonzalo Colque de Fundación Tierra; Jubenal Quispe de CODECA (virtual) y Zulema Burneo, de la Unidad de Coordinación Regional ILC LAC (virtual).
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Miércoles 16/11: BIOMA GRAN CHACO AMERICANO: UNA OPORTUNIDAD FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA
14:00 – 20:00 (Hora del Cairo) – Pabellón Agricultura Sostenible de las Américas. Evento presencial.

Participan: integrantes de Redes Chaco, Fundación Avina (Paz Gonzalez), Fundación Plurales (Nicolás Avellaneda), Fundación Vida Silvestre Argentina (Daniela Gomel) WWF Paraguay (Oscar Rodas) y VAC.

-Miércoles 17/11: TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA SOLUCIONES CLIMÁTICAS JUSTAS EN TÉRMINOS DE GÉNERO

Actividad cerrada para miembros del WECF. Objetivo: socializar habilidades y estrategias de incidencia y promoción política.

Exponen organizaciones ganadoras del premio a las Soluciones climáticas justas en Género del Women Engage for a Common Future (WECF)

Participa Vero Luna, de Fundación Plurales, que haciendo foco en los microdocumentales GUARDIANAS DEL TERRITORIO, compartirá las experiencias en la creación de estrategias de comunicación en Acción Climática y mecanismos de defensa y autoprotección de los derechos de las Defensoras Ambientales.

Encuentro Latinoamericano de Defensoras Ambientales

El 3 y 4 de noviembre se realizará en Buenos Aires este espacio organizado por Fundación Plurales, Colectivo CASA y Tierra Viva. Participarán más de 40 mujeres representantes de 30 organizaciones de Defensoras Ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y El Salvador.

El objetivo de este Encuentro será impulsar alianzas entre las organizaciones de mujeres defensoras ambientales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginalizadas de Latinoamérica para llevar adelante acciones colectivas en defensa de los territorios, compartir estrategias de incidencia, visibilizar y fortalecer las iniciativas que llevan adelante por la justicia de género y justicia climática.

Será en el Hotel IBIS Congreso y está destinado a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas de Latinoamérica que llevan adelante acciones en defensa de la tierra, el territorio, enfrentar las consecuencias del cambio climático, acceso a la seguridad alimentaria y resistencia a industrias extractivas.

¿Por qué encontrarnos?

Actualmente, a las desigualdades estructurales que sufren las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano empobrecidas, se sumaron y profundizaron, la crisis económica global, la crisis sanitaria y las medidas de ajuste tomadas por los Estados, el poder concentrado en el capital financiero y el avance del extractivismo, todo esto sostén del actual sistema capitalista.

Las industrias extractivas, minería, petróleo, agronegocios, entre otras, están afectando seriamente los bienes naturales y trayendo graves consecuencias en las mujeres, niñas y jóvenes que ven afectada su salud, seguridad alimentaria, actividades productivas y permanencia en los territorios al ir limitando cada vez más el acceso, uso y control de sus tierras, territorios y bienes naturales.

Las inundaciones, sequías y frecuencia de otros desastres naturales, particularmente con lluvias impredecibles e inciertas, están haciendo que el cambio climático sea hoy más que nunca una realidad, afectando seriamente la vida de las comunidades, principalmente la de las mujeres que históricamente han asumido las tareas del cuidado y reproducción de la vida.

A lo expuesto, se suma el desequilibrio en las relaciones de poder en las cuales las comunidades, y en particular las mujeres, realizan acciones que implican la defensa de sus tierras, territorios y bienes comunes, poniendo en riesgo hasta su propia vida, además de sostenerla cotidianamente. Las violencias físicas, psicológicas, políticas, patrimoniales, sexuales y ambientales se han multiplicado por un patriarcado con múltiples caras: religioso, institucional, estatal, extractivo e incluso humanitario.

Todo esto también llevó al debilitamiento de las redes entre estos grupos, movimientos y organizaciones y en algunos casos a rupturas. Aún en este adverso escenario, las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginalizadas sostienen la voluntad de impulsar articulaciones para desarrollar acciones conjuntas de incidencia, visibilización y comunicación de problemáticas y sus iniciativas para enfrentarlas. Con una experiencia amplia en la defensa del territorio y el medio ambiente, en contextos post pandémicos, las mujeres en los territorios están construyendo horizontes de justicia climática desde la cosmovisión de sus pueblos y en sintonía con los modos de vida.

En este marco, el 1° Encuentro Latinoamericano de Mujeres Defensoras Ambientales para la Acción Climática surge de la alianza y acciones conjuntas de tres organizaciones socias de la alianza GAGGA (Global Alliance for Green and Gender Action): Fundación Plurales, Colectivo CASA y Tierra Viva. Se origina para apoyar a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas de Latinoamérica que llevan adelante acciones en defensa de la tierra, el territorio, enfrentar las consecuencias del cambio climático, acceso a la seguridad alimentaria y resistencia a industrias extractivas. Seguimos impulsando agendas climáticas feministas para la defensa de los territorios.

Más Info: www.plurales.org

INTERCAMBIO GLOBAL SOBRE ENFOQUES DE GÉNERO TRANSFORMADORES

“Enfoques de género transformadores para garantizar los derechos de las mujeres sobre la tierra” reunirá en Tanzania a un grupo de mujeres de distintos países – incluyendo a seis mujeres de América Latina y el Caribe – para realizar un intercambio de aprendizajes los próximos 3, 4 y 5 de octubre.

La brecha de género en el acceso y control de la tierra y recursos naturales sigue siendo una gran amenaza para alcanzar las aspiraciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que entre el 70% y 90% de los propietarios de tierras en muchos países del mundo sean hombres es solo uno de incontables ejemplos de esta desigualdad.

Las numerosas políticas que los países en la región han puesto en marcha para mejorar la gobernanza de la tierra apenas han conseguido abordar la desigualdad social y de género. Es fundamental cerrar la brecha entre estas políticas y la práctica real sobre el terreno, para así lograr un impacto significativo en la vida de mujeres y niñas, especialmente en el caso de las mujeres rurales, pastoras e indígenas.

“Los Enfoques de Género Transformadores (EGT) son un nuevo marco teórico – surgido en los últimos diez años – que refiere a la eliminación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en el ámbito doméstico y en el público. Para garantizar los derechos de las mujeres a la tierra, hay que asegurar que las mujeres puedan decidir sobre cómo se va a utilizar la tierra, cómo se va a negociar y cómo se va a utilizar lo producido” explica Esther Mwaura-Muiru, asesora estratégica de la ILC para los derechos globales de las mujeres a la tierra.

La ILC está actualmente comprometida con iniciativas en el marco de la campaña Stand For Her Land y en el marco del FIDA conjuntamente con el CIFOR y el IFPRI para acelerar la garantía de los derechos de las mujeres a la tierra utilizando los EGT.

Como parte de estas articulaciones, surge este encuentro, que se propone explorar y extraer aprendizajes sobre lo que está funcionando a la hora de asegurar los derechos de las mujeres a la tierra, y que tiene por objetivo la creación conjunta de un marco sobre los EGT para el trabajo que impulsan las distintas Coaliciones Nacionales por la Tierra.

El intercambio será acogido por la Coalición Nacional para el Acceso a la Tierra (CNT) de Tanzania, y cuenta con el apoyo de Tanzania Land Alliance (TALA). Además, el evento será dirigido por mujeres pastoras de la Comunidad Maasai que viven bajo la jurisdicción de tierras comunales.

Durante las jornadas se explorarán tres cuestiones principales: a) Los EGT y su marco teórico, b) ejemplos de EGT dirigidos por mujeres locales que trabajan para garantizar sus derechos a la tierra y c) el estudio de caso de HakiMadini ¹ , con valiosos aprendizajes posibles de ser adoptados y replicados.

La propuesta contempla talleres, instancias de trabajo en grupo, y dos visitas de campo con miembros de la CNT Tanzania: una de la mano de Ujamaa Community Resource Team– UCRT (Equipo de Recursos Comunitarios de Ujamaa) y otra junto con Pastoral Women’s Council – PWC (Consejo Pastoral de Mujeres).ILC LAC

MIRADAS Y EXPERIENCIAS DESDE LAS CNT DE AMÉRICA LATINA

Una delegación de seis mujeres representantes de Coaliciones Nacionales por la Tierra en América Latina y el Caribe compartirá sus experiencias trabajando por los derechos a la tierra para las mujeres indígenas y campesinas:

  • CNT Guatemala: Imelda Teyul Poou (Comité Campesino del Altiplano) compartirá sobre el trabajo realizado que permitió que 81 mujeres indígenas campesinas obtuvieron la certeza jurídica de la tierra.
  • CNT Colombia: Julieth Ospino (Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar y de la campaña Stand For Her Land), compartirá los procesos de resistencia y defensa del territorio frente a los intentos de sabotaje y despojo que enfrentan en sus comunidades.
  • CNT Perú: Elida Ramirez (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú), compartirá el trabajo para la modificación de normas internas de las Comunidades Campesinas, que buscó incorporar la cuota de género en los Consejos Directivos de estas, y para lograr que las mujeres tengan voz en las asambleas comunales para la gobernanza territorial.
  • CNT Ecuador: Ana Lucia Namicela (Luna Creciente) compartirá sobre el proceso de fortalecimiento de capacidades de mujeres y la implementación de huertos familiares mediante el uso de prácticas agroecológicas.
  • CNT Nicaragua: Lisseth de los Ángeles Escalante (Cooperativa de Mujeres en Acción) compartirá sobre la recaudación de fondos que impulsaron para la compra de tierras para las mujeres de la cooperativa que integra, parte de la Coordinadora de Mujeres Rurales.
  • CNT Argentina: María Isabel Tolaba (del Grupo de Defensoras Ambeintales Mujeres Sembrando Esperanza) compartirá cómo la coordinadora zonal que conformaron junto con otras organizaciones impulsó la ley provincial n.º 7658 de regularización dominial.

Cada una ha sido parte de una experiencia exitosa que ha permitido a las mujeres lograr el reconocimiento a sus derechos sobre la tierra y a la gestión de recursos. Al retornar, podrán transmitir lo aprendido al interior de sus organizaciones y de las Coaliciones Nacionales por la Tierra de las que hacen parte.

El intercambio permitirá ampliar sus miradas, fortalecerá sus voces y les brindará nuevas herramientas para seguir trabajando por la justicia de género en sus territorios.


1.HakiMadini es una ONG de Tanzania que trabaja a nivel nacional para promover los derechos de las y los tanzanos marginados, a través de proyectos de investigación, educación y desarrollo.

Nota originalmente publicada por ILC

Los territorios no se venden, se defienden – MO.CA.SE.

LA COMUNIDAD DE POZO PANCHO NUCLEADA EN LA UPPSAN – MOCASE SE PREPARA PARA LA RESISTENCIA PACÍFICA.

Ayer se vencieron los 10 días que otorgó el juez para iniciar el desalojo de las familias de Pozo Pancho, en el departamento Alberdi. Las familias se preparan con el acompañamiento de las distintas comunidades para la RESISTENCIA PACÍFICA.

Desde este sábado 24 de septiembre, las comunidades junto a sus referentes de la Organización UPPSAN (Unión de Pequeños Productores del Salado Norte) se congregaron en la casa del compañero Remberto Villalba para dar inicio a un PLAN DE LUCHA por un posible lanzamiento de desalojo que intentaría realizar la empresa PASTOS DEL NORTE S.A oriunda de la provincia del Chaco a través del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero.

Las familias del Movimiento Campesino manifiestan que no habrá negociación y se preparan para La RESISTENCIA PACÍFICA. En el encuentro participaron junto a los diferentes delegados de las comunidades nuestro líder Guido Corvalan, los compañeros de APPA (Asociación de Pequeños Productores de Alberdi, también acompañó el P. Carlos de la parroquia de Santos Lugares, y la SAFCI (Secretaria de Agricultura Familiar Campesina Indigena).

A partir de hoy, se inicia el estado de alerta, con asamblea permanente en el lugar. Es fundamental, el acompañamiento de las comunidades aledañas de los distintos territorios de la provincia, para el acompañamiento solidario, en esta lucha TAN DESIGUAL. Desde este convencimiento, interpelamos a la sociedad, a los tres poderes del Estado a velar por la vida, los recursos naturales y por las familias poseedoras ancestrales, a que se resguarden sus derechos y se garantice la paz social. NOSOTROS VAMOS A CUIDAR LA VIDA Y LOS BIENES NATURALES. 

Ese es nuestro norte y hacia allí vamos. Por la Tierra el Agua y el Monte…Mocase.

Tel de contacto Guido Corvalan 3854891250. Gabriela Villalba 3846496711

Publicado en FB de MOCASE: @MOCASE.Santiago 

Publicado originalmente en ENI Argentina

Campaña del mes: ayudá a construir cisternas para garantizar el acceso a agua a las comunidades indígenas de Tartagal

Fundación Plurales acompaña a un grupo de mujeres indígenas de Salta en la construcción de cisternas comunitarias. Con tu ayuda (donando dinero o materiales y visibilizando sus luchas) podés ampliar el impacto.

Por Florencia Tuchin Publicado en REDACCION 01/06/2022

CAMPAÑA DEL MES

¿Querés saber cómo podés participar de esta campaña del mes?

  1. Doná para la construcción de cisternas.
  2. Aporta materiales de construcción.
  3. Mirá el microdocumental que cuenta los desafíos de la comunidad y difundilo.
  4. Contanos a cuál de las propuestas te sumaste y cómo fue tu experiencia.

“En mi comunidad escasea el agua potable durante todo el año”. Con esa frase Felisa Mendoza, mujer de 73 años de la etnia guaraní, describe las dificultades que enfrenta la comunidad 9 de julio, ubicada en Tartagal, departamento de San Martín, Salta.

El caso de Felisa no es uno aislado en la zona.  En Salta, el 23,6% de hogares no tienen agua. Este dato se agrava al discriminar las zonas rurales de las urbanas.

En Tartagal conviven 76 comunidades, que corresponden a siete etnias: toba, wichi, chorote, chulupi, guaraní, kolla y tapietes. Esta zona es tierra de disputas y conflictos, donde los pueblos originarios resisten al avasallamiento sobre los territorios y bienes naturales, la tala indiscriminada del monte, el avance de la frontera agropecuaria y las inequidades en el acceso al agua. Este año, Fundación Plurales comenzó a trabajar en una solución paran dar respuesta a la problemática del agua en la zona. Se busca acompañar a un grupo de mujeres en las construcción comunitaria de cisternas.

Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables del mundo, y la pandemia del COVID-19 los afectó de manera desproporcionada, situándolos en un contexto de particular exclusión y marginalidad. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora cada 9 de agosto y, por eso, este mes es una ocasión oportuna para efectuar acciones que garanticen la protección y promoción de sus derechos.

Doná para la construcción de cisternas

Intervención: Julieta de la Cal.

Nancy López es cacica de una comunidad wichi de la zona, comunicadora, directora de la radio La Voz Indígena e integrante de Aretede, una organización que nuclea a mujeres wichi, guaraní, toba, qom y chorote en la comunicación de las resistencias por el territorio y sus bienes naturales. Dice: “Muchas veces no tenemos agua. Nos vemos obligados a llenar bidones de agrotóxicos para beber”.

De acuerdo con la asesora territorial y presidenta de la Fundación Plurales Verónica Luna, el problema del acceso al agua segura no tiene que ver solo con la falta del recurso, sino también con que muchas veces el agua al que acceden las comunidades está contaminada. “En la zona donde trabajamos, la infraestructura básica no existe”, explica.

Fundación Plurales cuenta con un programa que buscar realizar doce sistemas de recolección de agua de lluvia y reservorio en Tartagal. Estas cisternas, al ser las primeras de la zona, tienen un gran valor no solo para el acceso al agua y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las comunidades, sino también como proceso práctico de aprendizaje en la autoconstrucción para las comunidades indígenas locales.

Construir una de estas cisternas, con una capacidad que ronda los 16.000 litros, tiene un costo de mil dólares. Las mismas serán auto-construidas por Aretede, con apoyo de la Secretaría de Agricultura Familiar y las familias de la comunidad. Se trabajará con un fuerte énfasis en el empoderamiento de las comunidades indígenas locales y principalmente de las mujeres en la comunidad, respetando y partiendo de sus prácticas y usos culturales.

Como las cisternas son comunitarias, el programa, apoyado por Fundación Plurales y Oxfam Argentina, beneficiará a más 800 familias. Con la construcción de las cisternas se pretende, además, fortalecer el entramado sociocomunitario de las poblaciones y generar nuevas herramientas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades indígenas en la zona. 

HACÉ TU DONACIÓN PARA CONSTRUIR CISTERNAS

Aportá materiales de construcción

Intervención: Julieta de la Cal.

Cada sistema de captación de agua está compuesto de una cisterna o reservorio de agua que se complementará con un módulo de adaptación de techo que implica instalación de canaletas, sistemas de bajada y bombas manuales para la extracción de agua y un techo como superficie de captación del agua de lluvia, que se adosa a las viviendas.

Los principales materiales que se utilizan para las cisternas son: arena, ripio, cemento y hierro 8. “Contar con este tipo de materiales es muy importante para el proyecto. A medida que haya más disponibilidad, las mismas mujeres de las comunidades van a poder desarrollar más cisternas”, expresa Nicolás Avellaneda, referente de Fundación Plurales.

CONOCÉ EL LISTADO COMPLETO DE MATERIALES QUE SE NECESITAN

Mirá el microdocumental y difundilo

Intervención: Julieta de la Cal.

En abril de este año se estrenó la serie microdocumental “Mujeres, tierra y territorio – Defensoras ambientales”. El proyecto audiovisual consiste en cuatro capítulos, de entre 5 y 10 minutos, sobre grupos de mujeres defensoras ambientales que luchan día a día ante el avance extractivista en Argentina. “La idea era dejar un producto que visibilizara las luchas de las mujeres”, enfatiza Luna, de Fundación Plurales.

El capítulo cuatro aborda la historia de las mujeres indígenas de comunidades wichi y guaraní de Salta. Ellas le ponen voz al monte para resistir el avance extractivista. Las amenazas de desalojo, los constantes desmontes ilegales y la contaminación por agrotóxicos no hacen quebrar la fuerza de las mujeres por defender el territorio y la permanencia de la memoria indígena.

La iniciativa es coordinada por Fundación Plurales en el marco del Programa Defensoras Ambientales en alianza con el Fondo de Mujeres del Sur y cofinanciada por la Unión Europea en Argentina.

“Hace 20 años que nos venimos organizando entre las mujeres. Empecé a capacitarme y a reunirme porque había muchas necesidades en las comunidades”, dice Felisa Mendoza. Y agrega: “Estamos luchando para proteger el monte, que nos da alimento y es vida para nosotros”.

Abajo te dejamos el link al documental. Podés colaborar si lo difundís en redes sociales. En ese caso, no te olvides de mencionar en la publicación a Fundación Plurales (Instagram Twitter: plurales_org; Facebook: Fundacion.Plurales) y a RED/ACCIÓN.

VER EL DOCUMENTAL

Cosechemos Agua

¿Por qué es importante el proyecto?

“El problema del agua siempre ha estado presente en nuestra comunidad, no hemos conocido más agua que el agua de lluvia, también ha sido una limitante para tener una mejora de ganado y de calidad de vida. Somos del campo y vivimos en el campo y queremos mejorar nuestra calidad de vida y sin el agua es imposible».

Lucía Ruiz, productora rural, integrante de la Mesa provincial de agua de Salta, Argentina y presidenta de la Organización Unión y Progreso.

Actualmente existen 750 millones de personas en el mundo sin acceso adecuado a agua potable. De ellas, el 90 por ciento vive en zonas rurales. En Argentina, 5.3 millones de habitantes todavía no tienen acceso al agua segura dentro de su vivienda y cerca de 1 millón no lo tiene en el perímetro de su terreno, especialmente en varias de las provincias que integran la región del Gran Chaco, como es el caso de Salta. 

En el Chaco Salteño, cerca de la ciudad de Tartagal, viven familias originarias de los pueblos wichi, guaraní, toba qom y chorote. Para poder abastecerse acopian agua de lluvia, o la que lleva el municipio en épocas de sequía en pequeños tanques o bidones que antes contenían agrotóxicos de las fincas de soja que se encuentran bordeando a las comunidades. Las familias que tienen cercanía al río, consumen agua de allí, pero también almacenan en estos bidones contaminados. Por la salud y el bienestar de estas comunidades los invitamos a “Cosechar Agua”.

¿Qué podemos lograr?

Con este proyecto podremos construir comunitariamente tres cisternas de 16 mil litros, para garantizar el acceso al agua en tres comunidades indígenas de Tartagal y con ello, fortalecer su resiliencia climática. Así, tendrán la capacidad de cosechar 96.000 litros de agua al año.

Estas cisternas tienen un gran valor, no solo por el acceso al agua y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las comunidades, sino también como proceso práctico de aprendizaje en la autoconstrucción para las comunidades indígenas locales. Cada sistema se compone de una cisterna o reservorio de agua y se complementa con un módulo de adaptación de techo que implica: instalación de canaletas, sistemas de bajada y bombas manuales para la extracción de agua y un techo como superficie de captación del agua de lluvia, que se adosa a las viviendas.

La construcción de los módulos de agua serán auto-construidos con ARETEDE (organización local) y las familias de la comunidad. Se trabajará con un fuerte énfasis en el empoderamiento de las comunidades indígenas locales y principalmente de las mujeres, respetando y partiendo de sus prácticas y usos culturales. Con la construcción de las cisternas, se pretende reforzar el entramado sociocomunitario de las poblaciones y generar nuevas herramientas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades indígenas en la zona. En el siguiente link conocerán más sobre la construcción de cisternas y sus materiales ▶ Manual de Construcción de Cisternas 

 ¿Cómo apoyarnos?

Gracias a tu apoyo, 15 familias indígenas de Salta tendrán acceso al agua segura, y con ello podrán hacer frente a las amenazas del cambio climático. Las familias no solo tendrán agua para el consumo, sino también para mejorar su producción de alimentos.

¿Quiénes somos?

Desde Fundación Plurales trabajamos desde hace años impulsando procesos territoriales y comunitarios, potenciando redes y acciones que promocionan el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales desde la justicia ambiental y de género. 

Este proyecto se inserta en el marco de dos iniciativas que venimos promoviendo. El Programa SEDCERO, red multiactoral creada para garantizar el acceso a agua para consumo, producción y saneamiento; y ENI Argentina, plataforma nacional por los derechos a la tierra impulsada por los miembros de la International Land Coalition en Argentina. Ambas redes contienen esta acción para fortalecer la resiliencia climática de las poblaciones locales mediante el acceso al agua segura.

¿De qué otra manera pueden ayudarnos?

Cada aporte es fundamental para la compra de los insumos que necesitamos en la construcción. También necesitamos que difundas este proyecto para que más personas conozcan la realidad que se vive en el Gran Chaco argentino y se comprometan con cambiarla.

Sumate y apoya el trabajo que impulsa el grupo de Defensoras Ambientales de Tartagal: https://hipgive.org/en/campaign/resilienciaclimatica-2022/cosechemos_agua

Bernarda Pesoa y sus luchas: tierra, agua, comunidad

Bernarda Pesoa tiene 41 años, dos hijas, tres hijos y tres nietos. Vive en Villa Hayes, departamento Presidente Hayes, en el principio del Chaco paraguayo. Bernarda es Qom, artesana y activista por los derechos humanos.

Su casa está en una de las nueve parcelas que hace años un particular donó para que ocho comunidades pudieran acceder a una tierra propia. Eso tiene una significación especial en un país en el que el acceso a la tierra es uno de los principales conflictos históricos.

En el lugar en el que vive Bernarda, la propiedad de la tierra es comunitaria. Hay que ponerse de acuerdo sobre su uso y destino. Son 1117 hectáreas totales que se dividen en nueve. Ocho parcelas son una para cada comunidad, que pertenecen a tres clanes distintos: cerriteños, chaqueños y rosarinos. En la de Bernarda, la comunidad de Santa Rosa del clan rosarino, conviven 71 familias.

Una parcela es común: son 35 hectáreas cultivables, que podrían destinarse a abastecer de alimentos a los habitantes de todas las comunidades.

La decisión conjunta sobre uso y destino de la tierra se puso en crisis con la irrupción del proyecto Semáforo contra la Pobreza, de la Fundación Paraguaya. El proyecto propuso destinar 20 de esas 35 hectáreas al monocultivo de eucalipto para explotación forestal. Es decir, algo que en apariencia es un bosque, pero es solo un cultivo intensivo.

Uno de los problemas que el monocultivo acarrea es la no disposición de esas hectáreas para cultivar alimentos, pero además existe otro, quizás el central: el eucalipto demanda una cantidad exorbitante de agua para crecer. Esa agua que los eucaliptos demandan seca las napas que se usan para consumo humano y pone en peligro los tajamares en los que Bernarda y otras artesanas cultivan la totora, planta con la que realizan sus artesanías para comercializar y que son su sustento económico.

Es decir que los eucaliptos ponen en riesgo de múltiples formas el sustento de la comunidad: los deja sin agua para consumo humano, sin tierra para cultivar, y sin totora para trabajar.

No solo eso. La introducción de los eucaliptos trajo conflictos graves de convivencia. Tres de las ocho comunidades estuvieron de acuerdo con la siembra, y decidieron sobre las demás, poniendo en cuestión el consenso necesario para gestionar la propiedad comunitaria. Eso acarreó episodios de violencia y puso en peligro la seguridad de quienes se resistieron. A Bernarda llegaron a amenazarla y golpearla.

A pesar de las múltiples acciones que se iniciaron para frenar el monocultivo, en noviembre de 2021 comenzó la plantación. En junio estuvimos allí y los árboles ya tenían más de metro y medio.

En esa oportunidad, conversamos con Bernarda y las mujeres artesanas y activistas sobre su día a día y lo que hoy necesitan. La respuesta fue contundente y unívoca: asesoramiento jurídico. No solo para poder hacer lecturas jurídicas, sino porque las instituciones no les entregan actas ni documentos sin la intermediación de una asesora o un asesor.

Hoy es muy importante poder acceder a este asesoramiento y representación, no solo por el conflicto alrededor del monocultivo de eucaliptos, sino por la existencia de un proyecto de ruta que cruzaría la tierra comunitaria.

Bernarda recibió a fines de 2021 el Premio Dignidad a la Trayectoria que entrega la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Compartimos el video que se hizo sobre ella con ese motivo, y esperamos que esta distinción traiga buenas noticias a su comunidad.

Originalmente publicada en https://www.mujeresdelsur.org/bernarda-pesoa-y-sus-luchas-tierra-agua-comunidad/

INFORME a ONU: “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”.

El 14 de julio, distintas organizaciones de la sociedad civil argentina, coordinadas por la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina presentamos un Informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denominado “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”. 

El  informe “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina” fue presentado como contribución e inclusión de la agenda de Derechos a la Tierra al mecanismo de evaluación al Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) donde Argentina será evaluada por sus pares en enero y febrero del 2023. 

El presente informe fue construido en el marco de investigaciones propias a través de las iniciativas LANDEX, Tierra y ODS, Land Matrix, Programa Defensoras Ambientales, Iniciativa Semiáridos de América Latina y como complemento se utilizaron fuentes secundarias. Cabe mencionar que para su elaboración, las organizaciones de mujeres miembro de ENI tuvieron un rol fundamental: desde el año 2021 están realizando un monitoreo de políticas públicas para el sector campesino e indígena que generó datos significativos para el documento presentado.

Que es el EPU

A través del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento por parte de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

Para examinar a un Estado, el Consejo de Naciones Unidas se basa en:

  1. Un informe nacional preparado por el Estado bajo revisión.
  2. Una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
  3. Un resumen de la información presentada por otras partes interesadas (incluidos los actores de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones regionales), también preparado por el ACNUDH.

La revisión en sí tiene lugar en Ginebra en una sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU, que está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. El examen adopta la forma de un diálogo interactivo entre el Estado objeto de examen y los Estados miembros y observadores del Consejo. Al final de cada revisión, el Grupo de Trabajo adopta un documento final, que posteriormente es considerado y adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en una sesión posterior.

Argentina deberá presentar su informe nacional ante el Grupo de Trabajo del comité entre enero y febrero del 2023. ENI Argentina ha elaborado un informe técnico sobre la situación de los derechos humanos y el acceso a la tierra y los bienes naturales con foco en la  agricultura familiar, campesina e indígena. 

Tierra y Derechos Humanos

Según datos que arroja el informe, en Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares. Sin embargo, ellos producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Mientras tanto, el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

Estas inequidades de acceso a la tierra deben estar en el centro del debate sobre sistemas alimentarios sostenibles y derechos humanos. 

La alta concentración de la tierra,  el uso extractivista de la misma, la predominancia de los monocultivos y el uso de agrotóxicos para garantizar el modelo agroexportador generan graves impactos ecológicos, aumentan los conflictos y amenazas sobre los pequeños agricultores familiares (comunidades campesinas e indígenas), agudizando las desigualdades y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. Situaciones que atentan contra los derechos humanos y contradice pactos internacionales recientes como la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) que buscó poner un freno a los proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas, e impulsar la soberanía alimentaria y reforma agraria para facilitar el acceso equitativo a la tierra y su función social, evitando la concentración.

Argentina es uno de los países de la región –junto con Brasil- más afectados por el acaparamiento de tierras: más del 5,23 % de las tierras de Argentina está en manos de extranjeros, lo que representa 14,7 millones de hectáreas. Es urgente anular el Decreto 829/2016  que va en contra de la Ley de Tierras.

Según los datos obtenidos por el Índice Global de la Gobernanza de la Tierra – LANDEX para Argentina, la deforestación ilegal persiste. Si bien con la Ley de Bosques Nativos se dio una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la pérdida de bosques nativos tuvo como principal causa prácticas ilegales debido a bajos niveles de control, fiscalización y sanciones insuficientes. Y al mismo tiempo, preocupa que en los últimos tres años el presupuesto nacional asignado  a la Ley de Bosques Nativos disminuyó significativamente.

Derechos civiles y políticos

Si bien el informe celebra el paso importante que ha dado Argentina al ratificar el Acuerdo de Escazú, alerta por la situación que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante el Tercer Ciclo del EPU en relación al contexto de criminalización de la protesta social, casos de violaciones del debido proceso y detenciones arbitrarias como un tema sin saldar a la fecha. 

La criminalización, persecución y amenazas que sufren los y las defensoras de los derechos humanos y ambientales por garantizar el derecho a la tierra, el freno a los desmontes, los desalojos de comunidades campesinas e indígenas es una enorme preocupación.

El informe menciona casos concretos de persecución y amenazas de defensores ambientales como los de Lucía Ruiz, Carlos Guerra, Omar Cruz, Antonio Guerra, Yamila Belizán, Rubén Lassaga, Néstor Jerez y Ramona Orellano, entre otros.

Derechos de personas o grupos específicos

La Ley 26.160 sobre Emergencia de la Propiedad Comunitaria, aprobada en el 2006 y que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral, tenía fecha de vencimiento en noviembre del 2021. Luego de un largo proceso de lucha que incluyó marchas, acampes y otras acciones de incidencia, se logró prorrogar el plazo hasta noviembre de 2025 mediante un DNU (Decreto de Necesidad y urgencia) 805/2021DECNU-2021-805-APN-PTE – Ley N° 26.160. Esta es la tercera prórroga desde su aprobación.  De todos modos, el informe deja claro  que este es un paraguas legal provisorio hasta que se apruebe la Ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y cuya aprobación en Diputados es un reclamo de ENI Argentina, las organizaciones que la componen y las comunidades campesinas e indígenas de todo el país.

Derechos económicos, sociales y culturales

En Argentina, 5,3 millones de personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de un millón no lo tiene en el perímetro de su terreno (Censo Nacional 2010). Si se toma el total de la población, más del 13% de los y las argentinas no goza de acceso permanente a este recurso, especialmente en las provincias que integran la región del Gran Chaco (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, entre otras), donde las cifras alcanzan un 41% de hogares sin agua. 

En las comunidades rurales aisladas, este problema implica grandes riesgos a la seguridad alimentaria de las familias debido a que las poblaciones dependen en su mayor medida de la producción familiar, cultivos, cría de animales, y el agua no es accesible para consumo humano ni para la producción. En estos lugares, el agua se paga hasta ocho veces más que en zonas urbanas y hay familias que tienen que caminar seis horas para conseguir agua de fuentes no seguras.

Derechos de grupos específicos

En la última presentación de Argentina ante CEDAW, se observaron en las recomendaciones de Naciones Unidas la incorporación específica del acceso a derechos de las Mujeres Rurales. Si bien Argentina ha dado pasos importantes con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, las políticas nacionales están orientadas a las áreas urbanas y no se incorporan políticas específicas para mujeres rurales, indígenas y campesinas

Acceso al agua, a la salud, a la justicia, a la tierra, violencia de género y falta de conectividad son las problemáticas vitales que relevaron las organizaciones de mujeres miembro de ENI Argentina

NOTA publicada originalmente en www.eniargentina.org