Bernarda Pesoa y sus luchas: tierra, agua, comunidad

Bernarda Pesoa tiene 41 años, dos hijas, tres hijos y tres nietos. Vive en Villa Hayes, departamento Presidente Hayes, en el principio del Chaco paraguayo. Bernarda es Qom, artesana y activista por los derechos humanos.

Su casa está en una de las nueve parcelas que hace años un particular donó para que ocho comunidades pudieran acceder a una tierra propia. Eso tiene una significación especial en un país en el que el acceso a la tierra es uno de los principales conflictos históricos.

En el lugar en el que vive Bernarda, la propiedad de la tierra es comunitaria. Hay que ponerse de acuerdo sobre su uso y destino. Son 1117 hectáreas totales que se dividen en nueve. Ocho parcelas son una para cada comunidad, que pertenecen a tres clanes distintos: cerriteños, chaqueños y rosarinos. En la de Bernarda, la comunidad de Santa Rosa del clan rosarino, conviven 71 familias.

Una parcela es común: son 35 hectáreas cultivables, que podrían destinarse a abastecer de alimentos a los habitantes de todas las comunidades.

La decisión conjunta sobre uso y destino de la tierra se puso en crisis con la irrupción del proyecto Semáforo contra la Pobreza, de la Fundación Paraguaya. El proyecto propuso destinar 20 de esas 35 hectáreas al monocultivo de eucalipto para explotación forestal. Es decir, algo que en apariencia es un bosque, pero es solo un cultivo intensivo.

Uno de los problemas que el monocultivo acarrea es la no disposición de esas hectáreas para cultivar alimentos, pero además existe otro, quizás el central: el eucalipto demanda una cantidad exorbitante de agua para crecer. Esa agua que los eucaliptos demandan seca las napas que se usan para consumo humano y pone en peligro los tajamares en los que Bernarda y otras artesanas cultivan la totora, planta con la que realizan sus artesanías para comercializar y que son su sustento económico.

Es decir que los eucaliptos ponen en riesgo de múltiples formas el sustento de la comunidad: los deja sin agua para consumo humano, sin tierra para cultivar, y sin totora para trabajar.

No solo eso. La introducción de los eucaliptos trajo conflictos graves de convivencia. Tres de las ocho comunidades estuvieron de acuerdo con la siembra, y decidieron sobre las demás, poniendo en cuestión el consenso necesario para gestionar la propiedad comunitaria. Eso acarreó episodios de violencia y puso en peligro la seguridad de quienes se resistieron. A Bernarda llegaron a amenazarla y golpearla.

A pesar de las múltiples acciones que se iniciaron para frenar el monocultivo, en noviembre de 2021 comenzó la plantación. En junio estuvimos allí y los árboles ya tenían más de metro y medio.

En esa oportunidad, conversamos con Bernarda y las mujeres artesanas y activistas sobre su día a día y lo que hoy necesitan. La respuesta fue contundente y unívoca: asesoramiento jurídico. No solo para poder hacer lecturas jurídicas, sino porque las instituciones no les entregan actas ni documentos sin la intermediación de una asesora o un asesor.

Hoy es muy importante poder acceder a este asesoramiento y representación, no solo por el conflicto alrededor del monocultivo de eucaliptos, sino por la existencia de un proyecto de ruta que cruzaría la tierra comunitaria.

Bernarda recibió a fines de 2021 el Premio Dignidad a la Trayectoria que entrega la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Compartimos el video que se hizo sobre ella con ese motivo, y esperamos que esta distinción traiga buenas noticias a su comunidad.

Originalmente publicada en https://www.mujeresdelsur.org/bernarda-pesoa-y-sus-luchas-tierra-agua-comunidad/

INFORME a ONU: “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”.

El 14 de julio, distintas organizaciones de la sociedad civil argentina, coordinadas por la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina presentamos un Informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denominado “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”. 

El  informe “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina” fue presentado como contribución e inclusión de la agenda de Derechos a la Tierra al mecanismo de evaluación al Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) donde Argentina será evaluada por sus pares en enero y febrero del 2023. 

El presente informe fue construido en el marco de investigaciones propias a través de las iniciativas LANDEX, Tierra y ODS, Land Matrix, Programa Defensoras Ambientales, Iniciativa Semiáridos de América Latina y como complemento se utilizaron fuentes secundarias. Cabe mencionar que para su elaboración, las organizaciones de mujeres miembro de ENI tuvieron un rol fundamental: desde el año 2021 están realizando un monitoreo de políticas públicas para el sector campesino e indígena que generó datos significativos para el documento presentado.

Que es el EPU

A través del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento por parte de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

Para examinar a un Estado, el Consejo de Naciones Unidas se basa en:

  1. Un informe nacional preparado por el Estado bajo revisión.
  2. Una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
  3. Un resumen de la información presentada por otras partes interesadas (incluidos los actores de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones regionales), también preparado por el ACNUDH.

La revisión en sí tiene lugar en Ginebra en una sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU, que está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. El examen adopta la forma de un diálogo interactivo entre el Estado objeto de examen y los Estados miembros y observadores del Consejo. Al final de cada revisión, el Grupo de Trabajo adopta un documento final, que posteriormente es considerado y adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en una sesión posterior.

Argentina deberá presentar su informe nacional ante el Grupo de Trabajo del comité entre enero y febrero del 2023. ENI Argentina ha elaborado un informe técnico sobre la situación de los derechos humanos y el acceso a la tierra y los bienes naturales con foco en la  agricultura familiar, campesina e indígena. 

Tierra y Derechos Humanos

Según datos que arroja el informe, en Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares. Sin embargo, ellos producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Mientras tanto, el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

Estas inequidades de acceso a la tierra deben estar en el centro del debate sobre sistemas alimentarios sostenibles y derechos humanos. 

La alta concentración de la tierra,  el uso extractivista de la misma, la predominancia de los monocultivos y el uso de agrotóxicos para garantizar el modelo agroexportador generan graves impactos ecológicos, aumentan los conflictos y amenazas sobre los pequeños agricultores familiares (comunidades campesinas e indígenas), agudizando las desigualdades y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. Situaciones que atentan contra los derechos humanos y contradice pactos internacionales recientes como la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) que buscó poner un freno a los proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas, e impulsar la soberanía alimentaria y reforma agraria para facilitar el acceso equitativo a la tierra y su función social, evitando la concentración.

Argentina es uno de los países de la región –junto con Brasil- más afectados por el acaparamiento de tierras: más del 5,23 % de las tierras de Argentina está en manos de extranjeros, lo que representa 14,7 millones de hectáreas. Es urgente anular el Decreto 829/2016  que va en contra de la Ley de Tierras.

Según los datos obtenidos por el Índice Global de la Gobernanza de la Tierra – LANDEX para Argentina, la deforestación ilegal persiste. Si bien con la Ley de Bosques Nativos se dio una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la pérdida de bosques nativos tuvo como principal causa prácticas ilegales debido a bajos niveles de control, fiscalización y sanciones insuficientes. Y al mismo tiempo, preocupa que en los últimos tres años el presupuesto nacional asignado  a la Ley de Bosques Nativos disminuyó significativamente.

Derechos civiles y políticos

Si bien el informe celebra el paso importante que ha dado Argentina al ratificar el Acuerdo de Escazú, alerta por la situación que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante el Tercer Ciclo del EPU en relación al contexto de criminalización de la protesta social, casos de violaciones del debido proceso y detenciones arbitrarias como un tema sin saldar a la fecha. 

La criminalización, persecución y amenazas que sufren los y las defensoras de los derechos humanos y ambientales por garantizar el derecho a la tierra, el freno a los desmontes, los desalojos de comunidades campesinas e indígenas es una enorme preocupación.

El informe menciona casos concretos de persecución y amenazas de defensores ambientales como los de Lucía Ruiz, Carlos Guerra, Omar Cruz, Antonio Guerra, Yamila Belizán, Rubén Lassaga, Néstor Jerez y Ramona Orellano, entre otros.

Derechos de personas o grupos específicos

La Ley 26.160 sobre Emergencia de la Propiedad Comunitaria, aprobada en el 2006 y que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral, tenía fecha de vencimiento en noviembre del 2021. Luego de un largo proceso de lucha que incluyó marchas, acampes y otras acciones de incidencia, se logró prorrogar el plazo hasta noviembre de 2025 mediante un DNU (Decreto de Necesidad y urgencia) 805/2021DECNU-2021-805-APN-PTE – Ley N° 26.160. Esta es la tercera prórroga desde su aprobación.  De todos modos, el informe deja claro  que este es un paraguas legal provisorio hasta que se apruebe la Ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y cuya aprobación en Diputados es un reclamo de ENI Argentina, las organizaciones que la componen y las comunidades campesinas e indígenas de todo el país.

Derechos económicos, sociales y culturales

En Argentina, 5,3 millones de personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de un millón no lo tiene en el perímetro de su terreno (Censo Nacional 2010). Si se toma el total de la población, más del 13% de los y las argentinas no goza de acceso permanente a este recurso, especialmente en las provincias que integran la región del Gran Chaco (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, entre otras), donde las cifras alcanzan un 41% de hogares sin agua. 

En las comunidades rurales aisladas, este problema implica grandes riesgos a la seguridad alimentaria de las familias debido a que las poblaciones dependen en su mayor medida de la producción familiar, cultivos, cría de animales, y el agua no es accesible para consumo humano ni para la producción. En estos lugares, el agua se paga hasta ocho veces más que en zonas urbanas y hay familias que tienen que caminar seis horas para conseguir agua de fuentes no seguras.

Derechos de grupos específicos

En la última presentación de Argentina ante CEDAW, se observaron en las recomendaciones de Naciones Unidas la incorporación específica del acceso a derechos de las Mujeres Rurales. Si bien Argentina ha dado pasos importantes con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, las políticas nacionales están orientadas a las áreas urbanas y no se incorporan políticas específicas para mujeres rurales, indígenas y campesinas

Acceso al agua, a la salud, a la justicia, a la tierra, violencia de género y falta de conectividad son las problemáticas vitales que relevaron las organizaciones de mujeres miembro de ENI Argentina

NOTA publicada originalmente en www.eniargentina.org

Guardianas del territorio: una serie documental sobre la lucha contra el extractivismo

Con cuatro episodios que ponen en debate el cambio climático y las violencias de género, la Fundación Plurales y el Fondo de Mujeres del Sur presentaron “Guardianas del territorio”, una serie que ya está disponible en YouTube. Hablamos con Florencia Reynoso, una de las productoras audiovisuales, para conocer sobre esta propuesta que rescata la lucha que las mujeres llevan adelante en distintas regiones de Argentina.

Mientras los grandes medios enfocan sus cámaras sobre las problemáticas de las principales ciudades, en el interior profundo de la Argentina el modelo extractivista de producción avanza amenazando los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de las comunidades. Esta forma de explotación indiscriminada, que beneficia principalmente a capitales extranjeros, no sólo destruye los ecosistemas locales, sino que también afecta a las economías regionales y pone en riesgo la subsistencia de miles de ciudadanos que habitan el interior argentino.

En este contexto de expansión extractivista emergieron, en diferentes regiones del país, comunidades que se fueron organizando para proteger sus economías y recursos naturales. De ello da cuenta “Guardianas del territorio”, una serie audiovisual que recupera la lucha constante de distintas mujeres que, en su cotidiano, y a través del trabajo y la organización, enfrentan los modelos económicos dominantes en defensa del medio ambiente.

Guardianas del Territorio fue elaborado por la Fundación Plurales y Fondo de Mujeres del Sur en el marco del Programa «Fortaleciendo las Defensoras Ambientales» cofinanciado por la Unión Europea.

Para conocer más sobre esta propuesta hablamos con Florencia Reynoso, integrante de Plurales, una de las productoras de la serie quien, junto con Nicolás Avellaneda, realizó la investigación, el guión y la dirección de los microdocumentales, con el objetivo de “reivindicar la lucha que estas mujeres llevan adelante día a día”. De esta manera nos compartió su experiencia.

-¿De qué se trata “Guardianas del Territorio”?

-La serie narra cuatro historias diferentes, en distintas regiones del país, cuyo hilo conductor se centra en la lucha contra el extractivismo. Se trata de lo que nosotros llamamos “cuerpo-territorio”, ya que no sólo defienden el lugar como tal, sino también el territorio colectivo que afecta a sus comunidades. Se cuentan las luchas que llevan adelante incluso a nivel ancestral, como en el caso de las comunidades indígenas y rurales. También se plantea una visión sobre la remediación ambiental, ya que más allá de que se muestran las luchas que se desarrollan en el día a día, se cuenta lo que se hace en paralelo para remediar ambientalmente, desde la parte técnica, hasta lo social y comunitario.

El equipo de filmación registrando testimonios de mujeres en La Rioja

-¿Cómo se gestó esta propuesta?

-Guardianas se enmarca en el proyecto de Defensoras Ambientales que trabaja en muchos territorios del país. Fue un proceso, ya que antes de lo audiovisual hubo un trabajo territorial de años. Posterior a la decisión de hacer Guardianas se conformaron dos equipos ubicados en Córdoba. Esos fueron a filmar a Entre Ríos y La Rioja, y después la parte de Salta y Jujuy lo realizó otro equipo. Fue un proceso de trabajo muy amplio, que nos permitió un acercamiento a los territorios donde se generó una fluidez que posibilitó que las mujeres nos contaran lo que les sucede, y que nos facilitó entrar a sus comunidades para filmar allí.

-En los documentales son las mujeres las protagonistas que le dan voces a las problemáticas ¿Por qué?

-Primero porque consideramos importante, desde el proyecto de Defensoras Ambientales, reivindicar y ampliar sus voces en la comunidad. Es decir, se apunta a fortalecer la voz de la mujer y su organización dentro de sus espacios. Pero también porque, frente al cambio climático, fueron las mujeres quienes han llevado adelante muchos procesos de defensa del territorio. Y Guardianas busca revalorizar la voz de la mujer como tal desde una visión feminista, desde el empoderamiento de la mujer indígena, de la mujer rural, ya que son ellas quienes toman las riendas frente al avance del cambio climático

Tartagal fue otra de las localidades donde se rodó Guardianas del Territorio

-Algarrobo, Puna, Monte y Río fueron las temáticas elegidas ¿Qué buscaron contar en esos capítulos?

–Lo que quisimos mostrar es la diversidad de paisajes y naturaleza que se encuentra en cada lugar, y visibilizar el impacto de un modelo que se replica en todos lados, pero sus consecuencias son distintas dependiendo cada región. No es lo mismo lo que viven en Entre Ríos quienes están defendiendo los humedales, que lo que sucede en Jujuy, donde intentan la remediación ambiental después de que una minera estuviera 90 años instalada ahí. Es distinto lo que viven las mujeres campesinas rurales en Colorado, La Rioja, que el trabajo de las comunidades indígenas en Tartagal. Esta distancia de paisajes, naturaleza y biodiversidad, nos permitió crear un mapeo de las comunidades, y mostrar situaciones diferentes de luchas de mujeres atravesadas todas por el extractivismo.

-En los micros aparecen las entrevistadas contando cómo le ponen el cuerpo a la defensa del territorio. Después de la realización de esta serie, ¿qué pueden decir o contar, qué sensaciones les quedó, sobre este compromiso que tienen las mujeres?

-A mí me ha tocado estar en territorio principalmente registrando, y eso hace que una observe las cosas desde otra distancia. Pero hay algo que me dejó este proyecto, una frase que dicen ellos, una palabra compuesta, que es “resilencia ambiental”. A pesar de que está muy de moda, se aplica muy bien a todo lo que vienen haciendo. Para mí en la lucha por el mejoramiento ambiental la mujer es un eje central, no sólo porque le pone voz a su territorio, sino también porque intenta todo el tiempo remediarlo para poder reconstruirlo en su mayor porcentaje. Logran poder resistir de distintas maneras, a pesar de los obstáculos, de ser perseguidas, de los ataques del Estado, y aun así siguen defendiendo el territorio en el que habitan. Y lo que me queda también es la sensación de que este tipo de producciones amplifica las voces, y permite que empecemos a reconocer y reivindicar a estas líderes socioambientales.

¿En qué sentido amplifica? ¿Qué utilidad reconocen en la serie?

Estas producciones terminan siendo un material de consumo masivo, que puede pasarse de mano en mano, de links en links, y estar a disposición de todo tipo de personas, llegando a espacios donde aún están formándose resistencias. Estas producciones permiten que se abra un camino, que haya un poco de luz en estos procesos que están emergiendo. Y sobre todo puede servir como una herramienta comunicacional. Nosotros hemos tenido testimonios de gente que nos contaron que lo han usado para dar clases, o para proyectarlos en distintos espacios académicos.

-¿Cómo recibieron las mujeres protagonistas este material?

-Ellas están muy contentas con estas producciones. Las han podido mostrar en sus comunidades. Y esto significa que suma una herramienta más para resistir, para colaborar en su lucha.

-¿Piensan en una segunda parte?

-Todavía no nos hemos sentados a debatir sobre una segunda entrega, pero no lo descartamos. Por ahora estamos enfocados en poder seguir fogoneando y mostrando Guardianas. Pero va a llegar el momento de sentarnos de pensar una segunda parte, porque fue muy interesante la respuesta que tuvimos y cómo se propagó.

Guardianas del territorio está disponible en Youtube desde abril. La serie está narrada por las propias protagonistas de estas luchas, entre ellas quienes están organizadas en: Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de la Comunidad de Casa Grande, Vizcarra y el Portillo del Aguilar (Jujuy), Asamblea por la Vida de Chilecito (La Rioja), Cooperativa El Chacho (La Rioja), ARETEDE, La Voz Indigena (Salta) y Taller Flotante (Entre Rios).

El programa Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales fue creado en 2014. Actualmente, en Argentina se lleva adelante por medio de la Acción Defensoras Ambientales Organizadas en la Lucha por la Preservación del Medioambiente coordinado por el FMS en alianza con la FP y con el cofinanciamiento de la Unión Europea. El programa apoya a 25 grupos de mujeres organizadas indígenas, campesinas y de sectores urbanos marginalizados que, desde su diversidad de territorios y articulaciones, se ubican en la primera línea de defensa del ambiente, y son, al mismo tiempo, también las más afectadas.

Desde el Fondo de Mujeres del Sur, afirmaron que “el objetivo principal de esta Acción es contribuir al fortalecimiento de la gobernanza ambiental lideradas por las defensoras ambientales, como actoras clave en la lucha frente al cambio climático y la preservación del medioambiente, desde la perspectiva de género y justicia ambiental”. A su vez, destacan que “el alcance geográfico del programa en Argentina está reflejado en los microdocumentales, donde se observan distintos grupos de defensoras ambientales de las ecorregiones de Chaco, la Puna y Sistemas de Humedales”.

Si te interesa ver estos microdocumentales, te compartimos aquí sus cuatro episodios: “Algarrobo”, “Puna”, “Monte” y “Río”.

Nota publicada originalmente en https://cucha.com.ar/guardianas-del-territorio-una-serie-documental-sobre-la-lucha-contra-el-extractivismo/ el 22/07/2022

Cuatro capítulos sobre grupos de mujeres defensoras ambientales que luchan día a día frente al avance extractivista en Argentina.

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La serie microdocumental Guardianas del Territorio es una producción audiovisual de cuatro capítulos que narra las historias de diferentes grupos de mujeres defensoras ambientales que luchan día a día ante el avance extractivista en Argentina, el cambio climático y las violencias de género en el cuerpo-territorio.

La Fundación Plurales coordina esta acción en el marco del Programa Defensoras Ambientales en alianza con el Fondo de Mujeres del Sur y el cofinanciamiento de la Unión Europea. Articulando con la CBI Mujer Rural y la ENI Argentina (ambas iniciativas de la ILC-LAC) y el apoyo de las Embajadas de Países Bajos y El Fondo de Pequeñas donaciones de la Embajada de Canadá.

Esta producción busca visibilizar las estrategias y resistencias de defensoras ambientales de las regiones del Chaco, Puna y Sistema de humedales a través de una serie de entrevistas que narran en primera persona, el contexto y las experiencias de trabajo de las defensoras y el vínculo con el extractivismo.

CAPÍTULO 1: EL ALGARROBO

La provincia de La Rioja colinda con la cordillera argentina y presenta un clima árido. Puntualmente, Los Colorados es una formación del triásico con una particular tonalidad rojo intenso y cuyos bloques, de hasta 90 metros de altura, adquirieron increíbles formas, consecuencia de la intensa erosión del viento.

Los Colorados forma parte de una reserva provincial, que a pesar de tener este título, sufre el avance minero sobre los territorios para extraer oro. Anteriormente, el territorio y su bosque natural fueron arrasados por la instalación del ferrocarril que consumió gran parte de los algarrobos y quebrachos de la zona.

Frente a esta situación, grupos de mujeres defensoras ambientales se organizan para generar estrategias de adaptación, mitigación y restauración de la desertificación.

CAPÍTULO 2: LA PUNA

La comunidad de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo, se encuentra en la localidad de El Aguilar, departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy. Ubicada a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el área central de la cordillera de los Andes, sus tierras altas andinas altiplánicas forman parte de lo que se conoce como la puna. Caracterizada por tener un bioma neotropical de tipo herbazal de montaña, siendo las escasas lluvias lo que determinan un paisaje de tapiz vegetal con arbustos, hierbas y sus característicos cactus. Su fauna más representativa incluye vicuñas y guanacos, chinchillas, cuises, ñandú petiso, cóndor andino, flamencos, entre otros (Características de la Puna en www.vidasilvestre.org.ar) .

Desde hace más de 10.000 años esta zona es habitada por comunidades humanas que fueron generando un vínculo inseparable con el territorio y los elementos ambientales humanos y no humanos que lo comprenden, conformando así un “paisaje humano” o “medio socio-ambiental” particular. Las formas ancestrales de vinculación con el territorio se expresan en los denominados “Sistemas de Conocimiento Indígena/Local”, resguardados en la memoria social como pilares de la identidad de cada grupo humano, transmitido de abuelo/as a nieto/as, de padres y madres a hijo/as a partir de prácticas cotidianas concretas. 

Si bien desde hace 500 años las formas ancestrales y medios de vida de estas comunidades vienen siendo amenazadas y vulneradas, la situación del medio socio-ambiental local se ha visto especialmente agravada durante los últimos 100 años debido a las intensas operaciones mineras a gran escala y prolongadas en el tiempo que se asentaron en estos territorios. 

Frente a esta situación de atropello e intromisión territorial, contaminación y destrucción del medio socio-ambiental es que las mujeres Defensoras del Hábitat Natural de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo se han organizado para frenar y reducir los impactos de las actividades extractivas en sus territorios.

CAPÍTULO 3: EL RÍO

El delta del Paraná es uno de los sistemas de humedales más importantes de Argentina y uno de los más relevantes de la Cuenca del Plata. Aloja una gran diversidad biológica y cultural, no sólo por las personas que allí habitan, sino también por las actividades que desarrollan.

Son ecosistemas que tienen un gran valor biológico, social, cultural y económico que hoy no tienen una protección jurídica uniforme a nivel nacional. En las últimas décadas y en la actualidad, este ecosistema ha sufrido distintas amenazas que implican graves daños que si no son reparados en lo inmediato, podrán ser irreversibles. Uno de ellos tiene que ver con el avance del extractivismo, las actividades agropecuarias en la región, el avance de los desarrollos inmobiliarios, la evasión de terrenos, terraplenes, endicamientos, grandes obras de infraestructura, la extracción minera intensiva principalmente relacionada con las arenas silíceas para el fracking. A lo que se suman cuestiones ambientales referidas a la pampeanización y al cambio climático. Además, en este último tiempo, se quemaron cientos de miles de hectáreas de humedales.

Frente a esto, un grupo de mujeres dentro de las islas Victoria tejen redes y con pasos firmes nos adentran en una comunidad que resurge de la mano de los feminismos, reconstruyendo una nueva manera en que las mujeres habitan la isla y el humedal.

CAPÍTULO 4: EL MONTE

En Argentina, cada año se acentúan los conflictos sociales vinculados a desalojos por el avance de la frontera agropecuaria, contaminación de agua por agroquímicos y por acciones de la megaminería y desmontes. 

En relación a los pueblos indígenas argentinos y la problemática de la tierra podemos decir que el Estado nacional no cumple plenamente con el Art. 75 de la Constitución Nacional y las provincias dictan leyes que tampoco ayudan al proceso o demoran su aplicación. Agricultores y agricultoras familiares deben ejercer presión y desarrollar luchas en defensa de sus derechos.

Salta es una de las provincias con mayor tasa de NBI (necesidades básicas insatisfechas) de Argentina y posee una altísima criminalización de mujeres que lideran luchas en relación a conflictos por el acceso a la tierra y los recursos naturales con el Estado y privados. 

Un ejemplo de ello, fue la lucha por la prórroga del artículo 9 de la ley provincial 7658 de Salta, que frena los desalojos de familias campesinas. Dicho artículo refiere a la suspensión por dos años, a partir del 31 de diciembre de 2017, de las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores familiares. En octubre del 2021 fue prorrogada nuevamente. 

En esta provincia hay casi 40 mil hogares sin acceso a agua potable y con necesidades básicas insatisfechas. Este problema es aún más urgente en la región del chaco salteño, comprendido por los departamentos de General San Martín y Rivadavia. 

Tartagal es la cabecera del Departamento General José de San Martín, donde encontramos la selva de las Yungas. Tiene un enorme número de conflictos sociales vinculados a desalojos por avance de la frontera agropecuaria, contaminación de agua por agroquímicos y acciones de la megaminería y desmontes. Ante esta situación, los gobiernos – tanto nacional como provinciales – no dan respuesta a las demandas de los perjudicados sino que, al contrario, no sólo incumplen la legislación actual sino que también la han modificado en su detrimento, agudizando aún más la situación.

Mujeres indígenas de comunidades Wichí y Guaraní ubicadas en esta ciudad a 365 km de la capital provincial, a 57 km de la frontera con Bolivia y a 103 de la frontera con Paraguay, le ponen voz al monte para resistir al avance extractivista. Las amenazas de desalojo, los constantes desmontes ilegales y la contaminación por agrotóxicos no hacen quebrar la fuerza de las mujeres por defender el territorio y la permanencia de la memoria indígena que se refugia en el monte y en los cuerpos/territorios.

MIRA, COMPARTE Y ¡DEFIENDE LA TIERRA! #EsHoradeActuar

http://plataformadefensorasambientales.org/guardianas/

Reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar – Argentina

El presidente Alberto Fernández anunció la esperada y postergada reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014. Contará con un presupuesto inicial de 100 millones de dólares para su implementación.

Luego de transcurridos más de ocho años desde su sanción, el gobierno hizo oficial la reglamentación de la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. La presentación fue realizada por el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante la segunda reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal.

Este anuncio fue largamente esperado por  las y los campesinos, comunidades indígenas, agricultores familiares y organizaciones del sector junto a quienes desde hace años la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina viene reclamando la reglamentación.

Una ley sin reglamentar es la nada misma, como tener un auto sin nafta. Es necesario que se reglamente para que lo que dice la ley se cumpla”, admitió el presidente, que estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Miguel Ángel Gómez; el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico; y la referente del Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Vía Campesina, Mercedes Taboada.

Fernández también anunció que se destinarán a la implementación de esta ley 100 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial. “Como la agricultura familiar está en manos de sectores débiles de la sociedad argentina, lo que tenemos que hacer es empoderarlos, ayudarlos a estar en condiciones de poder crecer”, lanzó el primer mandatario.https://www.youtube.com/embed/zbzD1aPixag?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Durante la presentación, se destacó la necesidad de fortalecer al sector de la pequeña agricultura familiar, con especial énfasis en la agroecología, el arraigo territorial, la justicia de género y la importancia de apoyar aquellos que producen el alimento de todos los días.

Esta ley dispone la creación de un Banco de Tierras para el desarrollo de emprendimientos productos de la agricultura familiar, campesina e indígena (en adelante AFCI). Son tierras que estarán a disposición a partir de un relevamiento de tierras fiscales nacionales (también provinciales y municipales que se transfieran a la Nación para este fin) y surgidas de donaciones o tierras legadas por el Estado nacional.

“Con el banco de tierras vamos a trabajar para que quienes quieran producir alimentos tengan su tierra”, confió Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar.

Durante la presentación también se habló del Consejo de Políticas Públicas coordinado por Jefatura de Gabinete, donde se va a convocar a todos los ministerios que tienen alguna vinculación con el sector de la AFCI para trabajar en conjunto.

La ‘confesión’ del ministro de Agricultura

Julián Domínguez sostuvo que cuando se sancionó la ley el plazo para reglamentarla era de tres años y expresó que “pasó mucho tiempo”. El funcionario, que tiene mucha sintonía con los sectores concentrados del agro, dijo que “esta ley viene a completar la visión del campo argentino” y sorprendió al considerar que “el otro campo se llevó todo puesto”.

“En estos 20 años, el campo argentino se llevó puestos los árboles, los colegios agropecuarios, los colegios rurales, se llevó puesto todo. Hay que reconocerlo, yo defiendo la producción argentina, lo que significa el campo para la argentina, pero a esto le falta la pata del modelo social”, sorprendió el ministro. Su discurso contradice algunas medidas que tomó el gobierno nacional en el último tiempo.

No todo es Rosa en  Casa de Gobierno

Pese a lo importante del anuncio, no podemos dejar de mencionar que se da a solo un mes de la liberación comercial en Argentina del primer trigo transgénico del mundo, el HB4 de Bioceres (proceso que demoró menos de dos años, entre la aprobación de Senasa en octubre 2020 y la posibilidad de comercializarlo en mayo de 2022). Un ‘avance tecnológico’ -como quieren presentarlo algunos- producto de una fuerte articulación entre el sector científico del país (CONICET) y el sector privado (empresa Bioceres) que aumenta exponencialmente los riesgos y daños al ambiente al mismo tiempo que concentra la riqueza mediante un nuevo impulso al modelo agroexportador.

Este nuevo trigo, resistente tanto a las sequías como al glufosinato de amonio, viene a poner en jaque los pocos ecosistemas secos tropicales y subtropicales para extender el monocultivo, pero también a las comunidades campesinas e indígenas que viven en estos territorios.

En este contexto ambivalente y naturalizado en la política argentina, los interrogantes que surgen son muchos y es necesario expresarlos para que el análisis de la realidad y el contexto de la AFCI no quede incompleto.

Es por esto que nos preguntamos si la reglamentación de la Ley 27.118 es capaz de garantizar y reparar derechos a las personas que viven de la tierra ante el innegable paso que se ha dado en reforzar el modelo extractivo agroexportador con el HB4 o es solo una política reactiva para frenar la conflictividad social. 

Como plataforma que aboga por la gobernanza de la tierra centrada en las personas, esperamos  que la reglamentación sea parte de un camino que realmente legitime y fortalezca a la pequeña agricultura familiar.

Nota publicada originalmente en www.eniargentina.org el 8/07/2022

1º COP del Acuerdo de Escazú

La Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú tuvo lugar en la Sede de la CEPAL en Santiago del 20 al 22 de abril de 2022.

Los Estados Parte aprobaron una Declaración Política en la cual reafirman al tratado como un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región, con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, adoptaron seis decisiones, entre ellas las reglas de procedimiento de la COP y del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.

En total, más de 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil participaron ya sea presencial o virtualmente en los tres días de la reunión. También más de 290 personas siguieron cada día las transmisiones en directo a través de los distintos canales de difusión (sitio web, YouTube y Zoom) y 120 periodistas y miembros de la prensa se acreditaron para cubrir sus distintas sesiones.

La Conferencia eligió una Mesa Directiva integrada por Uruguay en la presidencia y Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía como vicepresidencias. Además, acordó celebrar una reunión extraordinaria en 2023 en Argentina y la segunda reunión ordinaria en 2024.

Los invitamos a consultar las principales conclusiones y decisiones de la COP1 en la página web.

Se organizan 29 eventos paralelos oficiales en el marco de la COP1 del Acuerdo de Escazú

Entre el martes 19 y el viernes 22 de abril de 2022 se realizaron un total de 29 eventos paralelos oficiales de manera virtual. 

Dichos eventos tuvieron como finalidad compartir conocimientos, crear capacidades, establecer redes e intercambiar experiencias en materias relacionadas con el Acuerdo de Escazú. 

Los eventos fueron organizados por más de 100 entidades, incluyendo instituciones académicas, sociedad civil, defensores y defensoras ambientales, gobiernos y organizaciones internacionales, los cuales contaron con más de 180 personas expositoras.

Los invitamos a revisar las grabaciones de los eventos disponibles en la página web de la Conferencia.

Consulta pública sobre la Guía de Implementación del Acuerdo de Escazú

La CEPAL, en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, ha elaborado una guía de implementación con el fin de contribuir a la aplicación del Acuerdo, dar a conocer sus contenidos y proporcionar orientación y asistencia para una mejor comprensión y cumplimiento de sus disposiciones.

La guía fue redactada por un grupo de expertos en derecho internacional y ambiental y la CEPAL. Además, fue revisada por un conjunto más amplio de expertos, seleccionados en función de su especialidad.

Hasta el 11 de mayo de 2022 se llevará a cabo un proceso de consulta pública en línea sobre la guía.

Se invita a todas las personas interesadas a hacer llegar sus opiniones, comentarios y propuestas sobre el texto de la misma a la Secretaría al correo secretaria.escazu@cepal.org indicado en el asunto “CONSULTA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN”.

Información publicada originalmente en el Boletín N. 59 – Acuerdo de Escazú

¡Estamos de Estreno! Microdocumentales Guardianas del territorio

En el marco del Día de la Tierra, compartimos el primer capítulo, «El Algarrobo», de la serie microdocumental Guardianas del territorio : Mujeres, tierra y territorio.

Mujeres defensoras ambientales de la cooperativa El Chacho (en Los Colorados) y del Grupo de Defensoras del agua de Famatina (Chilecito), de la provincia de La Rioja, nos muestran la belleza de su territorio y nos narran sus luchas para defender la vida a partir del trabajo entre mujeres rurales.

Para nosotras, el algarrobo es importante porque es recuperar la vida, recuperar esa biodiversidad que hemos perdido y que nos fue alejando del vínculo con la pachamama

Defensoras Ambientales

La iniciativa es coordinada por Fundación Plurales en el marco del Programa Defensoras Ambientales en alianza con el Fondo de Mujeres del Sur y cofinanciada por la Unión Europea en Argentina. Articulando con la Iniciativa regional Mujer Rural y la Coalición nacional por la Tierra Argentina – ENI Argentina (ambas iniciativas de la International Land Coalition) y el apoyo de las Embajadas de Países Bajos y El Fondo de Pequeñas donaciones de la Embajada de Canadá.

Ingresa al siguiente link y encontrar más información sobre los Microdocumentales.

MIRA, COMPARTE Y ¡DEFIENDE LA TIERRA! #EsHoradeActuar

COP25

¿La clave para la acción climática y la paz sostenible? Participación plena e igualitaria de las mujeres

Las mujeres y los niños son los más afectados por el cambio climático que profundiza las desigualdades y vulnerabilidades que ya enfrentan como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y los derechos humanos básicos. Sin embargo, las mujeres no son víctimas: son sobrevivientes, creativas y multiplicadoras de soluciones que merecen participar en la toma de decisiones. Dos activistas colombianas nos explican por qué.

El cambio climático no es neutral en cuanto al género se refiere, y para la activista Fátima Muriel, este hecho es demasiado real para miles de mujeres en su país de origen, Colombia.

En 2017, un desastre de grandes proporciones golpeó su ciudad natal Mocoa en el departamento de Putumayo. Justo antes del amanecer del sábado 1 de abril, lluvias inusualmente fuertes provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que sepultaron varios barrios y sus habitantes a lo largo de las orillas de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato.

Aunque la región, situada en el extremo sur de los Andes en Colombia, es conocida por sus lluvias frecuentes, ese año Mocoa recibió un tercio de la cantidad de lluvia que cae en un mes en una noche, y quienes pagaron por este cambio en los patrones climáticos fueron principalmente las mujeres y los niños.

“El 90% de las víctimas fueron mujeres. Ocurrió un viernes, que es cuando todos los hombres salen a parrandear y las mujeres se quedan en la casa cuidando a la abuela, a los niños y atendiendo a todos. A algunas mujeres las encontramos hasta con dos hijos amarrados en su cuerpo ahí ahogados, eso fue desastroso”, Fátima narra a Noticias ONU.El desastre de Mocoa en 2017 causó la muerte de al menos 300 personas.OCHAEl desastre de Mocoa en 2017 causó la muerte de al menos 300 personas.

‘¡Es por esto por lo que luchamos!’

Mocoa estuvo sin electricidad ni ningún tipo de comunicación durante varios días, en algunas zonas, durante semanas. Fátima fue testigo de lo peor de la tragedia antes de viajar a la capital para buscar ayuda.

Varias agencias de la ONU y otras organizaciones sin fines de lucro se hicieron presentes después del desastre.

“Yo pensé que no íbamos a salir de esa crisis tan horrible allá. A mí me dolió mucho tener que cavar fosas comunes para enterrar niños de 3 y 4 años, sin contar aquellos que sobrevivieron a la avalancha, pero no pudieron volver a encontrar su casa y se perdieron. ¿Ellos qué culpa tienen de todo esto?”

Aunque las autoridades lo han considerado un «desastre natural» potenciado por el cambio climático, expertos académicos y activistas afirman que otros factores, incluida la deforestación en las montañas, podrían haber contribuido a la tragedia que mató a más de 300 personas y afectó a 45.000.

“Es por esto que luchamos, no queremos que vuelva a ocurrir. Putumayo está en medio de dos grandes montañas. Al escarbar esas montañas, las petroleras y mineras lo que hacen es desestabilizarlas y eso hace que los ríos se desborden cuando llueve”, denuncia la activista.

Fátima Muriel es la presidenta de la red de mujeres Tejedoras de Vida, que comprende 120 organizaciones femeninas en la región que buscan protegerse y apoyarse entre sí.

Ellas también reclaman abiertamente su derecho humano a un medio ambiente sano, incluso a costa de poner en riesgo sus vidas.Fatima Muriel, Presidenta de la Organización Alianza Tejedoras de Vida.Alianza Tejedoras de VidaFatima Muriel, Presidenta de la Organización Alianza Tejedoras de Vida.

Mujeres sobrevivientes

Lamentablemente, el dolor que enfrentaron las mujeres y los niños tras la tragedia en Mocoa es solo la punta del iceberg, ya que los habitantes del Putumayo han tenido que luchar desde hace décadas por su derecho a la vida al estar en el centro del conflicto colombiano.

Putumayo fue un bastión de la guerrilla de las FARC, la región sufrió masacres y desapariciones a manos de grupos paramilitares así como violaciones de derechos humanos por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, como se documenta en informes realizados a través de los años por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Además, el departamento es tierra fértil para la hoja de coca, por lo que su propio suelo fue víctima de una campaña masiva de fumigación aérea lanzada a principios de la década de los 2000 como parte de la guerra de los gobiernos contra las drogas. En las zonas rurales, la fumigación es vista como una causa de graves problemas económicos, ambientales y de salud.

Según Fátima, las mujeres han pagado el precio más alto por todas estas circunstancias: han sido sometidas a esclavitud sexual, prostitución y trabajo forzado, mientras otras han sido violadas, asesinadas o desaparecidas.

Como víctimas y sobrevivientes, las mujeres han tenido que asumir la carga familiar provocada por el desplazamiento o el hambre derivada de las fumigaciones que no solo erradican la hoja de coca, sino que destruyen otros cultivos y contaminan los ríos.

Testigo del dolor

La propia Fátima ha sido víctima de la guerra. Grupos armados desplazaron a toda su familia luego de apoderarse de sus tierras y secuestrar y atacar a su esposo dejándolo discapacitado.

“A dos de mis hermanos también los mataron las FARC y mi cuñado sigue desaparecido. Es por eso por lo que trabajo con otras mujeres que han sufrido lo que yo sufrí”, la activista cuenta a Noticias ONU sin poder contener las lágrimas.

Supervisora de educación de profesión, Fátima ha viajado por toda la región y sido testigo de una violación sistemática de derechos humanos, especialmente a mujeres y niños, incluso en las zonas más remotas y aisladas.

Ella ha acompañado y apoyado a docentes de comunidades rurales víctimas del conflicto armado, se enfrentó a los exguerrilleros de las FARC para detener el reclutamiento forzado de niños y niñas, acompañó a madres en la búsqueda de sus hijos y esposos desaparecidos por grupos paramilitares, y fue testigo de los asesinatos de maestros y líderes sociales.

“En uno de mis viajes al municipio de San Miguel, vereda San Carlos, cinco taxis fueron quemados con sus ocupantes, las puertas de las escuelas tenían marcas de disparos de diferentes tamaños, mientras que mujeres asesinadas yacían en el suelo con sus genitales y senos completamente destruidos”, narró durante una entrevista en 2020.Artesanías elaboradas por una víctima de la violencia en Colombia, beneficiaria de Mocoa programa Formándonos para el Futuro.Lucía Benavente LisoArtesanías elaboradas por una víctima de la violencia en Colombia, beneficiaria de Mocoa programa Formándonos para el Futuro.

Una red de esperanza

La red Mujeres Tejedoras de Vida, nacida como respuesta a la crisis humanitaria desatada por la guerra en Putumayo, se encuentra en funcionamiento desde 2005.

Lo más importante en nuestra organización es llenar de esperanza a las mujeres, ellas son las que crían y cuidan a los niños. Donde deja de existir una mujer, se destruye un hogar, por eso nos llamamos tejedoras de vida porque tejemos todos los proyectos, programas, ideas, sueños, y esperanzas. Es como tejer y no permitir que nadie vuelva a romper las fibras como sucedió durante la guerra”, explica la activista.

La red se centra en tres prioridades: derechos humanos y consolidación de la paz; políticas públicas; y cultura y el medio ambiente. Ellas llevan a cabo sesiones de capacitación para ayudar a educar a las mujeres sobre sus derechos y brindarles habilidades prácticas. También les ofrecen apoyo psicosocial, recreativo y legal.

Hasta ahora han subsistido solicitando subvenciones de organizaciones internacionales, incluidas algunas agencias de la ONU y países europeos que las ayudan a implementar proyectos específicos para apoyar el empoderamiento de las mujeres.

“Estaba trabajando con otras organizaciones y docentes, y en un momento contamos 1000 mujeres asesinadas y nos preocupamos mucho por los niños que quedan solos. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos que organizarnos y ayudarnos”, dice, y agrega que desearían tener más recursos para ir más allá de su trabajo actual, y poder tener la capacidad de acoger a mujeres y niños desplazados.

Fátima hizo parte de un panel de mujeres líderes que abordaron los riesgos de seguridad relacionados con el clima durante la sexagésima sexta sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) celebrada en marzo en la sede de la ONU en Nueva York.Putumayo, Colombia.Mision de Verificación de la ONU en ColombiaPutumayo, Colombia.

Luchando por un medio ambiente sano

Actualmente, 150 mujeres integrantes de la organización están creando un mapa de todos los ríos de su territorio y las actividades de las industrias mineras y petroleras, así como los proyectos del Estado que están afectando o pueden afectar su calidad de vida.

“La mayoría de las mujeres en Putumayo han sido desplazadas por el conflicto. Ellas han encontrado un hogar en las orillas del río porque así no tienen que pagar por el agua. El agua es vida para ellas y sus familias, por eso luchan para que sea limpia y no contaminada por las grandes empresas. Si a esto le sumas las inundaciones provocadas por el cambio climático esto significa que estas mujeres se están viendo hasta tres veces afectadas”, explica.

Natalia Daza, quien trabaja para la ONG colombiana DeJusticia como investigadora de justicia ambiental, explica a Noticias ONU que los estudios muestran que cuando los ríos están contaminados, las mujeres son las primeras en darse cuenta.

“Esto cambia la productividad de los cultivos, lo que lleva a una mayor inseguridad alimentaria. Los estudios han demostrado que las mujeres tienden a pasar la comida a sus hijos, a sus padres, a sus maridos… y siempre son las últimas en comer”, afirma la experta.

La realidad es que, tal como sucede durante las guerras, la carga de los impactos climáticos y ambientales recae predominantemente sobre las mujeres y los niños.

La razón es la vulnerabilidad: más del 70% de las personas más pobres del mundo son mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a los derechos humanos básicos, como la libertad de circulación o la capacidad de adquirir tierras. Sin embargo, constituyen hasta el 70% de la mano de obra agrícola en algunos países.

Esto significa que cuando ocurren desastres o fallan sus cultivos de subsistencia, no tienen los medios para hacer frente. Además, también se enfrentan a una violencia sistemática, que aumenta durante los períodos de inestabilidad. Esto incluye el matrimonio infantil, el tráfico sexual y la violencia doméstica.

Una investigación realizada en China por ONU Mujeres, por ejemplo, también mostró que más allá de la falta de acceso a recursos y protección, la mayoría de las mujeres de ese país (hasta el 80 %) no estaban familiarizadas con los planes de emergencia para desastres. Esto las hace más vulnerables a eventos climáticos extremos, como el que azotó a Mocoa.

Mientras tanto, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente afirma que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, y estas también tienen un mayor riesgo de quedarse sin hogar, así como de ser víctimas de violencia sexual y enfermedades.

Según la agencia, existe además un consenso global emergente de que el cambio climático pondrá presión sobre los sistemas económicos, sociales y políticos que sustentan a cada nación.

Y es que el cambio climático es un «multiplicador de amenazas» que agrava situaciones ya frágiles y puede contribuir a aumentar las tensiones y el conflicto social.

De hecho, el cambio climático crea condiciones que exacerban el conflicto armado en Colombia. Se ha reportado que ha habido un mayor número de disputas relacionadas con el acceso al recurso hídrico en los últimos años, y se sabe que quienes son mayormente desplazadas por estos conflictos suelen ser mujeres afrodescendientes”, agrega Natalia.

Así, el cambio climático es una causa y una consecuencia cuando se habla de conflicto y sus variadas repercusiones, y las mujeres y los niños son los más afectados por ambos problemas.

“Cuando las condiciones del suelo se deterioran por el cambio climático, ya sea por cambios en las precipitaciones o aumento de las temperaturas extremas, se traduce en condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones. Esto hace que los jóvenes sean más propensos a ser reclutados por grupos armados por la falta de oportunidades y el hambre”, explica Natalia.

Los desastres naturales exacerbados por el cambio climático también afectan el futuro de los niños y su educación.

Cuando las niñas dejan la escuela, hay una alta probabilidad de que no regresen. Y esto sucede cuando ocurren desastres y los servicios esenciales como la salud y la educación no se restablecen rápidamente. Las más afectadas siempre son las mujeres”, añade Daza.Las mujeres y los niños se enfrentan a las peores consecuencias de los conflictos y el cambio climático.Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Laura SantamarìaLas mujeres y los niños se enfrentan a las peores consecuencias de los conflictos y el cambio climático.

Circunstancias complejas

Pero en Putumayo, los riesgos que enfrentan las mujeres lideresas sociales y defensoras ambientales es aún mayor.

“Las mujeres ambientalistas son las que corren mayor riesgo. Están comprometidas con el territorio, un territorio que está en disputa por muchos actores armados, son las más desfavorecidas y están en peligro”, advierte Fátima Muriel.

La activista cuenta que algunas mujeres en Tejedoras de Vida han recibido amenazas por exigir su derecho a un medio ambiente sano, y algunas incluso han sido asesinadas.

“Hemos tenido que ir a recoger sus cuerpos cuando las matan. Hemos tenido que ver a niños que se quedan solos. Es muy doloroso”.

Fátima agrega que, lamentablemente, la guerra ha regresado a su territorio, con varios grupos de disidentes de las FARC y otros actores armados que ahora están obligando a las mujeres a cultivar hoja de coca y venderla al precio que quieran, amenazando sus vidas si se niegan.

“Cuando se firmó el acuerdo de paz, nosotras pensamos que la guerra al fin había terminado. Estábamos realizando tantos proyectos para las 3000 mujeres a las que ayudamos, todas víctimas de la violencia. Pero la guerra se ha recrudecido nuevamente, con grupos armados tomando los mismos territorios donde antes estaban las FARC

Según el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, al menos 100 defensores de derechos humanos, incluidas defensoras ambientales, fueron asesinados en 2021.Las FARC en Putumayo entregaron sus armas en 2017 como parte del Acuerdo de Paz de Colombia. Aquí la ONU las transporta en un contenedor.Mision de Verificación de la ONU en ColombiaLas FARC en Putumayo entregaron sus armas en 2017 como parte del Acuerdo de Paz de Colombia. Aquí la ONU las transporta en un contenedor.

Políticas de seguridad y medio ambiente

Fátima afirma que se necesita una política de seguridad para proteger a las mujeres ambientalistas, incluso de los propios actores legales.

“Están expuestas. Las grandes empresas han militarizado el territorio y cuando intentan intervenir y detener la contaminación de los ríos y el mercurio, se exponen a ataques o a ser judicializadas como criminales”, lamenta, y agrega que cualquier proyecto de desarrollo debe venir con garantías y protección ambiental para las comunidades.

“Vienen con kits, gorras y mochilas para la gente. Pero ¿de qué te sirve eso hoy, si mañana no vas a tener agua para vivir?”.

Natalia Daza, quien también participó del panel de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer apoyado por la Oficina de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, explica que las industrias extractivas, e incluso algunas de energía renovable, a menudo vienen junto con actores de seguridad estatales y no estatales.

En muchos casos, estos actores están para proteger la mina o el proyecto, pero también para desalentar la oposición, que termina amenazando a los líderes sociales, especialmente a las defensoras ambientales”, explica.

Natalia argumenta que los actores de seguridad, si están involucrados en la política climática, deben partir de una “idea de seguridad humana” cuando actúan, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales.Fatima Muriel y Natalia Daza visitan el estudio de Noticias ONU en Nueva York.Noticias ONU/Laura QuiñonesFatima Muriel y Natalia Daza visitan el estudio de Noticias ONU en Nueva York.

Otro tema que señala es que actualmente en Colombia no existen leyes específicas sobre participación comunitaria en la elaboración de leyes ambientales.

“No hay mecanismos para asegurar que las comunidades puedan decidir si quieren actividades extractivas en sus territorios y la información que tienen disponible para ir en contra de los proyectos es muy difícil de leer. En otros países hay recursos para que la gente haga contraestudios sobre el sitio donde, por ejemplo, se va a montar una mina, pero en Colombia eso no existe, entonces la gente está tratando de hacer lo que puede. Y cuando intentan ir a una audiencia pública, que ni siquiera define nada, los amenazan”, denuncia Daza.

El informe de 2020 de ONU Derechos Humanos nota la contaminación por mercurio en algunos ríos de Colombia, que afecta particularmente a los pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades rurales.

Asimismo, expresa su preocupación por las consecuencias negativas de las medidas antinarcóticos, como el efecto de la fumigación aérea en la seguridad alimentaria, así como sus impactos adversos en la salud y la privación de medios de subsistencia.

La Oficina también ha documentado casos de proyectos controlados por el Estado y empresas mineras privadas que han impactado negativamente el derecho de las poblaciones rurales a un medio ambiente seguro, limpio y saludable.Un mural en una zona rural de Colombia muestra la relación entre las mujeres y el medio ambiente.Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Laura SantamarìaUn mural en una zona rural de Colombia muestra la relación entre las mujeres y el medio ambiente.

La ‘ética del cuidado’ como solución

Fátima Muriel y Natalia Daza son ambas de Colombia, pero provienen de entornos, ciudades y experiencias muy diferentes. Sin embargo, coinciden de manera contundente en cuál es la solución para proteger el medio ambiente y hacer que su país sea más pacífico y resiliente: la participación de las mujeres.

Las mujeres tienen que estar involucradas en la prevención de desastres, tienen que estar involucradas en la adaptación al cambio climático, en la educación, en la salud, porque somos el 50% de la población”, insta Fátima. Natalia dice que la clave está en la ‘ética del cuidado’, una teoría ética-normativa desarrollada por feministas en la segunda mitad del siglo XX.

“La ética del cuidado nos muestra que hay mejores formas de relacionarnos con la naturaleza, con los demás, y de construir un planeta saludable e igualitario para todos, incluidos los más jóvenes”.

Ella argumenta que actuar a partir de este marco moral como punto de partida significaría que las comunidades son alertadas de los desastres a tiempo, por ejemplo.

“Cuidar a los demás es asegurarse de que tengan la información para tomar decisiones en el momento oportuno. También significaría que los recursos estarían mejor distribuidos”.

La experta pone como ejemplo el huracán Iota que diezmó la isla colombiana de Providencia en 2020.

“Había estudios sobre cómo Providencia era altamente vulnerable al cambio climático, pero las estrategias de resiliencia no se habían implementado por completo, y eso deja a la gente sin atención, los deja solos. Si las personas se quedan atrás, no hay atención para ellas, desde una perspectiva feminista de cuidado esto nunca hubiera sucedido”, explica Natalia.

«Cuidarlos sería asegurarse de que tengan los recursos para ser más resilientes, asegurarse de que dispongan de la información necesaria para tener opciones y apoyo después del desastre. Ha pasado más de un año desde el huracán y muchos servicios todavía no funcionan, incluyendo de salud y educación», añade.

Mujeres como Fátima, Natalia y las 3000 integrantes de la red Tejedoras de Vida son un ejemplo de lo que significa ser un “multiplicador de soluciones” frente al ‘multiplicador de amenazas’ que es el cambio climático.

No somos enemigos de los hombres sino del sistema patriarcal. El sistema que tanto daño nos ha hecho. Por eso tenemos que luchar, para que los programas, los gobiernos y las instituciones trabajen con las mujeres. Mientras no participemos, no habrá paz”, concluye Fátima.

Nota publicada originalmente en https://news.un.org/es/story/2022/04/1507002

¿Reconocimiento de los pueblos indígenas en el último informe del IPCC?

El 28 de febrero de 2022, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó un informe revelador sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad ante el cambio climático. El reporte es concluyente respecto a los crecientes y acelerados impactos del cambio climático sobre los territorios y medios de vida de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el IPCC da un paso más allá.

El informe señala que esta vulnerabilidad no es una mera consecuencia del cambio climático, sino que un producto de la intersección de múltiples procesos sociales, históricos e institucionales que han excluido y marginado a los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisión. Estas conclusiones representan un avance en el modo en que los pueblos indígenas han tendido a ser representados en los discursos globales sobre cambio climático.

 Además, el informe es concluyente respecto a la capacidad de agencia de los pueblos indígenas. Sus aportes a los procesos adaptación y los sistemas de conocimiento indígenas son explícitamente reconocidos. El involucramiento de los pueblos indígenas en la gobernanza climática no solo conlleva respuestas más sostenibles, sino que también permite abordar el cambio climático desde una perspectiva más justa. Para facilitar esto, el IPCC alienta el reconocimiento de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de su libre determinación. También llama a desarrollar medidas que, basadas en la justicia y la equidad, aborden los conflictos históricos que determinan la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en un primer lugar.

Si bien estas afirmaciones representan un gran avance, aún son necesarios pasos más decisivos para fortalecer la participación efectiva de los pueblos indígenas en la gobernanza climática.

En respuesta a ello, IWGIA, en colaboración con el Consejo Circumpolar Inuit (ICC), la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) y el Foro de ONG Pastoralistas Indígenas (PINGO’s Forum), presenta una nota analítica que aborda las conclusiones del informe respecto a los Pueblos Indígenas. Además, la nota analítica de IWGIA –redactada por Rosario Carmona, Joanna Petrasek MacDonald (ICC), Dalee Sambo Dorough (ICC), Tunga Bhadra Rai (NEFIN), Gideon Abraham Sanago (PINGO’s Forum) y Stefan Thorsell (IWGIA)– propone una serie de recomendaciones para fortalecer la participación de los pueblos indígenas en el próximo ciclo del IPCC y en la gobernanza climática a nivel nacional.

Lea la nota analítica y las recomendaciones aquí

Nota originalmente publicada en : https://iwgia.org/es/noticias/4620-iwgia-lanza-nota-anal%C3%ADtica-analiza-reconocimiento-pueblos-ind%C3%ADgenas-informe-ipcc.html

Pasos para un Plan de Seguridad y Autoprotección de Defensoras Ambientales

Las defensoras ambientales, mujeres que realizan acciones de lucha en múltiples espacios tanto físicos como digitales y ponen el cuerpo para defender sus territorios y proteger a sus comunidades, están en riesgo. Ellas, que están presentes en las calles, rutas, en las radios, medios de comunicación, en las redes sociales intentando visibilizar las violaciones a derechos humanos y ambientales, como también, poner freno a estas injusticias, viven una situación alarmante y violenta, agravada por el contexto de pandemia.

La respuesta de los distintos niveles de gobiernos a las deficiencias sociales y económicas, históricas y actuales, se sigue basando en la vía libre a toda forma de extractivismo y profundización de las políticas neoliberales. El avance de estas decisiones políticas hacia los territorios afecta la salud física, mental y espiritual, y es comparable con el avance de la violencia hacia los cuerpos. Las cifras de femicidios y de violencia de género también son alarmantes: las mujeres de las zonas rurales no cuentan con políticas públicas efectivas e inclusivas que garanticen la igualdad de género.

Como defensoras ambientales que están en la primera línea de los conflictos, tienen una mirada clara sobre las problemáticas y desafíos que impone el contexto actual: aumento de la desigualdad y el empobrecimiento en las comunidades. Las políticas de asistencia del Estado no llegan a las mujeres campesinas, urbanas e indígenas en mayor situación de vulnerabilidad. Falta de acceso a la salud en comunidades indígenas y campesinas, agudizada en el contexto de pandemia. Se incrementaron las tareas de cuidado no reconocidas como trabajo a ser remunerado. Las mujeres asumieron el incremento de la carga de estas tareas: el rol de educadoras, enfermeras y cuidadoras de mayores. La falta de acceso al derecho a la tierra y al territorio para las mujeres, impide hacer efectivos otros derechos. Hoy, defender el derecho a la tierra y al territorio es un factor de riesgo para la seguridad de las defensoras y sus comunidades ante la falta de políticas de protección estatal.

Además, la deforestación, el avance de la frontera agropecuaria, el monocultivo, la industria minera e hidrocarburífera están terminando con nuestra biodiversidad, tanto natural como humana. Los efectos de la crisis climática intensificados con el extractivismo que se sostiene a costa del saqueo de nuestros bienes naturales y sociales. La escasez del agua en nuestros territorios por la tendencia a la privatización, se ve agudizada por la sequía, como es el caso del Chaco. Recrudecimiento de la violencia socioambiental de los terratenientes, empresas extractivas y agentes estatales. A medida que los sectores agro ganaderos y mineros tienen más permisos estatales para expandirse, se incrementa la deforestación, el uso de agrotóxicos venenosos y los incendios intencionales para los negocios privados.

A su vez, se viven expresiones fundamentalistas que persiguen a los feminismos, a las mujeres organizadas y por ende al movimiento de mujeres, campesino e indígena. En Argentina, Bolivia y Paraguay la situación se agrava cuando son acusadas de quebrantar la paz social, la democracia, son perseguidas y criminalizar.

En este marco, desde el Programa Defensoras Ambientales, línea de acción estratégica de Fundación Plurales y el Fondo de Mujeres del Sur, buscamos fortalecer organizaciones de mujeres que aborden el Cambio Climático, a través de una perspectiva de Justicia de Género. Apoyamos la defensa de los territorios hostigados por el extractivismo, la contaminación y la pérdida de protagonismo de los actores locales.

Las mujeres defensoras ambientales a menudo son criminalizadas y víctimas de violencia porque con sus luchas y fuertes liderazgos no sólo confrontan capitales e intereses de empresas extractivas, sino que también irrumpen en las esferas públicas (las calles, las redes sociales, las rutas, etc.) quebrantando los roles tradicionales de género. Desde este Programa realizamos una serie de videos cortos sobre Planes de Seguridad y autoprotección que aportan a procesos de participación climática efectiva a través de la incidencia y la transformación para hacer efectiva la Justicia Ambiental velando por la seguridad de las que ponen el cuerpo.

En estos seis capítulos, de máximo 2 minutos cada uno, se detallan los pasos para crear un plan de seguridad. Cómo analizar el contexto, qué es Seguridad y qué es Protección, reconocer y diferenciar amenazas y riesgos, y las capacidades o recursos que tienen las defensoras y que mejoran la seguridad.

El Programa Defensoras Ambientales surgió en 2015 y se fue implementando a través de diferentes financiamientos y proyectos específicos. Estos videos en particular, se realizaron gracias al apoyo de: Unión Europea – Programa Defensoras Ambientales; International Land Coalition (CBI Mujer Rural y ENI Argentina); la Alianza GAGGA y BOTH ENDS; IUCN-NL; El Programa de Derechos Humanos de la Embajada del Reino de Países Bajos y el Fondo de Pequeñas donaciones de la Embajada Canadá.

Los invitamos a verlos y a compartir en pos del cuidado de las Mujeres indígenas, campesinas y urbanas que defienden el derecho a una vida libre de violencias, al acceso a la tierra, al agua segura y al buen vivir de sus comunidades en armonía con sus cuerpos y territorios.

Encuentra los seis capítulos en Youtube

Nota publicada originalmente en www.plurales.org