Audiencia Pública sobre Humedales – Rosario

En el video, compartimos la Audiencia Pública sobre Humedales del consejo de deliberantes de Rosario, desarrollado el 11 de noviembre de 2020, donde expuso Ana Fiol, integrante de Taller Flotante, compartendo reflexiones y poniendo de relieve la necesidad de la Ley de Humedales.

#LeydeHumedalesYa !

Rio de Mujeres – PODCAST

Compartimos esta producción de Taller Flotante, Orilleras y río Feminista.

Río de Mujeres es un proyecto que consiste en la conformación de una Red de Mujeres del Río Paraná propiciado por Taller Flotante. Para ello, y como proyecto catalizador y activador, proponen el encuentro e intercambio entre mujeres y agrupaciones de mujeres relacionadas a la cuenca del Río Paraná dando lugar a la visibilización de historias de mujeres del río, que serán recopiladas en relatos sonoros y además, en la condensación de su identidad gráfica.

Nos encontramos con otras mujeres, nos miramos, nos escuchamos, dialogamos.

Escucha los Podcast en Spotify o en el canal de youtube de Rio Feminista.

Comunidades indígenas pagan hasta 3 mil pesos para tener agua

Denuncian que las ladrilleras realizan conexiones clandestinas

Aunque el reclamo viene desde hace por lo menos un par de años, la Municipalidad y Aguas del Norte tienen previsto hacer un relevamiento de estos emprendimientos recién el viernes.

Por Laura Urbano29 de octubre de 2020

 (Fuente: Gentileza Radio La Voz Indígena)
. Imagen: Gentileza Radio La Voz Indígena (publicada en página12)

La comunidad Territorios Originarios Wichí, ubicada en el kilómetro 6 de la ruta nacional 86, cerca de Tartagal, cabecera del departamento General San Martíndenunció que tiene que comprar el agua porque no llega por la red de provisión que sus mismos integrantes instalaron. De acuerdo a los relatos tomados por la radio comunitaria La Voz Indígena, para contar con agua potable la comunidad hizo en su momento conexiones con mangueras por un tramo de tres kilómetros. Esas mangueras se compraron con fondos reunidos mediante una colecta realizada por la radio y la organización Aretede.

Pero ahora la red no lleva agua. Y pese a los reclamos, tampoco llegó la asistencia a través de camiones cisterna. Las temperaturas de la zona superan los 40 grados y la única solución que encuentran las autoridades originarias es comprar el agua a algunos camioneros que salen a venderla por esa ruta. El cacique pagó cerca de $3 mil por unos 2 mil litros de agua, que son depositados en dos tinacos.

“Estamos en emergencia socio sanitaria y cuando pasan cosas como estas no se entiende dónde está el dinero y los anuncios del agua para las comunidades”, se quejó una persona que trabaja con las poblaciones indígenas del departamento San Martín. Este vocero pidió reserva de su nombre ante los diversos frentes de lucha que se abrieron y agravaron en estos últimos meses a raíz de la disputa de los territorios ancestrales con particulares titulares registrales.

La alternativa de instalar una manguera por tres kilómetros fue planteada hace 5 años con la ayuda de técnicos de la Secretaria de Agricultura Familiar (actual SAFCI) de la Nación y el INTA, que asesoraron a la comunidad para contar con el agua, ante la falta de otras soluciones oficiales. Una parte de esos técnicos fueron despedidos por el macrismo y aún esperan su reincorporación.

Al principio las ladrilleras en la zona eran pocas y, si bien hubo reclamos por la abundante cantidad de líquido que su actividad demanda, la falta de agua no era una amenaza total a la subsistencia, pues algo llegaba a las comunidades.

Pero cada vez son más los emprendimientos que se inician cerca de los territorios de uso ancestral y se conectan de manera clandestina a las mangueras que las comunidades lograron instalar “a pico y pala”.

Según el relato de lugareños, las ladrilleras llenan piletas pelopincho con agua para poder ponerse a producir y luego usan madera, también del monte de los pueblos originarios, como combustible para los hornos tabicados que se arman para cocer los adobes y convertirlos en ladrillos. 

Según contó la comunicadora Edith Martearena, de La Voz Indígena y la organización Aretede, el cacique de la comunidad afectada había ofrecido a los ladrilleros como solución que ellos llenen las piletas de noche, para que los comuneros pudieran usar el agua durante el día. Pero no hubo acuerdo y la consecuencia fue que la comunidad Territorios Wichí se quedó sin agua.

“Tendremos que ir a cortar nosotros por la situación crítica que están teniendo”, dijo a Salta/12 el gerente de Servicios de Aguas del Norte, Javier Jurado, al sostener que hace unos quince días los caciques hicieron las denuncias. “Estamos viendo las cuestiones legales para ver qué tipo de denuncias realizar, y los cortes a las ladrilleras se estarán haciendo durante esta semana”, agregó.

La Municipalidad de Tartagal, en tanto, informó que el viernes próximo técnicos de la Dirección de Control y Fiscalización de la comuna irán junto a los delegados de Aguas del Norte de la ciudad a realizar “un relevamiento” de la cantidad de ladrilleras que existen en la zona. Sostuvieron que habría algunas que incluso están inscriptas en la Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia.

Caudales reducidos en toda la provincia

Al ser consultado por la situación a nivel provincial por la falta de lluvias y por lo tanto, de recarga de las napas de agua, Jurado sostuvo que los caudales “han disminuido entre un 30 a un 40 por ciento en toda la provincia”, si bien hay lugares más críticos que otros. Pese a este panorama, indicó que hay reservas que se vienen utilizando, como la del dique El Limón, en el norte provincial, hasta la llegada de las primeras lluvias que se esperaban para noviembre, aunque comenzaron anoche en Capital y zonas aledañas.

Una de las plantas que abastecen al departamento San Martín es la de Itiyuro. “Ya se ejecutaron dos pozos en Salvador Mazza con el objetivo que se abastezca al municipio y de allí poder contar con más agua para que llegue a Tartagal y Mosconi”, indicó el funcionario. 

Jurado agregó que está proyectada otra perforación para la comunidad de Yacuy, en donde se hicieron “dos pozos más para inyectar más agua al acueducto. Y se suma el pozo que hizo el Banco Macro en Tartagal para abastecer de agua al Hospital”, de esa ciudad norteña. En Embarcación “hay dos pozos más y habilitamos uno la semana pasada”. Esta fue una de las respuestas a las denuncias del diputado provincial por el departamento San Martín, Franco Hernández, quien señaló que el agua sigue faltando en el municipio y solo se había perforado un pozo en Tartagal, siendo esta una iniciativa privada y no estatal.

La Unión: soluciones la próxima semana

Vecinos de La Unión, en el departamento Rivadavia, se manifestaron ante la falta de agua. Esta situación se generó a raíz de la salida de funcionamiento de un pozo que se terminó recientemente. Los vecinos agregaron que los restos del agua tratada quedaban depositados en un zanjón que a su vez contamina las aguas que siguen por ese caudal. Esto, a su vez, afecta a los animales que la toman. De hecho, una de las vecinas mostró las raíces blanquecinas de un árbol, que quedaron así por los desechos del tratamiento del agua que abastece al pueblo.

“Ya se está operando”, dijo Jurado al ser consultado por esta situación. Afirmó que la calidad del agua en la zona impone la necesidad de una planta de ósmosis inversa, una estructura que requiere de membranas que filtran los elementos químicos que se encuentran en el agua en exceso y afectan la salud de las personas (arsénico y flúor, por ejemplo). 

“Esa magnitud de planta es la primera que tenemos en la provincia para el abastecimiento en la comunidad y produce una cantidad importante de agua”, sostuvo el funcionario de Aguas del Norte. El problema principal fue la falla del equipo de bombeo y la necesidad de cambiar esas membranas. «Los procesos de compra de los equipos que son muy especiales, se demoraron ante las restricciones” de la pandemia. “La provisión de la bomba ya la conseguimos y está en camino a La Unión”, dijo. 

En cuanto a las membranas filtradoras, Jurado indicó que en un trabajo en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se logró conseguirlas y están en la Aduana a la espera de destrabar su ingreso para, “a más tardar la próxima semana, tener los equipos funcionando”. En cuanto a la situación de los restos del agua filtrada, aseguró que también se hará una conexión al sistema de cloacas, para derivarlos por allí.

Nota publicada originalmente en Página 12. Por Laura Urbano29 de octubre de 2020 : https://www.pagina12.com.ar/302497-comunidades-indigenas-pagan-hasta-3-mil-pesos-para-tener-agua

DEFENSORA DEL TERRITORIO

ATAQUE CONTRA DEFENSORA INDÍGENA DE LA TIERRA

Amnistía Internacional entregará reconocimientos a la Defensa de los DDHH, a la Investigación Periodística y al Activismo Destacado

Este Premio tiene por objeto servir de reconocimiento y estímulo a aquellas instituciones e individuos que se hayan distinguido en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos, con enfoque específico en el Paraguay, o que hayan impulsado la investigación o la puesta en práctica de programas de actuación dirigidos a promover estos valores.

PREMIO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Sección Paraguaya de Amnistía Internacional decidió otorgar el “Premio Peter Benenson a la Defensa de los Derechos Humanos” en su edición 2020, máxima distinción con que cuenta la organización en Paraguay, a la Comunidad Indígena Tekoha Sauce.

La Dra. María Teresa Añazco Barudi manifestó “nos complace premiar a la Comunidad Indígena Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní Paranaense del Alto Paraná, quienes, a partir de la injusticia que padecen, construyeron una incansable y emblemática lucha por recuperar sus tierras ancestrales, de las que fueran despojadas para la construcción de la Hidroeléctrica Itaipú”

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 2020

En consonancia con la lucha de décadas de Amnistía Internacional a favor de la libre expresión y la libertad de prensa, otorga anualmente el “Premio a la Investigación Periodística comprometida con los Derechos Humanos” en dos categorías. 

En la categoría correspondiente a Medios Tradicionales, en su edición 2020 se otorga este premio al Periodista Aizar Arar, del Diario Hoy, por publicaciones de alta calidad periodística con amplio enfoque en la visibilidad de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Paraguay, colectivo que sigue luchando por sus derechos a la no discriminación y el derecho a una vida digna.

Por otra parte, en la modalidad de Medios Alternativos, este año se otorga la distinción a la investigación “La Respuesta de Paraguay ante la pandemia no incluye a las Comunidades Indígenas (Paraguay’s pandemic response fails Indigenous communities)”, publicada el 26 de septiembre del 2020 en el medio estadounidense Toward Freedom, realizada por William Costa y Mayeli Villalba, una obra de investigación que une el talento artístico y la potencia del lenguaje fotográfico, con la capacidad periodística que nos devela la realidad de comunidades indígenas en el contexto crítico de la pandemia.

PREMIO AL ACTIVISMO DESTACADO

El Premio al Activismo Destacado” se otorgará a Laura Matiauda, activista de AI en la ciudad de Encarnación, por su incansable colaboración para las distintas actividades de educación en derechos humanos y la movilización de la organización, incluso a veces en contextos hostiles a la libre reunión y manifestación.

Los premios serán entregados el martes 24 de noviembre de 2020 a las 21:00hs horas vía transmisión en línea en las redes sociales de la organización @aiparaguay.

Fuente: www.amnesty.org.py

Pueblos del NOA se expresan frente al tratamiento de la ley de humedales

No nos dejen afuera
Los humedales en el noroeste argentino tienen una génesis con una profundidad temporal desde millones de años hasta pleistocena, esto explica la diversidad de geoformas y su recarga, algunas escasas en el presente por lo que el componente hídrico es mayoritariamente fósil, por ejemplo, salinas puneñas, y es preciso explicitar en el texto que los humedales pueden ser de aguas dulces o saladas.                                                               Otros, están relacionados con ríos, y regulan, equilibrando el caudal de los mismos, como el Campo del Arenal. También pequeños cuerpos son los principales proveedores de agua dulce y servicios ecosistémicos a Comunidades Indígenas de habitación milenaria y a la flora y fauna doméstica y silvestre, como vegas, bofedales, ciénagas.

Estos humedales están presentes en la Puna, Quebradas y Valles de nuestras provincias, regiones con déficit hídricos con precipitaciones menores a 600 mm./año, incluso inferiores a 60 mm./año, acotadas a un breve período estival en más del 90% y un período seco de 10 meses.
En ámbitos de clima riguroso son los humedales los que morigeran el mismo e impiden amplitudes térmicas incompatibles con la vida, la desertificación térmica.

Es necesario promover la conservación de los humedales y sus funciones ecológicas como parte indisociable del patrimonio natural, cultural y espiritual de los Naciones preexistentes amparadas por la Constitución Nacional y como sostén de la vida y del bienestar de la sociedad toda.

¿Porque es necesaria desde el plano legal una ley de humedales?
No podemos dejar de mencionar que el Estado argentino ratifico por Ley Nacional 23.919 en 1.991 la Convención Ramsar que es considerado el tratado internacional para los humedales y se encuentra en vigor desde 1975, por otro lado, la Argentina también ratificó mediante ley 24.375 el Convenio sobre Diversidad Biológica, que entro en vigor en el año 1994. 

Los principales objetivos de ambos instrumentos son por un lado la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, y la cooperación internacional, como contribución al desarrollo sostenibles y por otro la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos naturales para las sociedades y el ambiente: desde su material genético hasta el vasto campo de estudio que proveen para la humanidad.
La Ramsar en su Plan Estratégico 2016-2024 se propone “hacer frente a la pérdida y degradación de los humedales, llevar a cabo una conservación y un manejo eficaces de la Red de Sitios Ramsar, realizar un uso racional de los humedales y mejorar la implementación.” 
Entre las principales causas relevadas por la Convención Ramsar como impulsoras de la actual situación de vulnerabilidad de los humedales, se encuentran: La agricultura y el desarrollo urbano e industrial, la introducción accidental o deliberada de especies exóticas invasoras, la sobreexplotación de sus bienes naturales, el desecho de residuos domésticos e industriales sin tratar o deficientemente tratados y, el cambio climático que hoy tanto se discute.

Esto tiene estrecha relación con la ocupación dentro de los territorios por ejemplo de las Salinas Grandes de empresas mineras, que traen aparejadas consecuencias socio ambientales desastrosas, y violan innumerables derechos humanos de las comunidades indígenas que habitan estos vastos territorios, entre estos el derecho al agua , a los bienes naturales, a la autodeterminación de los pueblos, a la consulta y consentimiento libre previo e informado, a la seguridad alimentaria entre otros tantos, a los que el estado nacional se comprometió a respetar y garantizar internacionalmente mediante la ratificación de tratados de derechos humanos, como la Convención interamericana de Derechos Humanos, el PIDESC, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 

También entendemos que este modelo de desarrollo extractivista y neocolonial es determinante en la no inclusión de los humedales altoandinos en el inventario nacional de Humedales, por eso instamos a que se convoque a los pueblos y naciones involucradas a debatir el inventario, así como la Ley Nacional de Humedales en su totalidad. 

Organizaciones Firmantes:
Ayllu Abralaites (4 Comunidades), Juntos Podemos en un ambiente sano, Autoconvocados de Purmamarca, Andhes, Comunidad Atacameños del Altiplano de Catamarca, PUCARA Pueblos Catamarqueños en resistencia y autodeterminación, Colectivo Antiextractivista, CONSEJO DE PUEBLOS ORIGINARIOS LLANKA’J MAKI, Comunidad Cueva del Inca, Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy, Vecinos Autoconvocado s de la Cuenca del Juramento, Fundación Árbol en Pie.

Información compartida por la Red Chacha warmi

Cuerpos y Libertades Voces de las Mujeres Indígenas

AREYEDE, con el apoyo de Católicas por el Derecho a Decidir Salta realizó producciones de
audios y cartillas en el marco de la campaña «Cuerpos y Libertades Voces de las Mujeres
Indígenas» que fue presentado el 29 de octubre de 2020 y contó con la participación de las
lideresas y comunicadoras del GDA, Edith Martearena de la comunidad Guaraní y Nancy
López de la comunidad Wichí, Dora Barrancos, asesora presidencial y socióloga feminista,
Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación,
Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la
Nación, Luz Aquilante, Directora Ejecutiva del Fondo de Mujeres del Sur.

Mira la presentación!

Salta flexibiliza exigencias para desmontes

La Secretaría de Ambiente de la provincia del norte, una de las más arrasadas por los desmontes, emitió una resolución que permite cambios de uso del suelo sin audiencia pública y manejo de bosques nativos con ganadería integrada sin Evaluación de Impacto Ambiental y Social. “Va a ser un crimen”, dicen los pequeños productores.

El gobierno de la provincia de Salta, a través de su Secretaría de Ambiente, emitió la resolución 333/2020, que flexibiliza de manera sorprendente las exigencias para el manejo sustentable de la tierra y quita instancias de participación y control. La resolución generó preocupación en los pequeños productores que cuidan el monte de Salta, una provincia que registra una de las tasas de deforestación más altas del mundo en los últimos años.

Por un lado, el texto exime a los planes cambio de uso del suelo que se consideran “de baja intensidad” de atravesar la instancia de la audiencia pública. “Respecto de los Planes, que por su baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social, la Autoridad de Aplicación podrá eximir al proponente de la celebración de la correspondiente audiencia pública”, indica el artículo 1.

“Siempre se piensa en el comercio. Yo también soy productora ganadera, pequeña productora ganadera, y no por eso dejo de pensar en el medio ambiente”, criticó Lucía Ruiz, de la organización Unión y Progreso de Morillo (Salta), miembro de ENI Argentina.

En el caso de los planes de manejo de bosque nativo con ganadería integrada en zonas inferiores a 1500 hectáreas inclusive se elimina el requerimiento de un Estudio de Impacto Ambiental y Social y solo se exigirá “una Declaración Jurada de Aptitud Ambiental”.

Ruiz, miembro de la organización Mujeres Defensoras de Morillo, aseguró: “Nosotros que utilizamos 200, 250 o hasta 300 hectáreas, estamos tratando de reforestar el monte y no degradarlo más de lo que está. Eso va a ser un crimen”.

“Nosotros que utilizamos 200, 250 o hasta 300 hectáreas, estamos tratando de reforestar el monte y no degradarlo más de lo que está. Eso va a ser un crimen”.

Lucía Ruiz – referenta de las mujeres campesinas de Salta
Esto es un retroceso en lo dispuesto en la ley vigente hasta ahora –la Ley 7070, que incluía las dos exigencias que se eliminan ahora- y va en el sentido contrario al Acuerdo de Escazú, al cual el Congreso argentino adhirió hace solo algunas semanas, con aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado.

“Si antes, estando la ley vigente hacían lo que querían, con esta flexibilización imagínense cuántas miles de hectáreas se van a desmontar. Esté la ley o no esté, los productores grandes no la respetan”, advirtió Ruiz.

Leé la nota completa en la página de ENI Argentina

Mujeres Defensoras Ambientales en América Latina: “Luchar por el territorio es luchar por la vida”

Del 7 al 11 de septiembre, se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, una de las reuniones sobre DD.HH. más importantes del continente americano. Es por esto que en el marco de este Foro, distintas iniciativas promovidas por la International Land Coalition LAC y organizaciones socias, como Iniciativa Mujer Rural; Iniciativa Defensores de la Tierra; Land Matrix LAC; ENI Argentina; ENI Ecuador; ENI Perú; ENI Guatemala, Iniciativa Tierra y ODS y el Programa Defensoras Ambientales, queremos difundir las voces de mujeres defensoras ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú que vienen resistiendo a múltiples vulneraciones a sus derechos al defender los territorios.

El actual contexto mundial de crisis humanitaria provocada por la pandemia, es a su vez producida y agravada por problemas preexistentes de los que las industrias extractivas son responsables. La deforestación, la contaminación de cuencas, así como el incesante avance de la frontera agropecuaria, están impactando de manera agresiva sobre el planeta, pero principalmente sobre los territorios rurales, generando un contexto altamente riesgoso para las comunidades, en especial para las y los defensores ambientales.

La criminalización y violencia sobre las personas defensoras ha aumentado en el contexto de pandemia, donde los Estados latinoamericanos parecen solo hacer frente a la crisis económica con la entrada de divisas desde el sector agropecuario y las industrias extractivas, lo que intensifica los conflictos con las comunidades rurales.

Ante esta situación, es urgente visibilizar las luchas y resistencias de las defensoras ambientales, protectoras de los Derechos Humanos que hoy se encuentran en la primera línea de defensa de los territorios frente a múltiples amenazas en toda la región.

V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

El V Foro “ofrece un espacio único para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros grupos interesados -incluidos los pueblos indígenas, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones internacionales- sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos”, detallan desde la organización. Hoy más que nunca es de vital importancia que los gobiernos, empresas y entidades internacionales reconozcan, y legitimen el rol fundamental que tienen les defensores de bienes naturales y el medio ambiente, para lograr un desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

En palabras de defensoras bolivianas, “luchar por el territorio es luchar por la vida” y por eso, en el marco de la V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, evidenciamos estrategias sistemáticas de empresas multinacionales para instalarse en comunidades indígenas y campesinas sin garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada. Por eso seguimos visibilizando y escuchando las voces de defensoras ambientales, exigiendo medidas concretas y puntuales de cuidado y protección por parte de los Estados y organismos internacionales.

Reivindicando el rol fundamental de las mujeres en la defensa del ambiente, y abogando por un adecuado acceso a la justicia ambiental y de género, presentamos relatos en primera persona de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Argentina

Barrio San Antonio, Córdoba Capital

Silvia Cruz, integrante de Vecinos Autoconvocados de Barrio San Antonio y Barrios aledaños, lucha desde 2012 por el cierre y erradicación de una planta de Bioetanol que el Estado decidió instalar al lado de sus casas. “Esta empresa, que tiene casi 3 hectáreas, produce bioetanol a partir de maíz transgénico. Produce y rectifica estos alcoholes al igual que el metanol, y los fracciona, se llama Porta Hnos y produce en esta pandemia, 5 veces más, el famoso alcohol en gel. Esta megaproducción contamina nuestro barrio. Nuestros niños y familias comenzaron a enfermarse en el 2012.

Hicimos estudios y relevamientos sanitarios, que dan cuenta de que muchas de las muertes, muertes súbitas y malformaciones en los niños, son producto de las emanaciones de estos químicos. La planta produce más de 700mil litros de bioetanol diario, las 24 horas del día. El peligro de morir por una catástrofe o por la contaminación ambiental es un hecho. Tenemos pruebas de que la producción de la fermentación de alcoholes y sus derivados, producen daño genético en pruebas de genotoxicidad en niños y jóvenes que se han realizado hace muy poco. Hemos sido y estamos siendo zona de sacrificio. Nos oponemos a ser sacrificados, contaminados, nos oponemos a esto y exigimos el cierre y erradicación de esta empresa de bioetanol.

Departamento Humahuaca, Provincia de Jujuy

Beatriz Débora Sajama, de la comunidad aborigen de Casa Grande, Vizcarra y el Portillo, de El Águila, integra el grupo de mujeres defensoras del hábitat natural de la comunidad. “En nuestro territorio hay una empresa minera que explota metales pesados, como el plomo, la plata, el zinc y sus derivados, hace 90 años. Hemos visto muchas irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y se han empezado a secar espacios de humedales. Esto nos ha llevado a tomar consciencia y trabajar para defender el territorio y cuidar el ambiente.

Hemos hecho gestiones a través de nuestra comunidad para que las mujeres y todos los miembros de la comunidad, puedan participar de los muestreos ambientales que lleva a cabo la empresa con análisis de aire, agua, suelo, flora y fauna. También, hemos tomado la determinación de visitar todo el predio minero y las bocas de minas que ya están abandonadas, para saber si se encuentran cerradas o en condiciones y ver cómo es el espacio de sus alrededores. Por otro lado, hemos solicitado a la empresa las remediaciones correspondientes por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames. Como grupo de mujeres seguimos trabajando para defender el ambiente en nuestro territorio y hacer respetar nuestro derechos humanos”.

Bolivia

Roboré, Provincia Chiquitos, Santa Cruz

María René Picolomini Montero, integrante de Resistencia Tucabaca Cantioca, denuncia la destrucción sistemática de Roboré. Explica que

“nos encontramos amenazados por proyectos mineros que se practicarán a cielo abierto; deforestación causada por privados en relación a decretos ilegales que promueven cambio en el uso del suelo en nombre de la seguridad alimentaria, que favorecen al agronegocio y al extractivismo; la caza y la pesca indiscriminada ponen en grave peligro de extinción a nuestra especie; el turismo desorganizado se ha convertido en otra amenaza exponencial; asentamientos ilegales y dotaciones de tierras interculturales promovida por el Estado; incendios forestales ocasionados por la quema descontrolada de privados o provocados intencionalmente por ilegales, en un afán de venganza contra quienes nos oponemos a esta política irresponsable del Estado.

También, si bien hemos conseguido frenarlos, aún están latentes y nos mantienen en alerta permanente. No importa nuestra integridad física, económica o el desconocimiento de nuestro trabajo, más bien nos criminalizan como defensoras ambientales todo por un bien mayor. Hemos rechazado a empresas mineras pero la lucha en nuestro municipio aún es contra las propias empresas estatales, como la Corporación Minera de Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la autoridad de bosque y tierra”.

Zona Caaguazú, Santa Cruz

Lourdes Miranda Tiguayo, guaraní integrante de CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas), explica: “La defensa es parar o dar de baja el proyecto hidroeléctrico Rositas que está en Santa Cruz, que comprende ocho represas pequeñas que atentan contra la vida de nuestra comunidad y también de la naturaleza. Entonces, hemos venido luchando con un gobierno que ha destapado estos megaproyectos hidroeléctricos que nos afecta a los territorios porque no hay consulta ni consentimiento.

Por otro lado, como territorio guaraní en la zona de Aguaragüe donde las empresas petroleras hacen incursión, han dejado pasivos ambientales, y los hermanos de las comunidades están para que no haya contaminación de las empresas petroleras. Sin embargo, siguen, y hay decretos que ha dejado el gobierno de Evo Morales, donde la empresa tiene toda la potestad de hacer y deshacer con estas comunidades, y eso es lo lamentable. Ahora, reclamamos Justicia, por que es una violación a los derechos humanos atentar contra nuestra vida y cuando contaminan el agua, atentan directamente contra nuestra vida. A estas empresas y estos megaproyectos, el gobierno los protege con una Ley incluso por encima de nuestros derechos como pueblo indígena.

En Aguaragüe, las empresas petroleras están poniendo demandas, procesos legales a los hermanos guaraní por defender sus territorios, sus derechos, por defender que no se le contamine el agua. Cuidamos la vida a través del territorio, queremos pedir ayuda para hacernos escuchar ante estos atropellos que vienen pasando aquí en Bolivia”.

Paraguay

Comunidad Pueblo Qom, Bajo Chaco

Bernarda Pesoa lucha contra los monocultivos industriales de árboles de Eucalipto en su zona, la localidad de Cerrito. Cuenta que “nosotros ya estamos quedando casi sin agua, más allá del Chaco ya está sufriendo sequía. En este territorio nosotros tenemos nuestro pozo por qué es una acción de autogestión de parte nuestro y defendemos mucho el agua y la tierra porque sabemos que las leyes nos amparan. Dentro de una comunidad colectiva ahora, en plena pandemia, no se respetaron los protocolos de las comunidades indígenas, tampoco fue respetada la Ley 904, que no permite el alquiler ni el arrendamiento de tierra, y la Constitución Nacional. Nos disgusta lo que están haciendon, la empresa Fundación Paraguaya especialmente.

Hoy fui a la Fiscalía de medio ambiente, el lunes vamos al Ministerio de medio ambiente a levantar una denuncia y hacer seguimiento de estas actividades porque no somos partícipes de estas actividades, no nos tienen en cuenta. Acá hay muchísimas comunidades, nosotros decimos no a la explotación de tierra para el beneficio de las grandes empresas, sí al medio ambiente sano, sí a la alimentación sana y no queremos eucaliptos en nuestras tierras”.

Colombia

Córdoba, Colombia

Yina Sánchez, que pertenece al GTTC (Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba), dice que “la manera en que la extracción energética ha afectado a las comunidades de Tierradentro es sobre todo, en las fuentes hídricas. Estas fuentes de toda esta zona se han ido secando, por lo tanto hay una fuerte ola de calor y una sequía grande. En este momento, la extracción de carbón está en unos territorios que nunca antes habían hecho esa acción minera”.

Por su parte, Jemina Chica, gobernadora suplente del Cabildo Indígena, explica: “Muy cerca de mi municipio está una de las empresas de Colombia que es Cerro Matoso. Desde ahí me ha tocado ver cómo han ido poco a poco, dañando los ríos, matado peces, dañado el aire. Desafortunadamente he tenido que ver también, muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonía, respiratorias. Estas multinacionales vienen y extraen lo que necesitan y se lo llevan”.

“Se ha presentado una situación con la empresa Urrá, ya que ellos piensan establecer 400 hectáreas de paneles solares para generar energía y venderla. Ahora, sucede que ellos al implementar esta fotovoltaica van a tener que trasladar a las personas que cosechan ahí a otros territorios”, detalla Yamile Esquivel, habitante de Tierralta.

Por último, Agueda Quiñonez, integrante del Pueblo Zenú, denuncia: “Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones del Ministerio de minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño a la vida, al medioambiente. No nos han hecho consultas previas a nosotros como comunidad indígena”.

El avance de la actividad extractiva sobre los territorios genera un contexto altamente riesgoso para las comunidades, donde mujeres y niños y niñas son los más vulnerables. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y/o sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las defensoras ambientales.

Ante este contexto, seguimos en pie de lucha denunciando, articulando, resistiendo, “luchar por el territorio es luchar por la vida”.

Foto de portada: Fundación Plurales

Informe EPU Alternativo de Paraguay

El Examen Periódico Universal (EPU) es un análisis de la situación de los derechos humanos en el mundo del que participan los 193 Estados que son miembros de las Naciones Unidas (ONU). Es una evaluación entre pares, en la que cada cuatro años y medio cada país es analizado por los otros. El EPU fue creado por la Asamblea General de la ONU en 2006 y es el único mecanismo universal de este tipo.

En el Consejo de Derechos Humanos, cada Estado debe presentar un informe de los avances en la materia. Los demás Estados hacen preguntas al país que es evaluado y le realizan observaciones, lo que se conoce como “evaluación de pares”. Luego el análisis de los avances se realiza teniendo en cuenta la información brindada por cada Estado en su informe nacional y la que aportan la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. En una sesión posterior, se adopta el informe final que incluye recomendaciones a cada Estado y los compromisos voluntarios asumidos en el marco de esta evaluación. En los años que transcurren entre una evaluación y la siguiente, un ciclo de 4 años, el Estado debe implementarlos.

En esta oportunidad, Fundación Hugo, de Paraguay, junto a Fundación Plurales finalizó el 3° Informe EPU Alternativo de Paraguay. Documento que está planteado desde las voces de las Mujeres Indígenas y defensoras ambientales, centrado en cuestiones del derecho al agua y al territorio.

Este informe fue construido a partir de talleres participativos y comunitarios, y la utilización de fuentes secundarias, en el marco de distintas iniciativas regionales como el Programa Defensoras Ambientales, el Programa Sedcero, la Alianza Global por el Género y el Clima (GAGGA), y la Plataforma Semiáridos de la International Land Coalition América Latina (ILC LAC). Colaboraron gobiernos locales, comunidades y organizaciones indígenas, Organización de Mujeres Mismo Indígena (OMI), Red de Mujeres Guaraní de Macharety, Santa Teresita y Yvopey, Ayoreas de Campo Loro, Nueva Promesa y Grupo de Mujeres de la comunidad Yakye Axa y Colonia 96.

El pasado lunes 19 de octubre a las 17hs (ARG y PY), en un vivo desde el Instagram de Fundación Plurales, se compartieron todos los detalles de las cifras y datos y cuáles son las recomendaciones que le hacen al Estado de Paraguay.

La Fundación Hugo Daniel Ramírez Osorio es un organismo no gubernamental, autónomo, autogestionario y sin fines de lucro, creado para promover los valores de la justicia social, el respeto y la búsqueda de una sociedad más igualitaria y basada en los principios de la libertad y fraternidad. Fue aprobada por el Decreto presidencial número 5692, en diciembre de 2010.

Promueve la profundización de la democracia, con enfoque de derechos y equidad de género, para el desarrollo participativo y sustentable de los pueblos, comunidades y familias que habitan el Paraguay. A través de tres programas, trabaja a favor de los derechos de las mujeres indígenas, el desarrollo económico con sustentabilidad ambiental y los derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Creemos que las recomendaciones de este informe son un enorme aporte para conocer y mejorar las actuales condiciones de pueblos indígenas, defensoras ambientales, derecho al agua y derecho al territorio en Paraguay.

La nota completa la encontrás en la página de Fundación Plurales