Derechos a la Tierra seguros para hacer frente al Cambio Climático

El acceso seguro a la tierra y la gobernanza de la tierra centrada en las personas son aspectos clave en las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático (CC). Pese a ello, han estado ausentes en las discusiones sobre CC, por lo que se necesitan trazar agendas que permitan poner el foco en el vínculo de estas temáticas.

USO DE LA TIERRA Y CAMBIO CLIMÁTICO
En las últimas décadas, la actividad humana –incluido el uso de la tierra y el agua dulce– se ha incrementado de una forma sin precedentes por el crecimiento poblacional y los cambios en los patrones de consumo, generándose el aumento de gases de efecto invernadero (GEI) que ocasiona el calentamiento del planeta.

La forma en la que se utiliza la tierra impacta directamente en el CC. Algunos aspectos centrales a tener en cuenta de acuerdo al IPCC[1] son: los suelos y sus usos son fuentes de emisiones y, a la vez, colectores de emisiones de GEF, por lo que es necesario prestar atención a su utilización; los ecosistemas terrestres, la biodiversidad y los servicios que estos generan, así como las personas que dependen de estos son sumamente vulnerables al CC; los crecientes impactos biofísicos del CC pueden agudizar procesos que ya están en marcha como la desertificación o la degradación de la tierra.

El impulso de una matriz energética basada en productos agrícolas requiere frecuentemente un uso exclusivo y extensivo de la tierra (monocultivos para biodiesel, etc.), lo que plantea serias presiones sobre la tierra, el agua y otros recursos de las comunidades locales y daños al ecosistema. Otro riesgo asociado a esto último es que la producción agrícola para generar energía compita con la que se dirige a la producción de alimentos.

LAS COMUNIDADES LOCALES SON EXTREMADAMENTE VULNERABLES ANTE EL CC
Las comunidades que dependen de la tierra y los territorios –pueblos indígenas, pequeños agricultores, entre otros – son sumamente vulnerables ante el CC por distintas razones. Los impactos que se generan por las interrelaciones entre las presiones y el CC en las comunidades dependen del tipo de desarrollo que se dé en sus territorios.

Las vulnerabilidades que se derivan de las condiciones socioeconómicas de las comunidades –que pueden ser previas al CC– no solo se agudizan con este, sino que limitan seriamente la capacidad de adaptación de dichas poblaciones.

Un ejemplo es lo que ocurre con las mujeres, quienes deben desplazarse más lejos y trabajar más para acceder el agua durante las sequías generadas por el CC, o el hecho de que los mayores y los niños son más vulnerables a las olas de calor y a las enfermedades asociadas a los cambios producidos por el CC.

DERECHO A LA TENENCIA SEGURA DE LA TIERRA PARA COMUNIDADES FRENTE AL CC
Pese a que el cambio climático está estrechamente vinculado a los derechos a la tenencia segura de la tierra de las personas y colectivos que viven de esta – pueblos indígenas, agricultores/as, entre otros–, es un aspecto que no ha estado presente en las negociaciones y políticas internacionales en la misma medida que otros temas vinculados al medio ambiente y la conservación.

El manejo sostenible de la tierra –que se asocia en gran medida al uso que hacen los pueblos indígenas, los agricultores familiares, entre otros– atiende a múltiples propósitos, incluyendo la reducción de los impactos de distintas perturbaciones como el CC o eventos extremos que van más allá del clima.

La carencia de derechos a la tenencia segura para las comunidades locales generan una serie de consecuencias adversas.
La ausencia de derechos seguros afecta severamente sus vidas en situaciones de riesgo generadas por el CC (por ej. pérdida total de la tierra ante desastres). La carencia de los derechos a la tierra también puede colocar a estas comunidades en situaciones críticas frente al acaparamiento de tierra –y otros recursos- asociados a los monocultivos para generar bionergía.

También hay que considerar que el hecho de que los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques no cuenten con derechos de tenencia seguros puede dar lugar a que estén ausentes en ciertos espacios y en las políticas de mitigación y adaptación; o que se entreguen sus tierras a compañías dedicadas a la producción de biocombustible para medidas de mitigación y adaptación. El escaso o nulo reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra y su exclusión de las acciones para afrontar el cambio climático también contribuye a que se perpetúe la desigualdad y la pobreza que este sector padece.

LA LUCHA DE DEFENSORES DE LA TIERRA BENEFICIA AL PLANETA
Es importante poner en valor el rol que desempañan las comunidades locales en la defensa de la tierra, el agua y los bosques, dado que su lucha beneficia al mundo entero.

En América Latina se cuenta con el Acuerdo de Escazú,de gran relevancia por ser el primer acuerdo regional para proteger los derechos humanos en materia ambiental. Constituye un marco legal e institucional innovador que facilita que los países generen estrategias y soluciones climáticas tomando en cuenta los derechos humanos y de los pueblos indígenas y procesos participativos y democráticos, por lo que su ratificación y puesta en marcha por parte de los Estados es central.

ARQUITECTURA GLOBAL/REGIONAL DEL CC
Las Conferencias de las Partes (COP) son centrales porque permiten denunciar temas específicos y focalizar la atención de los gobiernos y de distintos sectores de la sociedad civil en temas críticos que pueden estar ausentes.

En los últimos años se han incorporado en las convenciones climáticas temas de gran relevancia como el género o los derechos de pueblos indígenas en el abordaje del CC. Un plan de género fue adoptado en la COP 2019 tras una serie de acciones impulsadas en las últimas décadas para que este tema sea cada vez más abordado en estos procesos. De otro lado, en 2015 surgió la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas para facilitar el intercambio de conocimientos tradicionales y el involucramiento de estos en las negociaciones climáticas, tras un trabaja de años del foro internacional de PPII.

PERSPECTIVA A NIVEL GLOBAL DE LA ILC SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y TENENCIA SEGURA DE LA TIERRA
La International Land Coalition tiene en claro el papel central que tiene la tenencia segura de la tierra y la gobernanza de la tierra centrada en las personas en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

El enfoque de la ILC –que se recoge en un brief con orientaciones políticas de próxima publicación– coloca en el centro de la lucha contra el CC a las y los pobladores rurales que viven de la tierra, dejando de lado una visión instrumentalista de estos.
Conscientes de que la cuestión de la tierra es un tema de poder y un punto frágil en las negociaciones internacionales, se plantea la necesidad de identificar en qué etapas de la formulación de políticas referidas al CC debe ser abordada y la relevancia de llevar a la palestra la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales y mujeres en el contexto de cambio climático.

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA DEFINICIÓN DE ACCIONES
Además de lo anterior, existen diversas entradas que se pueden explorar para abordar los derechos a la tierra en el marco del CC. Una puede ser la gobernanza adaptativa como perspectiva para abordar las dimensiones sociales que habilitan y permiten la gestión adaptativa en los territorios.

La gobernanza adaptativa vincula a diferentes actores (organizaciones, agencias e instituciones) de forma similar a una red social, permitiendo que los diversos conocimientos y experiencias (científicos, indígenas y/o locales) generen un entendimiento común que puede dar lugar a políticas en donde la cuestión de la tierra sea abordada en toda su complejidad para hacer frente al CC.

La vinculación entre distintos actores, incluyendo organizaciones sociales y aquellas que trabajan en los territorios, es central para avanzar hacia nuevas fórmulas que permitan una adecuada gestión de estos frente al calentamiento global.

Otro punto a considerar es la necesidad de repensar los sistemas de tenencia y plantearse cuáles podrían ser los sistemas de tenencia adecuados para los distintos territorios, así como retomar la discusión sobre cuáles son los bienes comunes y la supremacía de la propiedad privada como el paradigma.

Es vital poner el valor los conocimientos, el uso y la gestión que hacen los pueblos indígenas de los ecosistemas naturales, teniendo en cuenta que aquellos que son gestionados por estas poblaciones están en mejores condiciones, lo cual ha sido reconocido también por actores internacionales como el IPCC.

Esta nota recoge los resultados del webinar “Cambio Climático y Derechos a la Tierra: elementos clave” organizado por la International Land Coalition ALC el 16 de junio, la primera edición de una serie de tres webinars sobre cambio climático que organiza la coalición en la región dirigido a plataforma regional de miembros de ALC.

Lee la nota completa en la página de la International Land Coalition de América Latina

Arde Córdoba: todo fuego es político

Desde Córdoba, donde el fuego ya arrasó con 300.000 hectáreas de bosques, la periodista y poeta Eloísa Oliva reflexiona sobre la catástrofe socioambiental que vive la provincia, la violencia capitalista que atenta contra la vida y la lucha que emerge desde abajo para frenar el ecocidio.

ELOÍSA OLIVA

octubre 19, 2020

“Crecí pensando que la rotura de un caño en Burzaco era más importante que un incendio en mi pueblo”. La estructura elástica de esa frase, ejemplar y sintética, era usada hace años por una amiga para ilustrar algo que hoy se debate desde múltiples movimientos: no estar en los medios es casi no existir. La cuota en la representación, en la agenda, en el debate público. El poder de la macrocefalia mediática en la autopercepción. El relleno de la segunda parte es propio y contextual: 14 provincias arden hoy en Argentina. Entre ellas, Córdoba, donde vivo y donde ya se quemaron 300.000 hectáreas.

La comparación lo deja más claro: en lo que va de 2020, en Córdoba se perdieron casi 20 ciudades de Buenos Aires de monte, 20 ciudades de Buenos Aires de bosques nativos e implantados. Ardieron las laderas de los cerros, el fuego casi se lleva uno de los observatorios astronómicos más antiguos de Argentina. Se vieron imágenes apocalípticas: una vecina tratando de parar las llamas con una cruz de madera; animales lastimados, huyendo despavoridos; bomberos manchados de ceniza, tosiendo, intoxicados.

En un año cruzado por la metáfora de la respiración, del I can´t breath a los pulmones tomados por el COVID-19, ese fuego y esa asfixia no pasan desapercibidos. Imaginemos por un segundo a los enfermos de tuberculosis de antaño en Santa María de Punilla rodeados por las llamas tóxicas. A Alfredo Alcón, en la piel del Juan Carlos de Boquitas pintadas, tosiendo en las terrazas del bello y melancólico hospital. Pero el problema es mucho más grave que el fuego. El problema es qué pasa ahora: con el suelo, el aire y con nosotros, y quién lo decide.

El nombre del mundo es bosque

“El reemplazo de una hectárea de bosque por una de cultivo agrícola libera 51,5 toneladas de carbono a la atmósfera, el equivalente al dióxido de carbono que emiten 40 argentinxs promedio en un año”. El dato está en una nota que hice hace varios años, sobre una investigación del Instituto Multidisplinario de Biología Vegetal (Imbiv/UNC CONICET). Georgina Conti, investigadora del equipo que llevó adelante el estudio, explicaba entonces que “cualquier reducción en la cobertura del bosque implica que el carbono acumulado a lo largo de años se libere, emitiéndolo nuevamente a la atmósfera como dióxido de carbono. Esto implica una pérdida en la capacidad de esos bosques de secuestrar carbono y, así, mitigar el efecto del cambio climático global”.

Otro dato que se mencionaba en esa nota es que los bosques del noroeste cordobés, en conjunto con otros sistemas semiáridos del hemisferio sur, juegan un rol central en la regulación de las variaciones de dióxido de carbono atmosférico a nivel global. Esos mismos bosques que hoy se disiparon en el aire, humo negro, pura ceniza en los pulmones y en la tierra.

Arde Córdoba

La escala de la catástrofe socioambiental y su ausencia de representación mediática fue lo que impulsó a una socióloga y una docente a entablar un diálogo rápido con algunxs conocidxs: “¿Qué podemos hacer para que los medios levanten lo que pasa en Córdoba?”.

Después de dos días de gestión y charla incesante y desordenada por Whatssap, emergió Arde Córdoba, un colectivo autoconvocado con un objetivo inmediato: hacer un “proyectorazo” que llegara a todas partes para saltar el cerco mediático local. Nadie imagina desde afuera de estas tierras lo desolador que es este aislamiento. Y en un verano que no tendrá turismo, no habrá escenas de la “temporada”, ni siquiera hay una imagen que cuidar.

Arde Córdoba se constituyó y se enunció como un colectivo autoconvocado de artistas, investigadores, activistas y ciudadanxs en general. “Un grito comúnque amplifica el ecocidio”, que busca que “se vean las llamas del monte y el dolor de las comunidades”. Su manifiesto resume: “se arrasó con la flora, la fauna; se afectaron suelos, cuencas hídricas, el aire que respiramos. Se destruyeron economías y culturas campesinas. Se perdieron vidas peleando para apagar los incendios. Esta devastación no es natural, es política-económica-financiera y tiene blindaje mediático. El Estado provincial es el principal responsable. Esta devastación busca extinguir la vida, prepara el terreno para el extractivismo inmobiliario, minero y el agronegocio. Pero no permitiremos que esa devastación proponga otro mapa. Vamos a gritar a mil voces y mil veces que esos territorios devastados deben ser cuidados: ¡Donde hay cenizas, habrá monte! ¡Donde hubo incendios, habrá bosques!”

El movimiento espontáneo se cristalizó entonces en varios caminos paralelos y necesarios. Por un lado, y como principal acción, se generó una imagen poderosa que obligó a prestar atención: el fuego sobre los edificios. Hubo proyecciones simultáneas en 17 localidades, entre pueblos serranos, la ciudad de Córdoba, Buenos Aires y Ushuaia.

En esas imágenes, cedidas por artistas que las compartieron en un banco audiovisual colaborativo, se hizo un recuento de lo que perdemos: flora, fauna, economía, cultura, suelos, aire, cuencas. Se señaló responsables, asumiendo una posición política clara: el Estado provincial, operador aliado con el capitalismo más violento, rapaz y necrófilo, el del agronegocio, la ganadería, el negocio inmobiliario y el extractivismo minero.

Y también, se propuso un curso de acción, una perspectiva de futuro, porque esa es la disputa: la propuesta de la restauración ecológica. Porque donde hay cenizas, habrá monte; donde hay incendios, habrá bosques. No emprendimientos inmobiliarios, no nuevas zonas de pastoreo, no campos frescos para soja ni tampoco espacio para dar paso a la explotación minera o a la obra pública monumentalista y sin consulta previa del cordobesismo.

Si el núcleo de la violencia capitalista es destruir el ritmo de la vida, Arde Córdoba se inscribió y se inscribe en esa pelea política por restaurarlo, por preservarlo; por politizar el cuidado. Se entronca en luchas, movimientos y demandas mucho más amplias, a las que les puso una imagen (fugaz pero potente), una escena a la que ni el Congreso de la Nación pudo sustraerse: las llamas en todas partes. Ahora, toca saber si en adelante importarán más esas llamas que la rotura de un caño en Burzaco.

FUENTE: https://latfem.org/arde-cordoba-todo-fuego-es-politico/

Mujeres rurales en defensa del derecho a la tierra y al territorio

“En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorios obliga a las mujeres rurales a ‘poner el cuerpo para resistir’ ante las condiciones de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la criminalización de sus luchas”. Invitamos a Elba Núñez, feminista, abogada y trabajadora social, a escribir sobre la situación de las mujeres rurales hoy en la región.

Por Elba Núñez*

En América Latina, unos 58 millones de mujeres viven en el campo. Sin embargo, solo el 30 por ciento de ellas posee tierras agrícolas y apenas el cinco por ciento (en el mundo) tiene acceso a la asistencia técnica para la producción. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), en la mayoría de los países de la región las mujeres rurales no son dueñas de la tierra y enfrentan mayores obstáculos para acceder a ella, a la tecnología, a los créditos, a los mercados y a la infraestructura.

Con la expansión del extractivismo, se ha incrementado la presión por las tierras y los territorios. Los sectores agroganadero, forestal, minero, hidroeléctrico están causando la deforestación y la contaminación de los suelos y las reservas de agua.

Conforme a los estándares de derechos humanos, ratificados por los estados de la región, los mismos estados están obligados a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales, así como a promover su empoderamiento a fin de garantizar, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el disfrute pleno y equitativo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entre ellas, está incluida la posibilidad de perseguir, participar y beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, político y cultural [1] .

Sin embargo, en las Américas, y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019), la pobreza y la exclusión afectan de manera desproporcionada a las mujeres rurales. Ellas también enfrentan riesgos aumentados de los efectos del cambio climático, como riesgos de salud y seguridad, dado que asumen una mayor carga de trabajos domésticos y de cuidado. Su acceso al agua, a educación y a servicios de salud es limitado, y persisten barreras para su acceso a servicios bancarios, administrativos y de documentación civil.

RELACIÓN INTRÍNSECA CON EL DERECHO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La profunda desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres de manera diferenciada coloca así obstáculos particulares para el acceso a la tierra y al territorio.

Desde la mirada de las defensoras, ellas mantienen una relación intrínseca: la tierra y el territorio involucran la cultura, la espiritualidad, la educación, los valores e identidades [2]. Por lo tanto, la falta de acceso a este derecho impide la realización de otros derechos.

En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorios obliga a las mujeres rurales a “poner el cuerpo para resistir” ante las condiciones de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la criminalización de sus luchas.

Frente a estos embates, ellas están de pie y resisten. Desarrollan nuevas formas de relacionarse y de tejer solidaridades en los territorios. Las mujeres rurales e indígenas siguen conectadas, intercambian y comparten reflexiones sobre cómo opera el extractivismo; cómo les afecta la mano del patriarcado capitalista, que les quita sus bosques y ríos, y cómo en el contexto de pandemia han visto multiplicadas sus tareas de cuidado.

Las mujeres rurales sufren violencia doméstica y, sin embargo, son pocas las que acuden a los servicios disponibles, según consigna un estudio llevado a cabo en varios países por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La violencia de género y el acceso a la justicia siguen siendo uno de los mayores obstáculos para ellas, así como la falta de respuesta en materia de políticas públicas para asegurar la protección de las víctimas en las comunidades.

En el contexto de la defensa de sus tierras y territorios, las mujeres rurales, indígenas y campesinas están expuestas a situaciones de acoso, amenazas, hostigamiento, desalojo, arresto arbitrario, tortura, difamación y criminalización creciente, ante las escasas políticas efectivas de protección por parte de los estados. Existe un uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones de protesta social, así como estrategias de amedrentamiento dirigidas a que las lideresas desistan de sus luchas, lo cual incrementa su vulnerabilidad, tal como reconoció la propia CIDH [3].

No obstante, vale la pena mencionar que existen algunos avances en la jurisprudencia, que reconocen el vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Por un lado, puede citarse el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas respecto al caso conocido como “Colonia Yerutí”, contra el Estado paraguayo. El caso surge por la presunción de que cuatrocientas personas podrían haber sido víctimas de una intoxicación masiva por uso de agrotóxicos para cultivo de soja, en zonas cercanas a la comunidad. En 2011, ya había muerto un agricultor.

El Dictamen del 20 de septiembre del 2019 insta al Estado paraguayo a realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos en la zona. Dispone, además, la obligación de garantizar la reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados; sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente, y reparar integralmente por el daño sufrido, incluida una indemnización adecuada. Igualmente, dispone que el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.

Por otra parte, en Argentina la sentencia judicial del 5 de febrero de 2020 en el caso “González, Sonia María y otros c/ Municipalidad de Sastre”, marca un hito en la jurisprudencia en la materia. El fallo prohibió aplicar fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos en el radio de 800 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz (provincia de Santa Fe). Sienta así un precedente histórico, dado que admite las evidencias científicas relacionadas a la toxicidad del glifosato, y extiende la protección a toda una comunidad. Igualmente, obliga al municipio a legislar y controlar.

Sin embargo, y más allá de estos valiosos avances citados que las comunidades deben conocer y usar para ampliar y garantizar sus derechos, preocupa la persistencia en el acceso limitado de las mujeres a los derechos fundamentales.

A pesar de su rol en la agricultura, y de que el desarrollo rural, la alimentación, la nutrición y la reducción de la pobreza estén ampliamente reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos, persiste una gran brecha para garantizar la igualdad de género, para que las mujeres gocen de vidas libres de violencias, ciudadanías plenas, y puedan ejercer el derecho humano a la tierra y al territorio en armonía con el medioambiente.

Urge un mejor diseño de políticas públicas, y presupuestos adecuados con enfoque de género para empezar a acortar esas  brechas que profundizan las desigualdades que las afectan.

Notas

[1] Naciones Unidas, 2018:7

[2] Memoria Juntas, conectadas y en resistencia. Encuentro de Defensoras Ambientales de Argentina, Bolivia y Paraguay, modalidad virtual. 2020.

[3]  Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas.

* Elba Núñez es feminista paraguaya, trabajadora social y abogada. Investigadora. Docente universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), militante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Paraguay).

FUENTE: https://www.mujeresdelsur.org/mujeres-rurales-en-defensa-del-derecho-a-la-tierra-y-al-territorio/

Defensoras ambientales en tiempos de coronavirus

¿Cómo se vive el aislamiento en los distintos territorios de la región? Conversamos con defensoras ambientales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Uruguay para conocer sus reflexiones sobre el origen, impacto y consecuencias del COVID-19. Por una nueva normalidad ecofeminista.

AZUL CORDO Y MARÍA PAZ TIBILETTIseptiembre 19, 2020

Defensoras del agua del Famatina
Asamblea por la vida de Chilecito, La Rioja (Argentina)

Para quienes vivimos en este territorio es bien complejo el aislamiento. No tenemos una cultura virtual y nuestras relaciones son cuerpo a cuerpo. Así que esta cuarentena al principio nos dispersó un poco, pero luego nos dimos cuenta que el extractivismo no hace cuarentena, y nos vimos obligadas retomar acciones, siempre cuidandonos, y fuimos re armando la Red de Defensa del Territorio. Por otro lado, fortalecimos la red de apoyo a las mujeres que la están pasando mal, ya sea porque sus trabajos eran informales y quedaron sin laburo, porque sus hijes reciben tareas escolares virtuales y no están preparadas para ayudarlos o no cuentan con los soportes tecnológicos o bien porque no tienen dinero ni para comer. También estamos muy atentas a la ayuda de mujeres violentadas en sus propios hogares. Estamos absolutamente seguras de que esta pandemia y otras enfermedades tienen una relación directa con el deterioro y daño a nuestra Pachamama. Estamos fortaleciendo nuestro accionar para que como pueblos repensemos nuestras formas de habitar el territorio. Nosotres no queremos volver a la normalidad, esa que nos mata. Estamos seguras de que hay otras formas de vivir y de relacionarnos, de producir y de consumir, y ese es el Buen Vivir.

Patricia Chaves
Espacio Feminista para la Democracia y los Derechos Humanos (Brasil)

En Brasil la situación es realmente dramática. Vivimos una gran crisis que afecta sobre todo a las mujeres y, principalmente, a las mujeres empobrecidas. Brasil es un país con una enorme desigualdad y las mujeres son las más afectadas no solo por la desigualdad social sino también por la gran informalidad en la que viven, tanto en el campo como en la ciudad. Y esto es algo que se profundizó aún más después de la reforma laboral que se aprobó en 2018.

En Brasil tenemos más de 10 millones de personas que viven en situación de extrema pobreza, algo que se agrava por la falta de acceso a la tierra, al agua, a la salud, a la educación y al trabajo formal. La pandemia ha profundizado aún más la desigualdad y no hubo políticas de contención social. Por el contrario, se ha implementado una medida que limita la inversión pública -incluso en políticas sociales- y que tiene como propósito destruir los sistemas públicos, incluido el sistema de salud, en plena emergencia sanitaria. Y esto se cruza con otras dos cuestiones: el racismo y la invisibilidad. Racismo porque el 67% de los brasileños y las brasileñas que dependen del sistema público de salud son personas negras. Invisibilidad porque hay una gran parte de la población brasileña que no está inscripta en los sistemas públicos y a quienes las políticas de mitigación de la pandemia no les llega. Desigualdad, informalidad, racismo e invisibilidad. Factores que impactan más sobre las mujeres y, sobre todo, sobre las mujeres pobres y las mujeres negras.

La situación en los territorios es muy triste porque las mujeres tienen que elegir entre el hambre o el cuidado frente a la pandemia, sobre todo aquellas que están en el sector informal de la economía y que dependen del día a día para alimentar a su familia.

Como feminista, aún más que como defensora ambiental, mi reflexion es que la pandemia produjo una profundización y al mismo tiempo desnudó las desigualdades de nuestra sociedad. Una sociedad capitalista, patriarcal, sexista y profundamente racista. Brasil es un país muy rico y si hay personas tan pobres, entonces es porque hay otras muy ricas. La pandemia trajo muy fuertemente al debate público una discusión sobre las sociedades tremendamente injustas y desiguales en las que vivimos. Y, si pensamos en la cuestión ambiental de una forma más sistémica, creo que esta pandemia es una respuesta a la forma en la que vivimos y cómo tratamos a la naturaleza, y eso nos obliga a una reflexión sobre cómo queremos vivir y relacionarnos con la naturaleza.

Esta debería ser una oportunidad de cambiar el sistema y discutir fuertemente lo que queremos como humanidad para nuestro futuro. No soy optimista en relación a la post-pandemia. Lo que vemos ahora es un profundo avance de las fuerzas fascistas, capitalistas y extractivistas, pero dependerá mucho de nosotrxs y de nuestra capacidad de enfrentarlas. Tenemos que estar muy atentxs.

FOTO: NATALIA ROCA – FMS

Luz Mery Panche
Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán – Foro Social Panamazónico
 (Colombia)
En la Amazonía en general es muy crítica la situación de los pueblos originarios. Además de la pandemia y los asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas están los avances de proyectos extractivistas, con la entrega del territorio por parte del gobierno (de Iván Duque) a los petroleros, mineros, o para la construcción de hidroeléctricas.

A mediados de septiembre nos acercamos a los 800 indígenas fallecidos por coronavirus. Se dieron contagios muy fuertes en la región andina, donde la población indígena que ha sido víctima del conflicto armado también se encuentra fuera de sus territorios; tuvieron que desplazarse a las zonas urbanas, son los más afectados porque no tienen territorio ni comida. Tenemos varias familias en Florencia (capital de Caquetá), en Mitú (capital del departamento de Vaupés), en Inírida (departamento de Guainía) y en Bogotá. La atención por parte del gobierno ha sido mínima y la atención de salud en esta región del país es muy deficiente, precaria y racista: tuvimos que interponer una acción de tutela para que los jueces ordenen la protección de los pueblos indígenas en los seis departamentos de Colombia que abarca la Amazonía, pero hasta el momento no han cumplido.

En Colombia somos 115 pueblos indígenas; en este momento unos 40 pueblos están en altísimo riesgo de extinción física y cultural. Esto aumentó por la presencia del coronavirus. En los territorios que han entendido esta situación ya están haciendo control territorial, empleando algunos de nuestros usos y costumbres, mecanismos ancestrales de protección por parte de las guardias indígenas. En las comunidades indígenas que tenemos los resguardos, estamos viendo cómo podemos coordinar algunas donaciones para poder ingresar los productos que se necesitan; pero, de igual manera, podemos seguir resistiendo en nuestros territorios porque tenemos alimentación que la producimos nosotros mismos en la selva. Venimos fortaleciendo nuestros sistemas de soberanía alimentaria, de autoconsumo, con nuestra medicina tradicional y nuestras plantas, como siempre lo hemos venido haciendo quienes tenemos territorio. Lamentablemente mucha población indígena no tiene territorio y son por quienes estamos más preocupados por estar más afectados.

También estamos muy afectados por las masacres que se han cometido en el país (van 53 masacres este año), asesinatos de dirigentes y persecución al movimiento indígena. Estamos preparando una minga para el mes de octubre porque nuestros pueblos están en extinción, la Corte ya lo había visibilizado en el año 2009, cuando ordenó la creación de planes de salvaguarda, pero eso no se han llevado a cabo. Esperamos poder detener nuestra extinción con el apoyo y la solidaridad internacional para defender a la Amazonía como pulmón del planeta.

Viviana Catrileo
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – ANAMURI (Chile)
Vivo en Temuco, región de la Araucanía, corazón de Wallmapu.En mi entorno la pandemia afectó la vida social, política y económica, por la imposibilidad de reunirse y continuar la agenda de trabajo establecida para enfrentar las malas políticas gubernamentales orientadas al área rural y comunitaria. Fuimos creando de manera espontánea nuevas formas de comunicación ante la necesidad de colectivizar ideas sin abandonar las luchas.

La pandemia vino a empobrecer aún más a las familias mapuche campesinas que, desde la instauración del Estado de Chile, vienen perdiendo la tenencia de la tierra y sufriendo la migración forzada que hoy se mantiene como política sistemática mediante la militarización, reprensión y racismo instalado desde el corazón del sistema colonial. Son muchas las personas que perdieron empleos porque no tenían contratos establecidos, como parte de la informalidad laboral que caracteriza el empleo en las capas sociales bajas.

El aislamiento se ha vivido con bastante angustia, incertidumbre y miedo. Nos enrostró la fragilidad sobre la que hemos construido nuestras vidas y se agudizó el problema de acceder a la atención en salud para quienes no contamos con medios para pagar este servicio.

La inseguridad alimentaria deja al descubierto el problema que ha generado la transnacionalización de la producción de alimentos para los territorios, considerando que los mercados locales no son políticas prioritarias del empresario que gobierna y en las comunidades rurales se agrega el problema del acceso. La producción campesina no encuentra mercados y lo poco que puede producir en las condiciones mínimas de recursos se pierde y, con ello, el ingreso que cubre otras necesidades de las familias.

Las respuestas y atenciones de las autoridades locales se han visto bastante lejanas a las necesidades y problemas puntuales por la pandemia en los territorios. Esto deja de manifiesto el desinterés del gobierno por las personas comunes y corrientes. Desde el campo lo vemos con claridad por las dificultades que tenemos en el día a día, sobre todo cuando el hambre acecha y la producción campesina queda disminuida ante el avance de los monocultivos y megaproyectos en los territorios agrícolas, sumado al problema de la privatización del agua.

Frente esto, las organizaciones campesinas han instalado en la discusión pública con el gobierno la necesidad de entregar semillas nativas de campesinos y campesinas para que produzcan alimentos sanos libres de transgénicos y agrotóxicos. Esto significa devolver las semillas que se encuentran almacenadas en los centros de investigación. Para la producción en el campo no nos sirven las escasas y escuálidas cajas de alimentos que nos llegan, nos sirven las semillas. Pero con las restricciones propias de la pandemia se hace mucho más difícil producir intercambios entre comunidades y entre productores y productoras de las variedades necesarias para una alimentación rica en nutrientes y vitaminas. Las pequeñas huertas y reforestación con árboles nativos son parte de las acciones desarrolladas en las familias como una estrategia alimentaria y de concientización del cuidado de la Madre Tierra como un bien común.

Sufrimos que los derechos humanos sean para algunos, los de las clases privilegiadas y los asesinos de la dictadura, mientras que para los presos políticos mapuche y de la revuelta popular de octubre de 2019 no hay consideración sobre lo que significa el virus en las cárceles por el hacinamiento y la falta de logística sanitaria. Mientras, el Ministerio del Interior y las intendencias regionales mandan reprimir a las comunidades y a los niños con toda la violencia que hemos visto estos últimos días.

Para los pueblos, este difícil momento nos lleva a reflexionar con más agudeza sobre nuestro papel como luchadores y la relación con la tierra, a diferencia del capital que sólo buscará seguir beneficiándose de las crisis provocadas.

Silvia Cruz
Referente de V.U.D.A.S – Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Sano (Córdoba, Argentina)

Hoy, en plena pandemia, no solamente cargamos con el peso de años de lucha para cerrar y sacar a la empresa Porta Hnos. de nuestro barrio, porque se ha demostrado que se trata de una planta contaminante y que está de forma ilegal, sino que vemos cómo el Estado una vez más nos da la espalda. A finales de 2019, un fallo del juez Hugo Vaca Narvaja dejó en claro la ilegalidad de la empresa, pero negó nuestro pedido de cerrar la planta y sólo ordenó a la empresa a hacer estudios de impacto ambiental. En 2020, con la llegada de la pandemia, no solo la empresa sigue funcionando sino que el Estado provincial y nacional le permitió que duplique su producción de alcohol en gel para combatir el COVID-19.

Y, como si fuera poco, el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora  inauguraron una red de gas para uso exclusivo de la empresa. Eso fue una clara muestra de apoyo a Porta, aun estando ilegalmente en nuestro barrio y habiendo demostrado que las enfermedades que sufrimos son provocadas por las emanaciones contaminantes de la planta. Y con ese apoyo Porta comenzó a expandirse aún más. La planta es una bomba de tiempo y, en plena pandemia, no solamente tenemos que luchar para que la empresa deje de funcionar por el peligro que representa para nuestra salud y nuestra vida, sino que aparte tenemos que luchar contra un gobierno en Córdoba al que parece no importarle la ley, los derechos humanos ni la importancia de tener un ambiente sano. Estamos muy preocupadxs, muy angustiadxs y muy solxs por la soledad de un sistema que nos exige pero no te protege y una Justicia que nos ha olvidado.

Martha Silva
Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra (Honduras)
Las Madre Tierra hemos estado acompañando las luchas territoriales desde varios aspectos. En marzo, el gobierno de Juan Orlando Hernández impuso la cuarentena y se levantaron todos los derechos constitucionales, empezando por el derecho de movilización. Es un gobierno de derecha estrechamente relacionado con el narcotráfico.

Ha sido bien difícil asumir la cuarentena en cuanto a no movilizarse porque prácticamente el 60% de la población está bajo el umbral de pobreza, y muchas personas trabajan día a día en la economía informal, y la cuarentena prácticamente los está matando de hambre.

En el caso de los compañeros y compañeras de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), con quienes articulamos nuestras resistencias, lo que hicieron fue generar centros de acopio porque el sistema de salud en Honduras no ha podido enfrentar la pandemia cómo se debería porque está súper debilitado. El año pasado hubo estallidos sociales porque los hospitales estaban prácticamente colapsados y se denunciaron varios casos de corrupción. El Estado por su parte ha estado pidiendo préstamos y el endeudamiento es grande. De hecho, se estima que esta va a ser como la deuda más grande que hemos tenido en la historia de Honduras. Casi no se hacen pruebas de COVID y es por una cuestión de clase: a quienes más afecta es a quienes tienen un sistema inmunológico bajo, la mayoría de la población en Honduras.

Desde Madre Tierra hemos hecho campañas para divulgar cómo fortalecer el sistema inmunológico, con métodos que utilizan las comunidades indígenas, con la alimentación y la medicina ancestral que practican. Por otro lado, hubo más muertes por dengue que por coronavirus y es algo que no se ha atendido.

Durante la pandemia la violencia nunca paró. Tenemos seis homicidios al día en la capital. La violencia contra la mujer ha aumentado por las condiciones de la cuarentena, y se suman violencias del Estado, como el secuestro de unos compas de OFRANEH, de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz. Hay testigos que vieron que eran policías, con chaleco antibalas, armas. El Estado aún no ha dado respuestas. Hay grabaciones sobre la hora en que se desarrolló todo y no las quieren entregar.

Han habido desalojos de comunidades, como el cometido en el predio de un azucarero, donde asesinaron a una compañera. La represión existe haya pandemia o no en Honduras. De hecho, le ha venido bien para detener a las organizaciones.

En las comunidades donde hay luchas territoriales hay una respuesta directa ante la pandemia. Son los pueblos los que han tenido que asumir las tareas que le corresponden al Estado.

Silvana Machado
Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (Uruguay)
La alimentación es clave para sostener la vida, pero pocas veces reflexionamos sobre cómo llegan los alimentos a nuestra mesa, de dónde vienen, quiénes los producen. En la actual pandemia, la crisis alimentaria se sumó a la emergencia sanitaria. La gente ve la crisis, ve el precio de las cosas y volvió el interés por crear una huerta propia para garantizar el alimento en la familia y en el barrio.

Desde las autoridades y referentes políticos no hay una respuesta que apoye procesos de transición agroecológica, más bien en el actual gobierno hay desmantelamiento de programas que podrían ayudar a la producción familiar y de las políticas para adquirir tierras que otorga el Instituto de Colonización.

Pero la gente se volcó a plantar. Repartimos semillas, plantines, hicimos y hacemos talleres de compost en los barrios donde pulula la organización para plantar, no solo para comer, también para hacer tejido social.
Sabemos que el acceso soberano a alimentos saludables y el derecho a producir en forma agroecológica son prioritarios. Por eso desde la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay estuvimos entregando cajas con variedades de semillas criollas de productoras y productores agroecológicos a familias y huertas comunitarias del Sur y Este del país.

Semillas de lechuga, habas, mizuna, brócoli, espinaca, acelga, rúcula, berro, puerro, chícharo, ajo, zapallo criollo, calabaza, morrón campanita y plantas aromáticas viajaron en las cajitas desde predios familiares del departamento de Canelones junto a semillas de cebolla del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía que fueron entregadas a huertas urbanas colectivas del área metropolitana, en los alrededores de Montevideo.

Las semillas nativas y criollas son fundamentales para la agroecología y para garantizar la soberanía alimentaria. Llevan los saberes acumulados durante generaciones y están adaptadas a las condiciones locales y de los predios. Son conservadas, seleccionadas y reproducidas en los más de 250 predios de productores y productoras que integran la Red de Semillas y promueven la producción de alimentos sanos sin usar agrotóxicos.

El impacto de la pandemia en lo urbano y periurbano ha sido más encierro, sobre todo en los primeros meses, utilizando la presión y el miedo. En las zonas rurales se vive con mucha atención y previsión, pero hay más libertad de movimiento. La gente se organiza por localidades o barrios apoyando a sus vecinas y vecinos en ollas, trueques, comedores, pero la pandemia impacta en poder armar reuniones presenciales y organizarse en forma conjunta. En forma irónica, se están dando permisos para cierto tipo de reuniones sociales, pero no para los que tienen que ver con la organización del movimiento social.

También hay un impacto en la salud, en el recargo de trabajo sobre las mujeres, en el trabajo de cuidados, en el hogar, eso se ve, se siente, se escucha, y eso también lleva al aislamiento.

Lucrecia Gil Villanueva
Frente de Mujeres del Salado Norte (Santiago del Estero, Argentina)

En nuestra organización somos 40 mujeres de entre 18 y 80 años. El Frente de Mujeres del Salado Norte nació hace 7 años, pero todas venimos de distintas organizaciones campesinas, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), de organizaciones de la agricultura familiar y de movimientos sociales. Nuestro principal motivo de lucha es el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Integramos diferentes plataformas a nivel nacional y regional, como el Colectivo de Mujeres del Chaco y la Plataforma Sed Cero de acceso al agua.

El aislamiento en el monte se siente menos. Hoy nuestro día a día no es muy diferente a como era antes de la pandemia, lo que más nos afecta es el encarecimiento de los alimentos y la logística cuando necesitamos ir a la ciudad. Con todo lo demás nos hemos organizado con las organizaciones públicas y de la sociedad para ir resolviendo lo inmediato.

En nuestro caso particular todas tenemos la suerte de contar con módulos de agua con lo cual disponer de agua para el consumo humano, que es una carencia grande en nuestra región, hoy no representa un problema para nosotras. Tal vez lo que más nos preocupa es, además de la cuestión económica y de logística, el tiempo que las madres -sobrecargadas de tareas como siempre- tienen que dedicar a las tareas de cuidado y escolares. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las propuestas requieren conectividad y que aquí, en Santiago, solo una de cada cinco familias puede acceder a WiFi porque tenemos grandes déficits respecto al acceso a las tecnologías para las poblaciones rurales.

Por otro lado, sabemos que no es la primera vez que una enfermedad zoonótica -que son las que se transmiten de animales a seres humanos- desata una crisis sanitaria a escala. De hecho, sabemos que las enfermedades como la gripe aviar o la gripe porcina son originadas por los sistemas de producción y de consumo de animales, como lo fue también el virus del Ébola. Entendemos que estas enfermedades tienen su origen en el vínculo entre seres humanos y naturaleza, y que también son una expresión urgente de la crisis climática que vivimos y de las profundas desigualdades que sufren las comunidades rurales que acceden en menor medida a servicios básicos de agua, salud, educación, infraestructura y caminos.

Entendemos que la pandemia pone en evidencia la necesidad de manejarnos de otra manera con los recursos naturales y recuperar muchas de las prácticas ancestrales que las comunidades campesinas e indígenas han sabido sostener. Y, a su vez, la pandemia pone en evidencia la necesidad de tener un Estado más presente. Queremos buscar juntas nuevos protocolos que nos permitan cuidarnos y seguir trabajando por el desarrollo de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra región. Creemos que en el medio rural tenemos más oportunidades que aquellas familias que por necesidades laborales migraron a las ciudades y se encuentran más amenazados por la pandemia y el hacinamiento de las zonas urbanas.

Foto principal: Natalia Roca (Fondo de Mujeres del Sur)

FUENTE:https://latfem.org/defensoras-ambientales-en-tiempos-de-coronavirus/

Las resistencias no saben de cuarentena: ley de Humedales YA!

Mientras todes estamos mirando cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas en relación al aislamiento social obligatorio en Argentina, los conflictos ambientales siguen y en muchos casos se profundizan. Hace 6 meses que iniciaron los primeros focos de incendios en el delta del Paraná, la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.

El delta del Paraná es uno de los sistemas de Humedales más importantes de Argentina y uno de los más relevantes de la cuenca del plata. Aloja una gran diversidad biológica y cultural, no sólo por las personas que allí habitan, sino también por las actividades que allí desarrollan.

Para que la pandemia no nos tape los humedales, dialogamos con Valeria Inés Enderle, abogada magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo, especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural y directora ejecutiva de la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.

Cauce, junto a FARNTaller Ecologista y Casa Río, es una de las organizaciones que integra el programa Humedales Sin Fronteras, y participó en distintos debates legislativos respecto a la Ley de Humedales y los incendios ocurridos en el Delta del Paraná.

Enderle explica que “a las amenazas que tienen causa en actividades antrópicas y en cuestiones ambientales, se le suma la inoperancia de las autoridades gubernamentales. Lamentablemente estos incendios ya habían sucedido en el año 2008, con una extensión y una magnitud semejante. A partir de dicho suceso, en septiembre de 2008, nació el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná (es el que comúnmente conocemos como PIECAS). Este plan fue fruto de un acuerdo entre el Estado Nacional y las Provincias de Entre Ríos, Santa Fé y Buenos Aires. Luego de más de una década desde que este Plan fue creado, la inactividad de estos años a nivel institucional y gubernamental ha implicado que toda la situación socioambiental del Delta se haya visto agravada y sea necesario actuar de manera efectiva y consciente en lo inmediato. De lo contrario, las generaciones futuras no podrán disfrutar del mismo ambiente que estamos haciendo nosotros”.

“En Argentina necesitamos una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, es decir, una norma que sirva de base protectora para todos los humedales de la República y que luego, las provincias puedan complementar con leyes que igualen o superen esa protección, pero nunca disminuirla”, continúa.

A la falta de una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de protección de Humedales se le suma la ausencia de este plan integral y estratégico definido por las 3 provincias y las jurisdicción nacional.

Le consultamos las razones por las cuales necesitamos una Ley Nacional de Humedales: “Por que son ecosistemas que tienen un gran valor biológico de lo social, desde lo cultural, lo económico que hoy no tienen una protección jurídica uniforme a nivel nacional. Existen en algunas provincias unas leyes aisladas que los protegen pero no tenemos una Ley a nivel nacional. Lógicamente las presiones que existen sobre estos tipos de ecosistemas implica que necesariamente debe existir una norma que regule los usos y las actividades que se encuentren permitidas y prohibidas en este tipo de ecosistemas para que no sigan dañándolos de manera irreversible. Estos deben ser inventariados, el territorio debe ser ordenado y también se deben disponer los recursos económicos necesarios y suficientes para ejecutar las acciones de conservación”.

Para concluir, la directora de la Fundación CAUCE, repasa que “en las últimas décadas y en la actualidad, este ecosistema ha sufrido distintas amenazas que implican graves daños que si no son reparados en lo inmediato, podrán ser irreversibles. Uno de ellos tiene que ver con el avance del extractivismo, las actividades agropecuarias que se desarrollan en la región, el avance de los desarrollos inmobiliarios, la evasión de terrenos, terraplenes, endicamientos, grandes obras de infraestructura, la extracción minera intensiva principalmente relacionada con las arenas silíceas para el fracking. A lo que se suman cuestiones ambientales referidas a la pampeanización y al cambio climático principalmente. En este último tiempo, desde febrero venimos denunciando con otras organizaciones de la sociedad civil, la ocurrencia de incendios que han afectado más de 300mil hectáreas de humedales”.

Encontrá la nota completa en la web de Fundación Plurales

Juntas construimos el mundo que merecemos habitar: Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales (Argentina)

Las defensoras ambientales son mujeres campesinas, indígenas y urbanas que se reúnen y se organizan para hacer frente a los efectos de la crisis climática, los extractivismos y la contaminación en sus territorios. Ellas son las protagonistas de la lucha por la justicia ambiental y de género, que busca construir un mundo más habitable para todxs.


En sus diferentes experiencias e historias de resistencias, estas mujeres se organizan para preservar las fuentes de agua segura, resistir los emprendimientos de la megaminería, trabajar en pos de la soberanía y seguridad alimentaria, y desarrollar estrategias de manejo de residuos y producción de energías renovables.

El programa Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales (Argentina), una iniciativa del Fondo de Mujeres del Sur (FMS) en alianza con Fundación Plurales y cofinanciada por la Unión Europea, brinda apoyo financiero, técnico y político a grupos de defensoras de la Puna, el Chaco y los sistemas de humedales, para fortalecer sus estrategias de adaptación, mitigación e incidencia frente a la crisis climática.

Esta iniciativa profundiza y amplía el trabajo que el FMS viene desarrollando en la intersección entre justicia socioambiental y de género, especialmente en la ecorregión del Chaco Americano en Argentina, Bolivia y Paraguay.

Puedes conocer más del Programa en el siguiente video:

Foto principal: Nicolás Avellaneda (fundación Plurales)

Las resistencias no saben de cuarentena: VUDAS

📢 Mientras todes estamos mirando cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas en relación al aislamiento social obligatorio en Argentina, los conflictos ambientales siguen y en muchos casos se profundizan. El extractivismo se piensa como una actividad esencial, la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.

Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con integrantes de organizaciones sociales que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida, para amplificar sus voces y que se hagan escuchar. En esta ocasión, dialogamos con VUDAS (Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano) del barrio Parque San Antonio en Córdoba Capital.

📌Fuera porta de mi barrio, sí a la vida

En febrero del 2012 comenzó a funcionar Porta Hnos., fábrica de Bioetanol, al sur de Córdoba Capital. Hace 8 años que les vecines se ven obligades a soportar la contaminación que genera la producción de etanol junto a sus viviendas y que denuncian que se realiza de manera ilegal. La empresa nunca pasó los Estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas correspondientes, ni se anotó en los registros de la Secretaría de Energía de la Nación.

👉En 2016 un grupo de personas de los barrios San Antonio e Inaudi presentaron un amparo colectivo ambiental a la Justicia nacional. A fines del 2019 el juez Vaca Narvaja, reconoció que la empresa no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental, le otorgó un plazo de 90 días para adecuarse, negando el pedido de la comunidad de cesar la producción de la fábrica.

👉El juicio contra la empresa continuará en la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Córdoba. Por ahora, Porta no sólo no se adecuó sino que quintuplicó su producción, inauguró una obra de ampliación de gas y puso en funcionamiento la nueva planta de concentrados proteicos de origen vegetal de la misma compañía.

📌Voces de las Compañeras de VUDAS

🎙️»La pandemia lo único que ha hecho es darle como un permiso a la fábrica para ampliar la producción de una forma totalmente impune, ya que empezaron a producir un 500% más que antes. Se pueden imaginar todas las emisiones de gases tóxicos que normalmente emiten, el olor permanente, a la noche uno sale y parece que se estuviera quemando algo, un olor muy feo, ácido. Pero ahora además, han incrementado la acumulación de alcohol de forma descomunal, pegandola a los domicilios». (Natalia Tello, vive a 600 metros de Porta)

🎙️»El 23 de julio estuvo el Gobernador y el Intendente Llaryora, en la planta de bioetanol Porta Hermanos inaugurando una red de gas. Yo como vecina al enterarme, y mis vecinos, nos sentimos tan abandonados por nuestros gobernantes, qué tristeza. Qué dolor que me da que a nuestros niños se le hicieron estudios donde los tóxicos que emana esta empresa, están en sus cuerpos, altera su cadena de ADN. También los vecinos estamos todos enfermos. Yo a veces me pregunto, qué podemos esperar de estos gobernantes, siempre digo que los políticos van de la mano de estos grandes empresarios Porta enferma contamina, y mata, y está ilegal». (Rosa Acuña, vive a 50 metros de Porta)

🎙️»Nosotros no nos vinimos a instalar, la empresa se vino a instalar al lado nuestro. El gobernador Schiaretti y el intendente Llaryora y toda la comitiva política se hizo presente, desconociendo totalmente la peligrosidad, dándonos la espalda a los vecinos, nunca recorrió las calles, y esto lo hizo en plena pandemia. Para nosotras esta época ha sido una de las peores, no solamente por la pandemia, sino agravada por todo lo que ya venimos padeciendo, muy en peligro. Es muy triste sabernos sacrificades, abandonades por el mismo sistema, que ha decidido sacrificar nuestros cuerpos, nuestros proyectos de vida. Y cuando se habla de mundo sustentable todos los tratados internacionales, todos deben saber que en la Argentina se sacrifican niños, niñas y se quita la tierra, no se da acceso al agua y se vulneran derechos fundamentales». (Silvia Cruz, vive al lado de Porta)

Podes leer la nota completa en la web de Fundación Plurales: http://www.plurales.org/las-resistencias-no-saben-de-cuarentena-vudas/

Peligra la producción agroecológica de la ciudad de Santa Fe*

Las familias productoras de La Verdecita no están solas

Desde hace años, un grupo de productoras/es del Consorcio La Verdecita realiza cultivos agroecológicos en 5 hectáreas en el predio del Estado santafesino en la localidad de Ángel Gallardo, a minutos de la capital provincial. Esta continuidad, considerada un avance fundamental para la soberanía alimentaria y la salud de la población local, es la que garantizó y garantiza centralmente el abastecimiento de alimentos sanos, sin agrotóxicos, en las ferias santafesinas.

Inexplicablemente, días pasados, Fabricio Medina, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de la Producción de Santa Fe, sin mediar motivo o problemática, emplazó a las/los productoras/es de nuestra organización a abandonar el predio en los próximos meses, poniendo en peligro la producción agroecológica de la región.

La verdecita


Las organizaciones y ciudadanas/os abajo firmantes, respaldamos firmemente el trabajo de más de 15 años del Consorcio de Productores y Productoras La Verdecita, conocido a nivel local y nacional como una de las expresiones colectivas más genuinas y de mayor continuidad y legitimidad en la producción de alimentos sanos a nivel regional.


Resulta irrisorio que las autoridades estatales locales, en medio de una grave crisis económica y cuando miles de argentinas y argentinos padecen problemas alimentarios, sin mediar ninguna convocatoria o diálogo con las/os propias/os productoras/res, decreten virtualmente el cese de la producción agroecológica en los módulos de la Estación Experimental del INTA de Ángel Gallardo a cargo de las y los asociadas/os de La Verdecita, logro que tanto sacrificio demandó a productoras/es agroecológicos, a lo largo de los últimos años, y que tantos beneficios otorgó a la comunidad.
Los cuatro módulos hortícolas agroecológicos en el predio de Ángel Gallardo funcionan en hectáreas que fueron oportunamente puestas en valor a través de un convenio con el Ministerio de la Producción. En esos espacios, desde hace cuatro años y con el apoyo estatal desde el origen se promovió una agricultura sustentable y amigable con el ambiente para producir alimentos saludables, libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos.
Esas tierras de producción son vitales para el consumo local de alimentos sanos, ya que la producción de hortalizas agroecológicas abastece regularmente distintas ferias y familias de la ciudad, en la sede de La Verdecita, el Mercado Progreso, los bolsones adquiridos por el Centro de Jubilados Raúl Suffriti, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), en el espacio de comercialización Barrio 88, el Programa Todos Comen implementado por la Confederación General del Trabajo de Santa Fe, entre otros espacios.


Solicitamos a las autoridades del Estado provincial retomen un camino constructivo y de diálogo, dejando a un lado esta irreflexiva y apresurada decisión de expulsar a las y los productoras/es agroecológicos de La Verdecita, dado que no contempla las necesidades de alimentos sanos de la comunidad, y la necesaria continuidad de las fuentes laborales de quienes allí producen , que carecen de tierra propia para llevar adelante esta loable tarea.

El Estado debe desarrollar todas las políticas que permitan la producción agroecológica de Santa Fe y región, en un momento histórico donde la producción de alimentos sanos será crucial para enfrentar esta grave coyuntura que enfrenta la humanidad.
Colectiva La Verdecita


ADHIEREN A ESTE COMUNICADO:
Enviar adhesión personal o como organización por este medio o al correo de la verdecita:
laverdecita@gmail.com

*Nota realizada por las compañeras de La Verdecita. #DefensorasAmbientales – Argentina.

Cambio Climático, industrias extractivas y Mujeres*

📌El cambio climático está impactando de manera agresiva en los territorios rurales, alterando las temperaturas, precipitaciones, e intensificando eventos climáticos extremos. Si a esto le sumamos otros hechos como la deforestación, la contaminación de las cuencas y los ríos y el aumento de la actividad extractiva, obtenemos un contexto altamente riesgoso, donde mujeres y niñes son lxs más vulnerables.

📌En América Latina las industrias extractivas, como las empresas mineras y la explotación de hidrocarburos, se han convertido en una de las principales amenazas a las comunidades campesinas e indígenas. Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México, donde han impulsado modificaciones legales importantes, con el objetivo de atraer inversiones de las empresas privadas mediante mayores incentivos técnicos, operativos, en el régimen de propiedad del petróleo, o en materia tributaria.

📌Las problemáticas asociadas para las comunidades, se relacionan con los “pasivos ambientales” y lo que ellas empiezan a definir como “pasivos sociales”. Los primeros, la contaminación de las cuencas, la deforestación, el aumento de inundaciones como sequías prolongadas, y una mayor vulnerabilidad frente a la seguridad alimentaria.

Todo esto, constituye un contexto violento, donde mujeres, niñas y niños, son los más vulnerables ante el modelo extractivista y sus consecuencias en el cambio climático. La muerte es la forma más visible de violencia ejercida sobre las muejres, sin embargo, se presentan muchas otras formas como amenazas, desalojos, persecución y criminalización. Estos son parte de los considerados pasivos o consecuencias sociales.

Como caso emblemático, Bolivia es una de las más cuestionadas en la actualidad debido a las medidas que ha tomado el gobierno a favor de la explotación de hidrocarburos. Si bien desde el 2006, con la presidencia de Evo Morales y a través de la Ley de Hidrocarburos, el gobierno le retiene a las empresas extractivistas casi el 50% de las ganancias, en compensación permitió aumentar los volúmenes de extracción y exportación necesitando para ello la expansión de las zonas explotables. De esta manera, el país pasó de 2,5 millones de hectáreas explotadas para petróleo e hidrocarburos en el 2006 a más de 29 millones de hectáreas hasta el 2017, perjudicando directamente a 11 de las 22 áreas naturales reservadas del país como así también ocupando territorios de indígenas de Amazonía y Oriente como del Altiplano. Desde que las empresas extractivas se instalaron en las reservas, las comunidades son amenazadas de despojo y viven en situación de tensión constante.

Esta tendencia representa un retroceso a nivel mundial sobre la gobernabilidad de los bienes comunes, y la seguridad de las defensoras ambientales.

*Plataforma Colaborativa de Comunicación (PLACC) del Programa Defensoras Ambientales, impulsado por Fundación Plurales y Fondo de Mujeres del Sur. Co-financiado por Unión Europea, UICN-NL y Both Ends.

Mujeres rurales en época de pandemia

En este nuevo contexto de aislamiento, el COVID19 nos afecta a nivel mundial y nos interpela a reflexionar. La pandemia es un riesgo para todes, pero afecta en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, a su vez dentro de estas poblaciones, las mujeres son aún más vulneradas. ¿Quién sostiene la higiene, la alimentación, la contención emocional, el juego? Sabemos que en la mayoría de los casos, las mujeres.

Por todo esto, queremos conocer más que nunca, cómo están las compañeras con las que trabajamos en diferentes zonas rurales de Argentina y Paraguay. ¿Qué significa el aislamiento en el medio rural? Entre tantos relatos sobre lo urbano, compartimos cómo atraviesan esta situación.

Ema vive en Chañar, La Rioja, y nos explicó que “acá en el pueblo se están realizando tareas de desmalezado y van a fumigar para mosquito y Chagas. Están cerrados todos los accesos de las rutas departamental y los negocios atienden por la ventana. En el campo la rutina de siempre pero sin salir al pueblo, va una persona y hace las compras. Los intendentes y funcionarios están donando sus sueldos. Con el tema de elaboraciones de dulces cada una en su casa. De juntarse nada. Acá en La Rioja hay mucho dengue, por suerte no hay mosquitos en el campo”.

Desde Los Colorados, en La Rioja, Naty nos contó que “estamos tomando todos los recaudos posibles por esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Aquí todos en cuarentena no salimos, ni dejamos entrar a la reserva, está todo cancelado. El gobierno bien, están acompañando. En La Rioja capital lo que está sucediendo es que hay muchos casos de dengue, ya son más de mil personas afectadas. Se está trabajando en eso, fumigación, descacharreo, prevenciones de todo tipo. A veces se torna un poco difícil porque aquí en nuestro pueblo no tenemos negocios cerca así que sí o sí, nos tenemos que organizar para hacer las comprar para poder abastecernos”.

Lorena, desde Tostado Santa Fe, nos dijo: “Acá estamos, en esta situación un poco difícil y compleja, tratando de sobrellevar los días. El gobierno municipal acató la propuesta del gobierno nacional y lo decretado por el gobierno provincial de Santa Fe. Así que todas las actividades están paradas. Hay alguna circulación de personas pero a partir de las 5 de la tarde se cierran los comercios. Acá en Tostado no hay ningún caso confirmado o en estudio, sí hay acá en Ceres que es un pueblo bastante cercano. Las compañeras de la comunidad, me comunico con una o dos porque las demás no tienen teléfono, están bien, en sus casas. Las actividades que teníamos previstas fueron suspendidas. Ellas sí siguen sosteniendo algunas, las que participan en los merenderos y habían empezado a hacer los domingos, un almuerzo en el salón comunitario. Este fin de semana le prepararon a las niñas y a los niños viandas para que se lleven a sus casas y la merienda también. Aparece el hambre, muchos maridos de las mujeres son changarines entonces no tienen trabajo y está todo complicado”.

Débora, desde Jujuy, relató que «nuestra comunidad sufre porque cerraron un camino principal que comunica con todos los parajes, la gente que tiene camionetas o motos no puede pasar y si pasan pueden ir presos o tener problemas con la policía. Hemos hecho una nota al COE (Centro de Operaciones de Emergencia), primero solicitando que desbloqueen lo que bloquearon, porque nuestra comunidad necesita venir a buscar alimentos, medicamentos, venir al único cajero. Si bien es cierto que el COE ha puesto un vehículo para que recorra todos los parajes, no han podido llegar a cubrir esa demanda. Entonces la gente, como lo hace el resto del año, ha venido al campamento minero a buscar sus provisiones y se ha dado cuenta de que hay un maltrato, una discriminación por parte del COE local. Nos vimos aislados porque te impiden venir a buscar tus provisiones, cuando en realidad podrían habernos invitados y nosotros decir qué pensamos.

Las poblaciones rurales que se encuentran en cuarentena tienen dificultades porque no es lo mismo que un pueblo urbanizado, en las zonas rurales no tenés cajero, no tenés mercado, no tenés negocios que tengan todo, yo no me puedo movilizar como en los espacios más urbanizados. En este caso yo me tengo que venir 6 o 4 kilómetros, o 2 kilómetros el que está más cerca. Si querés comprar un medicamento no todos están habilitados para venderte. Es muy diferente a las zonas urbanizadas, hay gente que ante la falta de transporte, se traslada a caballo, caminando, muchos jóvenes tienen motos”.

Lucrecia en El Ceibal, Salado Norte, Santiago del Estero contó: «Todos los pueblitos de Santiago, al norte, están cerrados. Sin posibilidades de circular de unos a otros. La llevan bien pero en breve se va a complicar por la cuestión financiera, porque no están haciendo nada. Esto viene para largo. En las localidades del interior de Santiago las comisiones municipales se han puesto rápidamente de acuerdo con las organizaciones sociales, las iglesias y los docentes para sostener el día a día de las clases. Acompañando a los papás en el día a día del estudio. En los parajes, el movimiento de la gente es más pausado, se puede salir a hacer compras por la mañana y circular hasta las 6 de la tarde, después cada uno ya queda en sus casas. Se sale uno por familia. Los trabajos de campo, lo que tenga que ver con la producción, se está haciendo como se hace habitualmente pero con la preocupación de que no van a entrar los compradores a buscar carbón. En relación a la gestión del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para los que tenían la Asignación Universal ha sido sencilla. Pero para los que son de la economía informal, se está tratando de ayudar, tenemos un poco más de suerte los que estamos en una localidad con acceso a wifi y tiene algún docente, dirigente o joven estudiante que está más cercano a la tecnología y puede ayudar a hacer la carga en todo el proceso que ANSES propone.

Después, tenemos la dificultad donde la documentación no está al día y eso retrasa o complica que las familias puedan acceder a este beneficio. Urge reactivar los mercados de proximidad y los cinturones verdes de los pequeños pueblos del interior, reactivar la producción local. No solo en situaciones extremas como esta, sino que ya estaba siendo una necesidad. En este contexto también, urge terminar de resolver el acceso al agua para consumo humano, en nuestra zona 1 de cada 5 familias no tiene un módulo de agua segura. Y con eso resolver la producción, para asegurar la soberanía alimentaria. También en momentos como estos nos damos cuenta que la conectividad en términos de acceso a Internet y a cómo usar estas nuevas herramientas, está siendo una de las urgencias. Finalmente, en este contexto queda en evidencia el grave problema de violencia doméstica que tenemos en el medio rural”.

Lucía, está en Morrillo, Salta: “Nosotros tenemos la particularidad de que estamos sobre la Ruta Nacional 81 y por eso tenemos que resguardar mucho la seguridad de las entradas al pueblo, porque corremos más riesgos en la ruralidad. Todas las entradas del pueblo se cerraron y quedó una sola para controlar mejor, solo entran personas del pueblo. Acá en el pueblo tranquilo por ahora, no pasa nada. Pero Salta ya tiene sus decesos, su gente con el virus. En los pueblos todavía no ha llegado, estamos rogando que eso no pase y que obviamente todos, el día de mañana, podamos darnos un beso y un abrazo cuando todo esto pase”.

Ileana, en Amaicha del Valle, Tucumán, relató que “desde la comunidad se acataron las normas nacionales y provinciales de la restricción del transporte público. A mi lo que me preocupa y lo charlamos con las chicas para pensar acciones, son los casos donde hay violencia de género. Por ahí antes, la vía de escape era la socialización y ahora que todo está puertas adentro se hace más difícil mantener la seguridad en ese aspecto. Como grupo, hemos realizado por las redes campañas de ayuda y apoyo a las compañeras, hemos compartido las acciones de otras organizaciones que creemos suman a las problemáticas de la zona sobre situaciones de violencia en este contexto de aislamiento. Armamos una red virtual aunque sea para poder resolver esas circunstancias. Además de esto, se da el caso de que no nos permitían ir desde Amaicha a la localidad vecina Santa Maria (Catamarca), que es la que tiene el Banco Nación, comercios más grandes y farmacias más provistas. Las autoridades locales ancestrales realizaron un corte de ruta y se presentó gendarmería. A partir de ahí se acordó realizar viajes en vehículos oficiales para poder ir al cajero y realizar compras específicas en la otra comunidad. Y además se activó la entrega de viandas alimentarias en escuelas con personal voluntario de la comunidad”.

Los relatos que nos llegaron desde Paraguay comparten algunas similitudes y a su vez presentan algunas diferencias, características de su contexto particular. Verónica, desde la comunidad Yakye Axa, nos contó que “estamos acá siempre, como vivimos. Pero la epidemia no ha llegado a nuestra comunidad, gracias a Dios. Pero como siempre por este aislamiento, ninguna institución de Asunción ni nadie, viene a nuestra comunidad. Acá es difícil porque todo está trancado, no salen víveres, no han llegado acá”.

Angi, de la comunidad Macharetí, relató que “acá nosotros no tenemos un Centro donde se pueda atender a los pacientes, este es un gran problema. A nivel país, Paraguay no tiene suficientes recursos y sí o sí se estima que puedan estirar más la cuarentena. Los trabajadores ya no tienen más trabajo y el gobierno está viendo cómo hacer para apoyarlos. Creo que a mediados de abril van a repartir alimentos, pero creo que después la gente va a necesitar, no todos tienen un programa del gobierno. Acá no llueve más como antes, desde noviembre, este año la producción de zapallo y de poroto para el consumo humano se perdió. Por la sequía y por el calor elevado, 40°, 45°, se perdió toda la producción. Entonces es una preocupación más, porque hay niños y adultos y toda la comunidad, que dependen de eso. En cuanto al agua potable, yo siento que en los aljibes se va a terminar todo. Hasta ahora no llega la ayuda ni el mejoramiento y equipo del sistema de salud. En cuanto a la distribución de alimento todavía no existe para las comunidades indígenas. Los pobladores de la comunidad ya necesitan, la mayoría no tiene fuente de trabajo. Los pueblos indígenas del Chaco Paraguayo no están recibiendo tanto apoyo del gobierno y la asistencia de alimentos son parches, cuando se termine todo esto vamos a seguir igual. Las ayudas sociales del Estado se concentran en la capital».

Allí, en lugares donde podríamos estar desarrollando soberanía alimentaria y formas de producción rurales agroecológicas para una base de sustento más autónoma, se volvió fundamental la asistencia del gobierno. En estas realidades, se ve con más claridad la continuidad entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del territorio que las mujeres encabezan. Atender las necesidades y el liderazgo de las mujeres a nivel local, es vital para luchar contra el COVID-19 y para todas las luchas que encaramos día a día.

En el siguiente link podes escuchar todos los relatos de estas mujeres.

*Esta nota fue producida en el marco de la Plataforma Colaborativa de Comunicación del Programa Defensoras Ambientales, impulsado por Fundación Plurales y Fondo de Mujeres del Sur. Co-financiado por Unión Europea, UICN-NL y Both Ends.