Amnistía Internacional entregará reconocimientos a la Defensa de los DDHH, a la Investigación Periodística y al Activismo Destacado
Este Premio tiene por objeto servir de reconocimiento y estímulo a aquellas instituciones e individuos que se hayan distinguido en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos, con enfoque específico en el Paraguay, o que hayan impulsado la investigación o la puesta en práctica de programas de actuación dirigidos a promover estos valores.
PREMIO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Sección Paraguaya de Amnistía Internacional decidió otorgar el “Premio Peter Benenson a la Defensa de los Derechos Humanos” en su edición 2020, máxima distinción con que cuenta la organización en Paraguay, a la Comunidad Indígena Tekoha Sauce.
La Dra. María Teresa Añazco Barudi manifestó “nos complace premiar a la Comunidad Indígena Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní Paranaense del Alto Paraná, quienes, a partir de la injusticia que padecen, construyeron una incansable y emblemática lucha por recuperar sus tierras ancestrales, de las que fueran despojadas para la construcción de la Hidroeléctrica Itaipú”.
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 2020
En consonancia con la lucha de décadas de Amnistía Internacional a favor de la libre expresión y la libertad de prensa, otorga anualmente el “Premio a la Investigación Periodística comprometida con los Derechos Humanos” en dos categorías.
En la categoría correspondiente a Medios Tradicionales, en su edición 2020 se otorga este premio al Periodista Aizar Arar, del Diario Hoy, por publicaciones de alta calidad periodística con amplio enfoque en la visibilidad de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Paraguay, colectivo que sigue luchando por sus derechos a la no discriminación y el derecho a una vida digna.
Por otra parte, en la modalidad de Medios Alternativos, este año se otorga la distinción a la investigación “La Respuesta de Paraguay ante la pandemia no incluye a las Comunidades Indígenas (Paraguay’s pandemic response fails Indigenous communities)”, publicada el 26 de septiembre del 2020 en el medio estadounidense Toward Freedom, realizada por William Costa y Mayeli Villalba, una obra de investigación que une el talento artístico y la potencia del lenguaje fotográfico, con la capacidad periodística que nos devela la realidad de comunidades indígenas en el contexto crítico de la pandemia.
PREMIO AL ACTIVISMO DESTACADO
El “Premio al Activismo Destacado” se otorgará a Laura Matiauda, activista de AI en la ciudad de Encarnación, por su incansable colaboración para las distintas actividades de educación en derechos humanos y la movilización de la organización, incluso a veces en contextos hostiles a la libre reunión y manifestación.
Los premios serán entregados el martes 24 de noviembre de 2020 a las 21:00hs horas vía transmisión en línea en las redes sociales de la organización @aiparaguay.
Fuente: www.amnesty.org.py
Pueblos del NOA se expresan frente al tratamiento de la ley de humedales
No nos dejen afuera
Los humedales en el noroeste argentino tienen una génesis con una profundidad temporal desde millones de años hasta pleistocena, esto explica la diversidad de geoformas y su recarga, algunas escasas en el presente por lo que el componente hídrico es mayoritariamente fósil, por ejemplo, salinas puneñas, y es preciso explicitar en el texto que los humedales pueden ser de aguas dulces o saladas. Otros, están relacionados con ríos, y regulan, equilibrando el caudal de los mismos, como el Campo del Arenal. También pequeños cuerpos son los principales proveedores de agua dulce y servicios ecosistémicos a Comunidades Indígenas de habitación milenaria y a la flora y fauna doméstica y silvestre, como vegas, bofedales, ciénagas.
Estos humedales están presentes en la Puna, Quebradas y Valles de nuestras provincias, regiones con déficit hídricos con precipitaciones menores a 600 mm./año, incluso inferiores a 60 mm./año, acotadas a un breve período estival en más del 90% y un período seco de 10 meses.
En ámbitos de clima riguroso son los humedales los que morigeran el mismo e impiden amplitudes térmicas incompatibles con la vida, la desertificación térmica.
Es necesario promover la conservación de los humedales y sus funciones ecológicas como parte indisociable del patrimonio natural, cultural y espiritual de los Naciones preexistentes amparadas por la Constitución Nacional y como sostén de la vida y del bienestar de la sociedad toda.
¿Porque es necesaria desde el plano legal una ley de humedales?
No podemos dejar de mencionar que el Estado argentino ratifico por Ley Nacional 23.919 en 1.991 la Convención Ramsar que es considerado el tratado internacional para los humedales y se encuentra en vigor desde 1975, por otro lado, la Argentina también ratificó mediante ley 24.375 el Convenio sobre Diversidad Biológica, que entro en vigor en el año 1994.
Los principales objetivos de ambos instrumentos son por un lado la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, y la cooperación internacional, como contribución al desarrollo sostenibles y por otro la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos naturales para las sociedades y el ambiente: desde su material genético hasta el vasto campo de estudio que proveen para la humanidad.
La Ramsar en su Plan Estratégico 2016-2024 se propone “hacer frente a la pérdida y degradación de los humedales, llevar a cabo una conservación y un manejo eficaces de la Red de Sitios Ramsar, realizar un uso racional de los humedales y mejorar la implementación.”
Entre las principales causas relevadas por la Convención Ramsar como impulsoras de la actual situación de vulnerabilidad de los humedales, se encuentran: La agricultura y el desarrollo urbano e industrial, la introducción accidental o deliberada de especies exóticas invasoras, la sobreexplotación de sus bienes naturales, el desecho de residuos domésticos e industriales sin tratar o deficientemente tratados y, el cambio climático que hoy tanto se discute.
Esto tiene estrecha relación con la ocupación dentro de los territorios por ejemplo de las Salinas Grandes de empresas mineras, que traen aparejadas consecuencias socio ambientales desastrosas, y violan innumerables derechos humanos de las comunidades indígenas que habitan estos vastos territorios, entre estos el derecho al agua , a los bienes naturales, a la autodeterminación de los pueblos, a la consulta y consentimiento libre previo e informado, a la seguridad alimentaria entre otros tantos, a los que el estado nacional se comprometió a respetar y garantizar internacionalmente mediante la ratificación de tratados de derechos humanos, como la Convención interamericana de Derechos Humanos, el PIDESC, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
También entendemos que este modelo de desarrollo extractivista y neocolonial es determinante en la no inclusión de los humedales altoandinos en el inventario nacional de Humedales, por eso instamos a que se convoque a los pueblos y naciones involucradas a debatir el inventario, así como la Ley Nacional de Humedales en su totalidad.
Organizaciones Firmantes:
Ayllu Abralaites (4 Comunidades), Juntos Podemos en un ambiente sano, Autoconvocados de Purmamarca, Andhes, Comunidad Atacameños del Altiplano de Catamarca, PUCARA Pueblos Catamarqueños en resistencia y autodeterminación, Colectivo Antiextractivista, CONSEJO DE PUEBLOS ORIGINARIOS LLANKA’J MAKI, Comunidad Cueva del Inca, Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy, Vecinos Autoconvocado s de la Cuenca del Juramento, Fundación Árbol en Pie.
Información compartida por la Red Chacha warmi
Cuerpos y Libertades Voces de las Mujeres Indígenas
AREYEDE, con el apoyo de Católicas por el Derecho a Decidir Salta realizó producciones de
audios y cartillas en el marco de la campaña «Cuerpos y Libertades Voces de las Mujeres
Indígenas» que fue presentado el 29 de octubre de 2020 y contó con la participación de las
lideresas y comunicadoras del GDA, Edith Martearena de la comunidad Guaraní y Nancy
López de la comunidad Wichí, Dora Barrancos, asesora presidencial y socióloga feminista,
Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación,
Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la
Nación, Luz Aquilante, Directora Ejecutiva del Fondo de Mujeres del Sur.
Mira la presentación!
Salta flexibiliza exigencias para desmontes
La Secretaría de Ambiente de la provincia del norte, una de las más arrasadas por los desmontes, emitió una resolución que permite cambios de uso del suelo sin audiencia pública y manejo de bosques nativos con ganadería integrada sin Evaluación de Impacto Ambiental y Social. “Va a ser un crimen”, dicen los pequeños productores.
El gobierno de la provincia de Salta, a través de su Secretaría de Ambiente, emitió la resolución 333/2020, que flexibiliza de manera sorprendente las exigencias para el manejo sustentable de la tierra y quita instancias de participación y control. La resolución generó preocupación en los pequeños productores que cuidan el monte de Salta, una provincia que registra una de las tasas de deforestación más altas del mundo en los últimos años.
Por un lado, el texto exime a los planes cambio de uso del suelo que se consideran “de baja intensidad” de atravesar la instancia de la audiencia pública. “Respecto de los Planes, que por su baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social, la Autoridad de Aplicación podrá eximir al proponente de la celebración de la correspondiente audiencia pública”, indica el artículo 1.
“Siempre se piensa en el comercio. Yo también soy productora ganadera, pequeña productora ganadera, y no por eso dejo de pensar en el medio ambiente”, criticó Lucía Ruiz, de la organización Unión y Progreso de Morillo (Salta), miembro de ENI Argentina.
En el caso de los planes de manejo de bosque nativo con ganadería integrada en zonas inferiores a 1500 hectáreas inclusive se elimina el requerimiento de un Estudio de Impacto Ambiental y Social y solo se exigirá “una Declaración Jurada de Aptitud Ambiental”.
Ruiz, miembro de la organización Mujeres Defensoras de Morillo, aseguró: “Nosotros que utilizamos 200, 250 o hasta 300 hectáreas, estamos tratando de reforestar el monte y no degradarlo más de lo que está. Eso va a ser un crimen”.
“Nosotros que utilizamos 200, 250 o hasta 300 hectáreas, estamos tratando de reforestar el monte y no degradarlo más de lo que está. Eso va a ser un crimen”.
Lucía Ruiz – referenta de las mujeres campesinas de Salta
Esto es un retroceso en lo dispuesto en la ley vigente hasta ahora –la Ley 7070, que incluía las dos exigencias que se eliminan ahora- y va en el sentido contrario al Acuerdo de Escazú, al cual el Congreso argentino adhirió hace solo algunas semanas, con aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado.
“Si antes, estando la ley vigente hacían lo que querían, con esta flexibilización imagínense cuántas miles de hectáreas se van a desmontar. Esté la ley o no esté, los productores grandes no la respetan”, advirtió Ruiz.
Leé la nota completa en la página de ENI Argentina
Mujeres Defensoras Ambientales en América Latina: “Luchar por el territorio es luchar por la vida”
Del 7 al 11 de septiembre, se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, una de las reuniones sobre DD.HH. más importantes del continente americano. Es por esto que en el marco de este Foro, distintas iniciativas promovidas por la International Land Coalition LAC y organizaciones socias, como Iniciativa Mujer Rural; Iniciativa Defensores de la Tierra; Land Matrix LAC; ENI Argentina; ENI Ecuador; ENI Perú; ENI Guatemala, Iniciativa Tierra y ODS y el Programa Defensoras Ambientales, queremos difundir las voces de mujeres defensoras ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú que vienen resistiendo a múltiples vulneraciones a sus derechos al defender los territorios.
El actual contexto mundial de crisis humanitaria provocada por la pandemia, es a su vez producida y agravada por problemas preexistentes de los que las industrias extractivas son responsables. La deforestación, la contaminación de cuencas, así como el incesante avance de la frontera agropecuaria, están impactando de manera agresiva sobre el planeta, pero principalmente sobre los territorios rurales, generando un contexto altamente riesgoso para las comunidades, en especial para las y los defensores ambientales.
La criminalización y violencia sobre las personas defensoras ha aumentado en el contexto de pandemia, donde los Estados latinoamericanos parecen solo hacer frente a la crisis económica con la entrada de divisas desde el sector agropecuario y las industrias extractivas, lo que intensifica los conflictos con las comunidades rurales.
Ante esta situación, es urgente visibilizar las luchas y resistencias de las defensoras ambientales, protectoras de los Derechos Humanos que hoy se encuentran en la primera línea de defensa de los territorios frente a múltiples amenazas en toda la región.
V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe
El V Foro “ofrece un espacio único para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros grupos interesados -incluidos los pueblos indígenas, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones internacionales- sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos”, detallan desde la organización. Hoy más que nunca es de vital importancia que los gobiernos, empresas y entidades internacionales reconozcan, y legitimen el rol fundamental que tienen les defensores de bienes naturales y el medio ambiente, para lograr un desarrollo sostenible de nuestras sociedades.
En palabras de defensoras bolivianas, “luchar por el territorio es luchar por la vida” y por eso, en el marco de la V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, evidenciamos estrategias sistemáticas de empresas multinacionales para instalarse en comunidades indígenas y campesinas sin garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada. Por eso seguimos visibilizando y escuchando las voces de defensoras ambientales, exigiendo medidas concretas y puntuales de cuidado y protección por parte de los Estados y organismos internacionales.
Reivindicando el rol fundamental de las mujeres en la defensa del ambiente, y abogando por un adecuado acceso a la justicia ambiental y de género, presentamos relatos en primera persona de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Argentina
Barrio San Antonio, Córdoba Capital
Silvia Cruz, integrante de Vecinos Autoconvocados de Barrio San Antonio y Barrios aledaños, lucha desde 2012 por el cierre y erradicación de una planta de Bioetanol que el Estado decidió instalar al lado de sus casas. “Esta empresa, que tiene casi 3 hectáreas, produce bioetanol a partir de maíz transgénico. Produce y rectifica estos alcoholes al igual que el metanol, y los fracciona, se llama Porta Hnos y produce en esta pandemia, 5 veces más, el famoso alcohol en gel. Esta megaproducción contamina nuestro barrio. Nuestros niños y familias comenzaron a enfermarse en el 2012.
Hicimos estudios y relevamientos sanitarios, que dan cuenta de que muchas de las muertes, muertes súbitas y malformaciones en los niños, son producto de las emanaciones de estos químicos. La planta produce más de 700mil litros de bioetanol diario, las 24 horas del día. El peligro de morir por una catástrofe o por la contaminación ambiental es un hecho. Tenemos pruebas de que la producción de la fermentación de alcoholes y sus derivados, producen daño genético en pruebas de genotoxicidad en niños y jóvenes que se han realizado hace muy poco. Hemos sido y estamos siendo zona de sacrificio. Nos oponemos a ser sacrificados, contaminados, nos oponemos a esto y exigimos el cierre y erradicación de esta empresa de bioetanol.
Departamento Humahuaca, Provincia de Jujuy
Beatriz Débora Sajama, de la comunidad aborigen de Casa Grande, Vizcarra y el Portillo, de El Águila, integra el grupo de mujeres defensoras del hábitat natural de la comunidad. “En nuestro territorio hay una empresa minera que explota metales pesados, como el plomo, la plata, el zinc y sus derivados, hace 90 años. Hemos visto muchas irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y se han empezado a secar espacios de humedales. Esto nos ha llevado a tomar consciencia y trabajar para defender el territorio y cuidar el ambiente.
Hemos hecho gestiones a través de nuestra comunidad para que las mujeres y todos los miembros de la comunidad, puedan participar de los muestreos ambientales que lleva a cabo la empresa con análisis de aire, agua, suelo, flora y fauna. También, hemos tomado la determinación de visitar todo el predio minero y las bocas de minas que ya están abandonadas, para saber si se encuentran cerradas o en condiciones y ver cómo es el espacio de sus alrededores. Por otro lado, hemos solicitado a la empresa las remediaciones correspondientes por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames. Como grupo de mujeres seguimos trabajando para defender el ambiente en nuestro territorio y hacer respetar nuestro derechos humanos”.
Bolivia
Roboré, Provincia Chiquitos, Santa Cruz
María René Picolomini Montero, integrante de Resistencia Tucabaca Cantioca, denuncia la destrucción sistemática de Roboré. Explica que
“nos encontramos amenazados por proyectos mineros que se practicarán a cielo abierto; deforestación causada por privados en relación a decretos ilegales que promueven cambio en el uso del suelo en nombre de la seguridad alimentaria, que favorecen al agronegocio y al extractivismo; la caza y la pesca indiscriminada ponen en grave peligro de extinción a nuestra especie; el turismo desorganizado se ha convertido en otra amenaza exponencial; asentamientos ilegales y dotaciones de tierras interculturales promovida por el Estado; incendios forestales ocasionados por la quema descontrolada de privados o provocados intencionalmente por ilegales, en un afán de venganza contra quienes nos oponemos a esta política irresponsable del Estado.
También, si bien hemos conseguido frenarlos, aún están latentes y nos mantienen en alerta permanente. No importa nuestra integridad física, económica o el desconocimiento de nuestro trabajo, más bien nos criminalizan como defensoras ambientales todo por un bien mayor. Hemos rechazado a empresas mineras pero la lucha en nuestro municipio aún es contra las propias empresas estatales, como la Corporación Minera de Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la autoridad de bosque y tierra”.
Zona Caaguazú, Santa Cruz
Lourdes Miranda Tiguayo, guaraní integrante de CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas), explica: “La defensa es parar o dar de baja el proyecto hidroeléctrico Rositas que está en Santa Cruz, que comprende ocho represas pequeñas que atentan contra la vida de nuestra comunidad y también de la naturaleza. Entonces, hemos venido luchando con un gobierno que ha destapado estos megaproyectos hidroeléctricos que nos afecta a los territorios porque no hay consulta ni consentimiento.
Por otro lado, como territorio guaraní en la zona de Aguaragüe donde las empresas petroleras hacen incursión, han dejado pasivos ambientales, y los hermanos de las comunidades están para que no haya contaminación de las empresas petroleras. Sin embargo, siguen, y hay decretos que ha dejado el gobierno de Evo Morales, donde la empresa tiene toda la potestad de hacer y deshacer con estas comunidades, y eso es lo lamentable. Ahora, reclamamos Justicia, por que es una violación a los derechos humanos atentar contra nuestra vida y cuando contaminan el agua, atentan directamente contra nuestra vida. A estas empresas y estos megaproyectos, el gobierno los protege con una Ley incluso por encima de nuestros derechos como pueblo indígena.
En Aguaragüe, las empresas petroleras están poniendo demandas, procesos legales a los hermanos guaraní por defender sus territorios, sus derechos, por defender que no se le contamine el agua. Cuidamos la vida a través del territorio, queremos pedir ayuda para hacernos escuchar ante estos atropellos que vienen pasando aquí en Bolivia”.
Paraguay
Comunidad Pueblo Qom, Bajo Chaco
Bernarda Pesoa lucha contra los monocultivos industriales de árboles de Eucalipto en su zona, la localidad de Cerrito. Cuenta que “nosotros ya estamos quedando casi sin agua, más allá del Chaco ya está sufriendo sequía. En este territorio nosotros tenemos nuestro pozo por qué es una acción de autogestión de parte nuestro y defendemos mucho el agua y la tierra porque sabemos que las leyes nos amparan. Dentro de una comunidad colectiva ahora, en plena pandemia, no se respetaron los protocolos de las comunidades indígenas, tampoco fue respetada la Ley 904, que no permite el alquiler ni el arrendamiento de tierra, y la Constitución Nacional. Nos disgusta lo que están haciendon, la empresa Fundación Paraguaya especialmente.
Hoy fui a la Fiscalía de medio ambiente, el lunes vamos al Ministerio de medio ambiente a levantar una denuncia y hacer seguimiento de estas actividades porque no somos partícipes de estas actividades, no nos tienen en cuenta. Acá hay muchísimas comunidades, nosotros decimos no a la explotación de tierra para el beneficio de las grandes empresas, sí al medio ambiente sano, sí a la alimentación sana y no queremos eucaliptos en nuestras tierras”.
Colombia
Córdoba, Colombia
Yina Sánchez, que pertenece al GTTC (Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba), dice que “la manera en que la extracción energética ha afectado a las comunidades de Tierradentro es sobre todo, en las fuentes hídricas. Estas fuentes de toda esta zona se han ido secando, por lo tanto hay una fuerte ola de calor y una sequía grande. En este momento, la extracción de carbón está en unos territorios que nunca antes habían hecho esa acción minera”.
Por su parte, Jemina Chica, gobernadora suplente del Cabildo Indígena, explica: “Muy cerca de mi municipio está una de las empresas de Colombia que es Cerro Matoso. Desde ahí me ha tocado ver cómo han ido poco a poco, dañando los ríos, matado peces, dañado el aire. Desafortunadamente he tenido que ver también, muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonía, respiratorias. Estas multinacionales vienen y extraen lo que necesitan y se lo llevan”.
“Se ha presentado una situación con la empresa Urrá, ya que ellos piensan establecer 400 hectáreas de paneles solares para generar energía y venderla. Ahora, sucede que ellos al implementar esta fotovoltaica van a tener que trasladar a las personas que cosechan ahí a otros territorios”, detalla Yamile Esquivel, habitante de Tierralta.
Por último, Agueda Quiñonez, integrante del Pueblo Zenú, denuncia: “Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones del Ministerio de minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño a la vida, al medioambiente. No nos han hecho consultas previas a nosotros como comunidad indígena”.
El avance de la actividad extractiva sobre los territorios genera un contexto altamente riesgoso para las comunidades, donde mujeres y niños y niñas son los más vulnerables. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y/o sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las defensoras ambientales.
Ante este contexto, seguimos en pie de lucha denunciando, articulando, resistiendo, “luchar por el territorio es luchar por la vida”.
Foto de portada: Fundación Plurales
Informe EPU Alternativo de Paraguay
El Examen Periódico Universal (EPU) es un análisis de la situación de los derechos humanos en el mundo del que participan los 193 Estados que son miembros de las Naciones Unidas (ONU). Es una evaluación entre pares, en la que cada cuatro años y medio cada país es analizado por los otros. El EPU fue creado por la Asamblea General de la ONU en 2006 y es el único mecanismo universal de este tipo.
En el Consejo de Derechos Humanos, cada Estado debe presentar un informe de los avances en la materia. Los demás Estados hacen preguntas al país que es evaluado y le realizan observaciones, lo que se conoce como “evaluación de pares”. Luego el análisis de los avances se realiza teniendo en cuenta la información brindada por cada Estado en su informe nacional y la que aportan la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. En una sesión posterior, se adopta el informe final que incluye recomendaciones a cada Estado y los compromisos voluntarios asumidos en el marco de esta evaluación. En los años que transcurren entre una evaluación y la siguiente, un ciclo de 4 años, el Estado debe implementarlos.
En esta oportunidad, Fundación Hugo, de Paraguay, junto a Fundación Plurales finalizó el 3° Informe EPU Alternativo de Paraguay. Documento que está planteado desde las voces de las Mujeres Indígenas y defensoras ambientales, centrado en cuestiones del derecho al agua y al territorio.
Este informe fue construido a partir de talleres participativos y comunitarios, y la utilización de fuentes secundarias, en el marco de distintas iniciativas regionales como el Programa Defensoras Ambientales, el Programa Sedcero, la Alianza Global por el Género y el Clima (GAGGA), y la Plataforma Semiáridos de la International Land Coalition América Latina (ILC LAC). Colaboraron gobiernos locales, comunidades y organizaciones indígenas, Organización de Mujeres Mismo Indígena (OMI), Red de Mujeres Guaraní de Macharety, Santa Teresita y Yvopey, Ayoreas de Campo Loro, Nueva Promesa y Grupo de Mujeres de la comunidad Yakye Axa y Colonia 96.
El pasado lunes 19 de octubre a las 17hs (ARG y PY), en un vivo desde el Instagram de Fundación Plurales, se compartieron todos los detalles de las cifras y datos y cuáles son las recomendaciones que le hacen al Estado de Paraguay.
La Fundación Hugo Daniel Ramírez Osorio es un organismo no gubernamental, autónomo, autogestionario y sin fines de lucro, creado para promover los valores de la justicia social, el respeto y la búsqueda de una sociedad más igualitaria y basada en los principios de la libertad y fraternidad. Fue aprobada por el Decreto presidencial número 5692, en diciembre de 2010.
Promueve la profundización de la democracia, con enfoque de derechos y equidad de género, para el desarrollo participativo y sustentable de los pueblos, comunidades y familias que habitan el Paraguay. A través de tres programas, trabaja a favor de los derechos de las mujeres indígenas, el desarrollo económico con sustentabilidad ambiental y los derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Creemos que las recomendaciones de este informe son un enorme aporte para conocer y mejorar las actuales condiciones de pueblos indígenas, defensoras ambientales, derecho al agua y derecho al territorio en Paraguay.
La nota completa la encontrás en la página de Fundación Plurales
Derechos a la Tierra seguros para hacer frente al Cambio Climático
El acceso seguro a la tierra y la gobernanza de la tierra centrada en las personas son aspectos clave en las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático (CC). Pese a ello, han estado ausentes en las discusiones sobre CC, por lo que se necesitan trazar agendas que permitan poner el foco en el vínculo de estas temáticas.
USO DE LA TIERRA Y CAMBIO CLIMÁTICO
En las últimas décadas, la actividad humana –incluido el uso de la tierra y el agua dulce– se ha incrementado de una forma sin precedentes por el crecimiento poblacional y los cambios en los patrones de consumo, generándose el aumento de gases de efecto invernadero (GEI) que ocasiona el calentamiento del planeta.
La forma en la que se utiliza la tierra impacta directamente en el CC. Algunos aspectos centrales a tener en cuenta de acuerdo al IPCC[1] son: los suelos y sus usos son fuentes de emisiones y, a la vez, colectores de emisiones de GEF, por lo que es necesario prestar atención a su utilización; los ecosistemas terrestres, la biodiversidad y los servicios que estos generan, así como las personas que dependen de estos son sumamente vulnerables al CC; los crecientes impactos biofísicos del CC pueden agudizar procesos que ya están en marcha como la desertificación o la degradación de la tierra.
El impulso de una matriz energética basada en productos agrícolas requiere frecuentemente un uso exclusivo y extensivo de la tierra (monocultivos para biodiesel, etc.), lo que plantea serias presiones sobre la tierra, el agua y otros recursos de las comunidades locales y daños al ecosistema. Otro riesgo asociado a esto último es que la producción agrícola para generar energía compita con la que se dirige a la producción de alimentos.
LAS COMUNIDADES LOCALES SON EXTREMADAMENTE VULNERABLES ANTE EL CC
Las comunidades que dependen de la tierra y los territorios –pueblos indígenas, pequeños agricultores, entre otros – son sumamente vulnerables ante el CC por distintas razones. Los impactos que se generan por las interrelaciones entre las presiones y el CC en las comunidades dependen del tipo de desarrollo que se dé en sus territorios.
Las vulnerabilidades que se derivan de las condiciones socioeconómicas de las comunidades –que pueden ser previas al CC– no solo se agudizan con este, sino que limitan seriamente la capacidad de adaptación de dichas poblaciones.
Un ejemplo es lo que ocurre con las mujeres, quienes deben desplazarse más lejos y trabajar más para acceder el agua durante las sequías generadas por el CC, o el hecho de que los mayores y los niños son más vulnerables a las olas de calor y a las enfermedades asociadas a los cambios producidos por el CC.
DERECHO A LA TENENCIA SEGURA DE LA TIERRA PARA COMUNIDADES FRENTE AL CC
Pese a que el cambio climático está estrechamente vinculado a los derechos a la tenencia segura de la tierra de las personas y colectivos que viven de esta – pueblos indígenas, agricultores/as, entre otros–, es un aspecto que no ha estado presente en las negociaciones y políticas internacionales en la misma medida que otros temas vinculados al medio ambiente y la conservación.
El manejo sostenible de la tierra –que se asocia en gran medida al uso que hacen los pueblos indígenas, los agricultores familiares, entre otros– atiende a múltiples propósitos, incluyendo la reducción de los impactos de distintas perturbaciones como el CC o eventos extremos que van más allá del clima.
La carencia de derechos a la tenencia segura para las comunidades locales generan una serie de consecuencias adversas.
La ausencia de derechos seguros afecta severamente sus vidas en situaciones de riesgo generadas por el CC (por ej. pérdida total de la tierra ante desastres). La carencia de los derechos a la tierra también puede colocar a estas comunidades en situaciones críticas frente al acaparamiento de tierra –y otros recursos- asociados a los monocultivos para generar bionergía.
También hay que considerar que el hecho de que los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques no cuenten con derechos de tenencia seguros puede dar lugar a que estén ausentes en ciertos espacios y en las políticas de mitigación y adaptación; o que se entreguen sus tierras a compañías dedicadas a la producción de biocombustible para medidas de mitigación y adaptación. El escaso o nulo reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra y su exclusión de las acciones para afrontar el cambio climático también contribuye a que se perpetúe la desigualdad y la pobreza que este sector padece.
LA LUCHA DE DEFENSORES DE LA TIERRA BENEFICIA AL PLANETA
Es importante poner en valor el rol que desempañan las comunidades locales en la defensa de la tierra, el agua y los bosques, dado que su lucha beneficia al mundo entero.
En América Latina se cuenta con el Acuerdo de Escazú,de gran relevancia por ser el primer acuerdo regional para proteger los derechos humanos en materia ambiental. Constituye un marco legal e institucional innovador que facilita que los países generen estrategias y soluciones climáticas tomando en cuenta los derechos humanos y de los pueblos indígenas y procesos participativos y democráticos, por lo que su ratificación y puesta en marcha por parte de los Estados es central.
ARQUITECTURA GLOBAL/REGIONAL DEL CC
Las Conferencias de las Partes (COP) son centrales porque permiten denunciar temas específicos y focalizar la atención de los gobiernos y de distintos sectores de la sociedad civil en temas críticos que pueden estar ausentes.
En los últimos años se han incorporado en las convenciones climáticas temas de gran relevancia como el género o los derechos de pueblos indígenas en el abordaje del CC. Un plan de género fue adoptado en la COP 2019 tras una serie de acciones impulsadas en las últimas décadas para que este tema sea cada vez más abordado en estos procesos. De otro lado, en 2015 surgió la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas para facilitar el intercambio de conocimientos tradicionales y el involucramiento de estos en las negociaciones climáticas, tras un trabaja de años del foro internacional de PPII.
PERSPECTIVA A NIVEL GLOBAL DE LA ILC SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y TENENCIA SEGURA DE LA TIERRA
La International Land Coalition tiene en claro el papel central que tiene la tenencia segura de la tierra y la gobernanza de la tierra centrada en las personas en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
El enfoque de la ILC –que se recoge en un brief con orientaciones políticas de próxima publicación– coloca en el centro de la lucha contra el CC a las y los pobladores rurales que viven de la tierra, dejando de lado una visión instrumentalista de estos.
Conscientes de que la cuestión de la tierra es un tema de poder y un punto frágil en las negociaciones internacionales, se plantea la necesidad de identificar en qué etapas de la formulación de políticas referidas al CC debe ser abordada y la relevancia de llevar a la palestra la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales y mujeres en el contexto de cambio climático.
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA DEFINICIÓN DE ACCIONES
Además de lo anterior, existen diversas entradas que se pueden explorar para abordar los derechos a la tierra en el marco del CC. Una puede ser la gobernanza adaptativa como perspectiva para abordar las dimensiones sociales que habilitan y permiten la gestión adaptativa en los territorios.
La gobernanza adaptativa vincula a diferentes actores (organizaciones, agencias e instituciones) de forma similar a una red social, permitiendo que los diversos conocimientos y experiencias (científicos, indígenas y/o locales) generen un entendimiento común que puede dar lugar a políticas en donde la cuestión de la tierra sea abordada en toda su complejidad para hacer frente al CC.
La vinculación entre distintos actores, incluyendo organizaciones sociales y aquellas que trabajan en los territorios, es central para avanzar hacia nuevas fórmulas que permitan una adecuada gestión de estos frente al calentamiento global.
Otro punto a considerar es la necesidad de repensar los sistemas de tenencia y plantearse cuáles podrían ser los sistemas de tenencia adecuados para los distintos territorios, así como retomar la discusión sobre cuáles son los bienes comunes y la supremacía de la propiedad privada como el paradigma.
Es vital poner el valor los conocimientos, el uso y la gestión que hacen los pueblos indígenas de los ecosistemas naturales, teniendo en cuenta que aquellos que son gestionados por estas poblaciones están en mejores condiciones, lo cual ha sido reconocido también por actores internacionales como el IPCC.
Esta nota recoge los resultados del webinar “Cambio Climático y Derechos a la Tierra: elementos clave” organizado por la International Land Coalition ALC el 16 de junio, la primera edición de una serie de tres webinars sobre cambio climático que organiza la coalición en la región dirigido a plataforma regional de miembros de ALC.
Lee la nota completa en la página de la International Land Coalition de América Latina
Arde Córdoba: todo fuego es político
Desde Córdoba, donde el fuego ya arrasó con 300.000 hectáreas de bosques, la periodista y poeta Eloísa Oliva reflexiona sobre la catástrofe socioambiental que vive la provincia, la violencia capitalista que atenta contra la vida y la lucha que emerge desde abajo para frenar el ecocidio.
octubre 19, 2020
“Crecí pensando que la rotura de un caño en Burzaco era más importante que un incendio en mi pueblo”. La estructura elástica de esa frase, ejemplar y sintética, era usada hace años por una amiga para ilustrar algo que hoy se debate desde múltiples movimientos: no estar en los medios es casi no existir. La cuota en la representación, en la agenda, en el debate público. El poder de la macrocefalia mediática en la autopercepción. El relleno de la segunda parte es propio y contextual: 14 provincias arden hoy en Argentina. Entre ellas, Córdoba, donde vivo y donde ya se quemaron 300.000 hectáreas.
La comparación lo deja más claro: en lo que va de 2020, en Córdoba se perdieron casi 20 ciudades de Buenos Aires de monte, 20 ciudades de Buenos Aires de bosques nativos e implantados. Ardieron las laderas de los cerros, el fuego casi se lleva uno de los observatorios astronómicos más antiguos de Argentina. Se vieron imágenes apocalípticas: una vecina tratando de parar las llamas con una cruz de madera; animales lastimados, huyendo despavoridos; bomberos manchados de ceniza, tosiendo, intoxicados.
En un año cruzado por la metáfora de la respiración, del I can´t breath a los pulmones tomados por el COVID-19, ese fuego y esa asfixia no pasan desapercibidos. Imaginemos por un segundo a los enfermos de tuberculosis de antaño en Santa María de Punilla rodeados por las llamas tóxicas. A Alfredo Alcón, en la piel del Juan Carlos de Boquitas pintadas, tosiendo en las terrazas del bello y melancólico hospital. Pero el problema es mucho más grave que el fuego. El problema es qué pasa ahora: con el suelo, el aire y con nosotros, y quién lo decide.
El nombre del mundo es bosque
“El reemplazo de una hectárea de bosque por una de cultivo agrícola libera 51,5 toneladas de carbono a la atmósfera, el equivalente al dióxido de carbono que emiten 40 argentinxs promedio en un año”. El dato está en una nota que hice hace varios años, sobre una investigación del Instituto Multidisplinario de Biología Vegetal (Imbiv/UNC CONICET). Georgina Conti, investigadora del equipo que llevó adelante el estudio, explicaba entonces que “cualquier reducción en la cobertura del bosque implica que el carbono acumulado a lo largo de años se libere, emitiéndolo nuevamente a la atmósfera como dióxido de carbono. Esto implica una pérdida en la capacidad de esos bosques de secuestrar carbono y, así, mitigar el efecto del cambio climático global”.
Otro dato que se mencionaba en esa nota es que los bosques del noroeste cordobés, en conjunto con otros sistemas semiáridos del hemisferio sur, juegan un rol central en la regulación de las variaciones de dióxido de carbono atmosférico a nivel global. Esos mismos bosques que hoy se disiparon en el aire, humo negro, pura ceniza en los pulmones y en la tierra.
Arde Córdoba
La escala de la catástrofe socioambiental y su ausencia de representación mediática fue lo que impulsó a una socióloga y una docente a entablar un diálogo rápido con algunxs conocidxs: “¿Qué podemos hacer para que los medios levanten lo que pasa en Córdoba?”.
Después de dos días de gestión y charla incesante y desordenada por Whatssap, emergió Arde Córdoba, un colectivo autoconvocado con un objetivo inmediato: hacer un “proyectorazo” que llegara a todas partes para saltar el cerco mediático local. Nadie imagina desde afuera de estas tierras lo desolador que es este aislamiento. Y en un verano que no tendrá turismo, no habrá escenas de la “temporada”, ni siquiera hay una imagen que cuidar.
Arde Córdoba se constituyó y se enunció como un colectivo autoconvocado de artistas, investigadores, activistas y ciudadanxs en general. “Un grito comúnque amplifica el ecocidio”, que busca que “se vean las llamas del monte y el dolor de las comunidades”. Su manifiesto resume: “se arrasó con la flora, la fauna; se afectaron suelos, cuencas hídricas, el aire que respiramos. Se destruyeron economías y culturas campesinas. Se perdieron vidas peleando para apagar los incendios. Esta devastación no es natural, es política-económica-financiera y tiene blindaje mediático. El Estado provincial es el principal responsable. Esta devastación busca extinguir la vida, prepara el terreno para el extractivismo inmobiliario, minero y el agronegocio. Pero no permitiremos que esa devastación proponga otro mapa. Vamos a gritar a mil voces y mil veces que esos territorios devastados deben ser cuidados: ¡Donde hay cenizas, habrá monte! ¡Donde hubo incendios, habrá bosques!”
El movimiento espontáneo se cristalizó entonces en varios caminos paralelos y necesarios. Por un lado, y como principal acción, se generó una imagen poderosa que obligó a prestar atención: el fuego sobre los edificios. Hubo proyecciones simultáneas en 17 localidades, entre pueblos serranos, la ciudad de Córdoba, Buenos Aires y Ushuaia.
En esas imágenes, cedidas por artistas que las compartieron en un banco audiovisual colaborativo, se hizo un recuento de lo que perdemos: flora, fauna, economía, cultura, suelos, aire, cuencas. Se señaló responsables, asumiendo una posición política clara: el Estado provincial, operador aliado con el capitalismo más violento, rapaz y necrófilo, el del agronegocio, la ganadería, el negocio inmobiliario y el extractivismo minero.
Y también, se propuso un curso de acción, una perspectiva de futuro, porque esa es la disputa: la propuesta de la restauración ecológica. Porque donde hay cenizas, habrá monte; donde hay incendios, habrá bosques. No emprendimientos inmobiliarios, no nuevas zonas de pastoreo, no campos frescos para soja ni tampoco espacio para dar paso a la explotación minera o a la obra pública monumentalista y sin consulta previa del cordobesismo.
Si el núcleo de la violencia capitalista es destruir el ritmo de la vida, Arde Córdoba se inscribió y se inscribe en esa pelea política por restaurarlo, por preservarlo; por politizar el cuidado. Se entronca en luchas, movimientos y demandas mucho más amplias, a las que les puso una imagen (fugaz pero potente), una escena a la que ni el Congreso de la Nación pudo sustraerse: las llamas en todas partes. Ahora, toca saber si en adelante importarán más esas llamas que la rotura de un caño en Burzaco.
FUENTE: https://latfem.org/arde-cordoba-todo-fuego-es-politico/
Mujeres rurales en defensa del derecho a la tierra y al territorio
“En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorios obliga a las mujeres rurales a ‘poner el cuerpo para resistir’ ante las condiciones de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la criminalización de sus luchas”. Invitamos a Elba Núñez, feminista, abogada y trabajadora social, a escribir sobre la situación de las mujeres rurales hoy en la región.
Por Elba Núñez*
En América Latina, unos 58 millones de mujeres viven en el campo. Sin embargo, solo el 30 por ciento de ellas posee tierras agrícolas y apenas el cinco por ciento (en el mundo) tiene acceso a la asistencia técnica para la producción. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), en la mayoría de los países de la región las mujeres rurales no son dueñas de la tierra y enfrentan mayores obstáculos para acceder a ella, a la tecnología, a los créditos, a los mercados y a la infraestructura.
Con la expansión del extractivismo, se ha incrementado la presión por las tierras y los territorios. Los sectores agroganadero, forestal, minero, hidroeléctrico están causando la deforestación y la contaminación de los suelos y las reservas de agua.
Conforme a los estándares de derechos humanos, ratificados por los estados de la región, los mismos estados están obligados a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales, así como a promover su empoderamiento a fin de garantizar, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el disfrute pleno y equitativo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entre ellas, está incluida la posibilidad de perseguir, participar y beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, político y cultural [1] .
Sin embargo, en las Américas, y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019), la pobreza y la exclusión afectan de manera desproporcionada a las mujeres rurales. Ellas también enfrentan riesgos aumentados de los efectos del cambio climático, como riesgos de salud y seguridad, dado que asumen una mayor carga de trabajos domésticos y de cuidado. Su acceso al agua, a educación y a servicios de salud es limitado, y persisten barreras para su acceso a servicios bancarios, administrativos y de documentación civil.
RELACIÓN INTRÍNSECA CON EL DERECHO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
La profunda desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres de manera diferenciada coloca así obstáculos particulares para el acceso a la tierra y al territorio.
Desde la mirada de las defensoras, ellas mantienen una relación intrínseca: la tierra y el territorio involucran la cultura, la espiritualidad, la educación, los valores e identidades [2]. Por lo tanto, la falta de acceso a este derecho impide la realización de otros derechos.
En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorios obliga a las mujeres rurales a “poner el cuerpo para resistir” ante las condiciones de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la criminalización de sus luchas.
Frente a estos embates, ellas están de pie y resisten. Desarrollan nuevas formas de relacionarse y de tejer solidaridades en los territorios. Las mujeres rurales e indígenas siguen conectadas, intercambian y comparten reflexiones sobre cómo opera el extractivismo; cómo les afecta la mano del patriarcado capitalista, que les quita sus bosques y ríos, y cómo en el contexto de pandemia han visto multiplicadas sus tareas de cuidado.
Las mujeres rurales sufren violencia doméstica y, sin embargo, son pocas las que acuden a los servicios disponibles, según consigna un estudio llevado a cabo en varios países por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La violencia de género y el acceso a la justicia siguen siendo uno de los mayores obstáculos para ellas, así como la falta de respuesta en materia de políticas públicas para asegurar la protección de las víctimas en las comunidades.
En el contexto de la defensa de sus tierras y territorios, las mujeres rurales, indígenas y campesinas están expuestas a situaciones de acoso, amenazas, hostigamiento, desalojo, arresto arbitrario, tortura, difamación y criminalización creciente, ante las escasas políticas efectivas de protección por parte de los estados. Existe un uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones de protesta social, así como estrategias de amedrentamiento dirigidas a que las lideresas desistan de sus luchas, lo cual incrementa su vulnerabilidad, tal como reconoció la propia CIDH [3].
No obstante, vale la pena mencionar que existen algunos avances en la jurisprudencia, que reconocen el vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Por un lado, puede citarse el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas respecto al caso conocido como “Colonia Yerutí”, contra el Estado paraguayo. El caso surge por la presunción de que cuatrocientas personas podrían haber sido víctimas de una intoxicación masiva por uso de agrotóxicos para cultivo de soja, en zonas cercanas a la comunidad. En 2011, ya había muerto un agricultor.
El Dictamen del 20 de septiembre del 2019 insta al Estado paraguayo a realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos en la zona. Dispone, además, la obligación de garantizar la reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados; sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente, y reparar integralmente por el daño sufrido, incluida una indemnización adecuada. Igualmente, dispone que el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.
Por otra parte, en Argentina la sentencia judicial del 5 de febrero de 2020 en el caso “González, Sonia María y otros c/ Municipalidad de Sastre”, marca un hito en la jurisprudencia en la materia. El fallo prohibió aplicar fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos en el radio de 800 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz (provincia de Santa Fe). Sienta así un precedente histórico, dado que admite las evidencias científicas relacionadas a la toxicidad del glifosato, y extiende la protección a toda una comunidad. Igualmente, obliga al municipio a legislar y controlar.
Sin embargo, y más allá de estos valiosos avances citados que las comunidades deben conocer y usar para ampliar y garantizar sus derechos, preocupa la persistencia en el acceso limitado de las mujeres a los derechos fundamentales.
A pesar de su rol en la agricultura, y de que el desarrollo rural, la alimentación, la nutrición y la reducción de la pobreza estén ampliamente reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos, persiste una gran brecha para garantizar la igualdad de género, para que las mujeres gocen de vidas libres de violencias, ciudadanías plenas, y puedan ejercer el derecho humano a la tierra y al territorio en armonía con el medioambiente.
Urge un mejor diseño de políticas públicas, y presupuestos adecuados con enfoque de género para empezar a acortar esas brechas que profundizan las desigualdades que las afectan.
Notas
[1] Naciones Unidas, 2018:7
[2] Memoria Juntas, conectadas y en resistencia. Encuentro de Defensoras Ambientales de Argentina, Bolivia y Paraguay, modalidad virtual. 2020.
[3] Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas.
* Elba Núñez es feminista paraguaya, trabajadora social y abogada. Investigadora. Docente universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), militante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Paraguay).
FUENTE: https://www.mujeresdelsur.org/mujeres-rurales-en-defensa-del-derecho-a-la-tierra-y-al-territorio/
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