INFORME a ONU: “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”.

El 14 de julio, distintas organizaciones de la sociedad civil argentina, coordinadas por la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina presentamos un Informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denominado “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”. 

El  informe “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina” fue presentado como contribución e inclusión de la agenda de Derechos a la Tierra al mecanismo de evaluación al Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) donde Argentina será evaluada por sus pares en enero y febrero del 2023. 

El presente informe fue construido en el marco de investigaciones propias a través de las iniciativas LANDEX, Tierra y ODS, Land Matrix, Programa Defensoras Ambientales, Iniciativa Semiáridos de América Latina y como complemento se utilizaron fuentes secundarias. Cabe mencionar que para su elaboración, las organizaciones de mujeres miembro de ENI tuvieron un rol fundamental: desde el año 2021 están realizando un monitoreo de políticas públicas para el sector campesino e indígena que generó datos significativos para el documento presentado.

Que es el EPU

A través del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento por parte de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

Para examinar a un Estado, el Consejo de Naciones Unidas se basa en:

  1. Un informe nacional preparado por el Estado bajo revisión.
  2. Una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
  3. Un resumen de la información presentada por otras partes interesadas (incluidos los actores de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones regionales), también preparado por el ACNUDH.

La revisión en sí tiene lugar en Ginebra en una sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU, que está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. El examen adopta la forma de un diálogo interactivo entre el Estado objeto de examen y los Estados miembros y observadores del Consejo. Al final de cada revisión, el Grupo de Trabajo adopta un documento final, que posteriormente es considerado y adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en una sesión posterior.

Argentina deberá presentar su informe nacional ante el Grupo de Trabajo del comité entre enero y febrero del 2023. ENI Argentina ha elaborado un informe técnico sobre la situación de los derechos humanos y el acceso a la tierra y los bienes naturales con foco en la  agricultura familiar, campesina e indígena. 

Tierra y Derechos Humanos

Según datos que arroja el informe, en Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares. Sin embargo, ellos producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Mientras tanto, el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

Estas inequidades de acceso a la tierra deben estar en el centro del debate sobre sistemas alimentarios sostenibles y derechos humanos. 

La alta concentración de la tierra,  el uso extractivista de la misma, la predominancia de los monocultivos y el uso de agrotóxicos para garantizar el modelo agroexportador generan graves impactos ecológicos, aumentan los conflictos y amenazas sobre los pequeños agricultores familiares (comunidades campesinas e indígenas), agudizando las desigualdades y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. Situaciones que atentan contra los derechos humanos y contradice pactos internacionales recientes como la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) que buscó poner un freno a los proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas, e impulsar la soberanía alimentaria y reforma agraria para facilitar el acceso equitativo a la tierra y su función social, evitando la concentración.

Argentina es uno de los países de la región –junto con Brasil- más afectados por el acaparamiento de tierras: más del 5,23 % de las tierras de Argentina está en manos de extranjeros, lo que representa 14,7 millones de hectáreas. Es urgente anular el Decreto 829/2016  que va en contra de la Ley de Tierras.

Según los datos obtenidos por el Índice Global de la Gobernanza de la Tierra – LANDEX para Argentina, la deforestación ilegal persiste. Si bien con la Ley de Bosques Nativos se dio una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la pérdida de bosques nativos tuvo como principal causa prácticas ilegales debido a bajos niveles de control, fiscalización y sanciones insuficientes. Y al mismo tiempo, preocupa que en los últimos tres años el presupuesto nacional asignado  a la Ley de Bosques Nativos disminuyó significativamente.

Derechos civiles y políticos

Si bien el informe celebra el paso importante que ha dado Argentina al ratificar el Acuerdo de Escazú, alerta por la situación que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante el Tercer Ciclo del EPU en relación al contexto de criminalización de la protesta social, casos de violaciones del debido proceso y detenciones arbitrarias como un tema sin saldar a la fecha. 

La criminalización, persecución y amenazas que sufren los y las defensoras de los derechos humanos y ambientales por garantizar el derecho a la tierra, el freno a los desmontes, los desalojos de comunidades campesinas e indígenas es una enorme preocupación.

El informe menciona casos concretos de persecución y amenazas de defensores ambientales como los de Lucía Ruiz, Carlos Guerra, Omar Cruz, Antonio Guerra, Yamila Belizán, Rubén Lassaga, Néstor Jerez y Ramona Orellano, entre otros.

Derechos de personas o grupos específicos

La Ley 26.160 sobre Emergencia de la Propiedad Comunitaria, aprobada en el 2006 y que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral, tenía fecha de vencimiento en noviembre del 2021. Luego de un largo proceso de lucha que incluyó marchas, acampes y otras acciones de incidencia, se logró prorrogar el plazo hasta noviembre de 2025 mediante un DNU (Decreto de Necesidad y urgencia) 805/2021DECNU-2021-805-APN-PTE – Ley N° 26.160. Esta es la tercera prórroga desde su aprobación.  De todos modos, el informe deja claro  que este es un paraguas legal provisorio hasta que se apruebe la Ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y cuya aprobación en Diputados es un reclamo de ENI Argentina, las organizaciones que la componen y las comunidades campesinas e indígenas de todo el país.

Derechos económicos, sociales y culturales

En Argentina, 5,3 millones de personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de un millón no lo tiene en el perímetro de su terreno (Censo Nacional 2010). Si se toma el total de la población, más del 13% de los y las argentinas no goza de acceso permanente a este recurso, especialmente en las provincias que integran la región del Gran Chaco (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, entre otras), donde las cifras alcanzan un 41% de hogares sin agua. 

En las comunidades rurales aisladas, este problema implica grandes riesgos a la seguridad alimentaria de las familias debido a que las poblaciones dependen en su mayor medida de la producción familiar, cultivos, cría de animales, y el agua no es accesible para consumo humano ni para la producción. En estos lugares, el agua se paga hasta ocho veces más que en zonas urbanas y hay familias que tienen que caminar seis horas para conseguir agua de fuentes no seguras.

Derechos de grupos específicos

En la última presentación de Argentina ante CEDAW, se observaron en las recomendaciones de Naciones Unidas la incorporación específica del acceso a derechos de las Mujeres Rurales. Si bien Argentina ha dado pasos importantes con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, las políticas nacionales están orientadas a las áreas urbanas y no se incorporan políticas específicas para mujeres rurales, indígenas y campesinas

Acceso al agua, a la salud, a la justicia, a la tierra, violencia de género y falta de conectividad son las problemáticas vitales que relevaron las organizaciones de mujeres miembro de ENI Argentina

NOTA publicada originalmente en www.eniargentina.org